El pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, dotado con 1,074 billones de euros, que se desbloqueó la semana pasada después de que Hungría y Polonia recibieran garantías sobre cómo se vincularán los fondos al Estado de derecho.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre estas cuentas el pasado 10 de noviembre, pero el paquete presupuestario -junto al plan de recuperación pospandemia- ha estado un mes vetado por el rechazo de Budapest y Varsovia a que el desembolso del dinero se vinculara al Estado de derecho, tal y como habían acordado los Veintisiete con la Eurocámara.

Finalmente, estos dos países pactaron la semana pasada con la presidencia alemana del Consejo una declaración con algunas garantías sobre la aplicación de este mecanismo, que en cualquier caso no modifican el contenido de la regulación: permitirá por primera vez congelar las ayudas europeas cuando un país viole el Estado de Derecho.

Esta declaración interpretativa desbloquea tanto el presupuesto europeo de 1,074 billones de euros como el fondo pospandemia de 750.000 millones de euros, si bien este segundo no requiere la aprobación del Parlamento Europeo.

Los diputados aprobaron este miércoles el presupuesto con 548 votos a favor, 81 en contra y 66 abstenciones, en una regulación que incluye también una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios para alimentar el presupuesto de la UE.

Un nuevo paso para las ayudas del fondo de recuperación

La aprobación parlamentaria del llamado marco financiero plurianual junto a la decisión de recursos propios allana el camino para que los países inicien la ratificación en sus parlamentos nacionales de la legislación que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda para financiar el fondo de reconstrucción.

De esos 750.000 millones a España le corresponden en torno a 140.000 millones, aunque Bruselas calcula que este dinero no llegará a los países hasta al menos junio de 2021 porque, una vez ratificado el fondo, tendrá que emitir la deuda para financiarlo y aprobar los planes de recuperación nacionales.

Tras dos meses de largas negociaciones entre la presidencia alemana del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo, el acuerdo final contempla varios incrementos frente a las cifras que habían consensuado los Estados miembros en su histórica cumbre del mes de julio.

En concreto, se trata de aumentos de 16.000 millones de euros para programas como el Erasmus + (2.200 millones más), el de ciencia e investigación Horizonte (4.000 millones), los de gestión de fronteras (1.500 millones) o el programa de salud Health4EU (600 millones), entre otros.

El incremento, reclamado por el Parlamento para engrosar programas que consideran clave, se queda por debajo de los 39.000 millones que pedían en su última propuesta, pero es superior a los cerca de 10.000 millones que había ofrecido el Consejo (los países) inicialmente.

El grueso del aumento, unos 11.000 millones, saldrá de las multas que impone Bruselas por infracciones a la competencia y el resto de reasignación de fondos durante el periodo y de aprovechar márgenes en ciertas partidas, con lo que el techo de gasto presupuestario se mantiene en 1,074 billones de euros como pedía el Consejo, que era muy reticente a retocar este tope.

Luz verde también al mecanismo de Estado de derecho

En un voto en paralelo, los eurodiputados validaron también la regulación que vinculará el desembolso de fondos al cumplimiento de los valores del Estado de derecho, que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país si se producen violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto comunitario, si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los Veintisiete.

Las aclaraciones para levantar el veto de Budapest y Varsovia señalan que este mecanismo solo se usará para penalizar violaciones del Estado de derecho que conciernan al presupuesto y si no hay otros mecanismos más efectivos, y que si un país pide la anulación de esta regulación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer medidas contra los potenciales infractores hasta que haya una sentencia judicial.

Este punto generó inquietud en algunos socios, en particular Países Bajos, pero los servicios jurídicos del Consejo confirmaron que el texto se ajusta a los tratados europeos, con lo que los líderes dieron su visto bueno unánime.

Mantienen su preocupación los eurodiputados, que tienen previsto aprobar mañana una resolución para pedir a la Comisión Europea que sea "completamente independiente" a la hora de vigilar el cumplimiento de estos valores y no retrase su entrada en vigor.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido que la Comisión "siempre actuará de forma independiente, con el máximo respeto a la ley y con la máxima objetividad".