La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia en un extenso informe que se produjeron casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú durante las grandes protestas sociales que tuvieron lugar en el país sudamericano entre los meses de diciembre y enero de este año. 

El informe de la CIDH analiza los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno y llega a la conclusión de que se cometieron "graves violaciones" de los derechos humanos. "Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", asegura el organismo, con sede en Washington.

En el caso de Ayacucho, la CIDH sostiene que la violencia en esa localidad debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial", y considera que la situación podría ser considerada como "una masacre".

Ayacucho fue escenario el pasado diciembre de una mortal protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto, lo que provocó que los militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos vídeos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas. Las necropsias mostraron que todas las víctimas murieron por disparos de armas de fuego dirigidos al tórax, al abdomen y a la cabeza. "Dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", recalca la CIDH en su informe.

El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía. "En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas", asegura la CIDH en su informe.

Con todo, el organismo detalló que durante su investigación, que cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero, "la respuesta de las fuerzas estatales [a las protestas] no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos".

"De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo", añade el informe.

La CIDH recomienda a una solución dialogada para salir de esta nueva crisis política en Perú y al Gobierno que pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y resarza de manera completa a las víctimas.

En este sentido, la CIDH pide al Gobierno de Dina Boluarte que investigue estos casos y haga lo posible por reparar a las víctimas.

Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi un millar de heridos y decenas de detenidos.