El programa de "paz total" del presidente colombiano, Gustavo Petro, se complicó este lunes tras el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, con la que el Gobierno busca iniciar un diálogo de paz.

El crimen, denunciado el pasado fin de semana por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), tuvo lugar en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, y llevó al Gobierno a suspender de manera parcial la tregua bilateral con el EMC, al que se atribuye la matanza.

"Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad, lo mismo", dijo este lunes Petro a través de un mensaje de Twitter. Horas antes, el dirigente decidió "suspender parcialmente" el alto al fuego bilateral con el EMC, en el que participa el Frente Carolina Ramírez, señalado como responsable del reclutamiento forzado y el asesinato de los cuatro menores.

Según la OPIAC, "los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento" el pasado 17 de mayo fueron asesinados "con armas de fuego" y sus cuerpos fueron hallados este fin de semana en la aldea de El Estrecho (Putumayo). Ante este crimen, considerado por el Gobierno "un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz", se decidió suspender la tregua con el EMC "en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo", que son las principales áreas de operación del grupo. El Ejecutivo anunció que se reactivarán en un plazo de 72 horas "todas las operaciones ofensivas".

"No hay justificación alguna para esta clase de crímenes" que constituyen una "grave violación del Derecho Internacional Humanitario", señaló el Gobierno en un comunicado.

El alto al fuego no se cumple del todo

La estrategia de Petro para alcanzar la "paz total" en Colombia, que tenía una duración prevista de seis meses en los que se trataría de dialogar y acercar posturas con cinco grupos armados ilegales, se puso en marcha el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, esta iniciativa, adoptada para bajar la intensidad al conflicto armado y facilitar los diálogos, no ha funcionado del todo.

De los cinco grupos armados, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó públicamente en enero el alto al fuego bilateral, pese a que desde noviembre pasado negocia la paz con la intermediación de Venezuela, México y Cuba, un proceso en el que ya han saltado las alarmas de crisis en dos ocasiones.

El pasado 20 de marzo, el propio Petro suspendió la tregua con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que es la banda criminal del Clan del Golfo, por instigar a la violencia en una huelga de mineros en el noroeste del país. Ahora, el proceso se suspende parcialmente con el Estado Mayor Central de las antiguas FARC.

De esta forma, la estrategia de paz, vigente inicialmente hasta el 30 de junio, sólo sigue en pie con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las FARC, y con los Paramilitares de Sierra Nevada, que operan en el norte del país. "Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto", añadió el presidente en Twitter.

El gobernador del departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, celebró la decisión. "La paciencia se iba a agotar. La suspensión del alto al fuego con las disidencias no es solo por el vil asesinato de cuatro niños, también por los secuestros, extorsiones y demás acciones delictivas que nunca cesaron", afirmó en su cuenta de Twitter.

La senadora derechista María Fernanda Cabal aprovechó la oportunidad para decir que "el primer responsable de la escalada de la violencia es Petro, que bajo el engaño de la paz total, dejó a Colombia en manos de los terroristas".

La esperanza de negociar

Pese al anuncio de la suspensión de la tregua, el Gobierno de Colombia no pierde la esperanza de sentarse a negociar con el Estado Mayor Central, dirigido por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, un curtido guerrillero que nunca se acogió al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. Los líderes de la otra disidencia, la Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, sí firmaron la paz, aunque tres años después se retiraron alegando incumplimientos de Petro a lo pactado con las FARC.

"El Gobierno colombiano compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos", sostiene el comunicado oficial del Ejecutivo sobre la posibilidad de abrir un proceso de paz con ese grupo. El comienzo de estas conversaciones estaba previsto para el pasado 16 de mayo, según el EMC, pero decidieron postergar la instalación de la mesa para garantizar la participación de organizaciones sociales y otros sectores.

El mismo 16 de mayo el EMC puso en duda su continuidad en el pacto de paz alegando que el Gobierno lo había incumplido con operaciones militares a lo largo del año, matando a diez guerrilleros e hiriendo a otra veintena. Tras la suspensión del alto el fuego bilateral, el Estado Mayor Central respondió que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros".

"Desde nuestra perspectiva, este ha sido el Gobierno menos serio para entablar conversaciones, hasta el punto de que ni se han instalado los mecanismos de verificación de la tregua", sostienen los rebeldes, que pidieron al presidente trazar una política de paz "sin improvisaciones, sin presiones y sin incumplimientos".