La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano archivó la denuncia contra la presidenta, Dina Boluarte, y varios ministros y exministros, por la muerte de manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales a inicios de año. 

El grupo parlamentario declaró la denuncia improcedente con el voto favorable de 11 legisladores, cinco en contra y tres abstenciones.

La congresista de izquierda Ruth Luque denunció a Boluarte junto al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes, al exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola, así como al exministro de Justicia, José Tello.

Luque, en su denuncia, consideró que todos ellos habían incurrido en una infracción de la Constitución, en lo referido a sus atribuciones "en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares".

Los parlamentarios integrantes de la subcomisión consideraron que la denuncia era improcedente dado que "no ha cumplido con el criterio referido a que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal".

Además, subraya que uno de los denunciantes "se encuentra en el supuesto del literal C del articulo 89 del reglamento del Congreso". Dicho artículo sostiene que debe considerarse "si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente".

El antejuicio político es el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios como es el caso de la presidenta y ministros.

En las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022, fallecieron 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe publicado este miércoles la violencia policial registrada en Perú durante estas manifestaciones, y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales".

Además, añadió que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial". Y consideró que la situación podría ser considerada como "una masacre".