A una semana de que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido resuelva la solicitud de extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la Cámara de Representantes de Australia ha instado a la justicia norteamericana e inglesa que permitan a su ciudadano retornar a Australia.

La iniciativa ha sido apoyada por 86 de los 151 parlamentarios que conforman la cámara baja australiana, incluido el líder del Partido Laborista y primer ministro australiano, Anthony Albanese, así como de todo su gabinete. Pero también, diputados de Los Verdes e independientes como Andrew Wilkie, quien en su momento se opuso firmemente a la Guerra de Irak, en la que se cometieron algunos de los crímenes más tarde destapados por WikiLeaks.

Han votado en contra otros 42 parlamentarios, entre los que se encontraban los diputados conservadores del Partido Liberal, encabezados por el líder de la oposición, Peter Dutton. De esta decisión se ha desvinculado la diputada Bridget Archer, representante liberal de la División de Bass del Estado de Tasmania.

Según ha informado ABC News, tras la votación Andrew Wilkie ha declarado que la aprobación de la moción resulta "la mayor demostración hasta la fecha de que el encarcelamiento del señor Assange es injusto, y demuestra una vez más el amplio apoyo que recibe en los pasillos de la Cámara del Parlamento. Estados Unidos debe reconocer el peso del apoyo político de Australia y abandonar el proceso de extradición".

El Ejecutivo australiano ha reforzado en los últimos meses su apoyo a Assange y su rechazo a la extradición del periodista. En septiembre del pasado año, una delegación de varios miembros del Partido Laborista y otros políticos de la oposición viajaron a Estados Unidos para reunirse con funcionarios y congresistas estadounidenses y discutir sobre la situación de Assange. A su vez, el viaje destacó la dimensión diplomática del conflicto judicial.

El viaje se había anunciado semanas antes en una carta en la que un total de 64 congresistas y senadores australianos mostraron su apoyo al periodista australiano.

Un apoyo que se extiende más allá de las fronteras del país natal del periodista. Uno de los mandatarios que con más contundencia se ha manifestado a favor de la libertad de Assange ha sido el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien aprovechó el discurso de apertura de la 78º Asamblea de las Naciones Unidas para recordar la importancia de "proteger la libertad de prensa" y manifestarse en contra de las acusaciones contra Assange por "informar a la sociedad de manera transparente y legítima".

También Xiomara Castro, presidenta de Honduras, exigió en su discurso la liberación de Julian Assange, a quien definió como "fiel defensor de la libre expresión".

En 2010, WikiLeaks sacó a la luz una serie de informaciones que evidenciaron, entre otras cuestiones, los crímenes cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. Por la publicación de estas informaciones, la justicia americana acusó a Assange de 18 delitos contra la seguridad nacional y espionaje. Por todos ellos, el periodista de 52 años, se enfrenta a 175 años de prisión.

Los próximos días 20 y 21 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido resolverá el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Assange contra la decisión de la justicia británica de extraditar al periodista a EEUU, donde sería juzgado. Esta es la última carta en instancias nacionales que le queda por jugar al fundador de WikiLeaks para evitar la extradición. La próxima parada sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Assange se encuentra desde el año 2019 en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido), sometido a un estricto régimen de visitas. Tanto la defensa, como los familiares de Assange, así como la propia relatora de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards consideran que las duras condiciones del encierro rozan la tortura y están llevando al límite la salud mental y física de Assange. Por ello, alertan de que la extradición podría aumentar el riesgo de suicidio del periodista.