La semana arrancó con Alemania imponiendo controles en todas sus fronteras. Avanzó con la petición de Países Bajos de retirarse del Pacto de Asilo Europeo. Y enfrenta su recta final con las elecciones del domingo de Brandenburgo, donde Alternativa por Alemania (AfD) podría arrebatar el reinado socialdemócrata que ha imperado en este lander germano desde la reunificación.

El gobierno neerlandés liderado por el conservador Dick Schoof en coalición con la extrema derecha de Geert Wilders envió el miércoles una carta a la Comisión Europea pidiendo una cláusula de exclusión voluntaria a las normas comunitarias de migración y asilo. Se trata de un movimiento inédito en un país fundador. Marjolein Faber, la ministra responsable de Migración perteneciente al partido PVV de Wilders, ha dejado claro que perseguirá a toda persona que "abuse de la hospitalidad" neerlandesa y ha asegurado que su objetivo es que su país no resulte atractivo para las personas migrantes.

En principio, esta solicitud para no aplicar las reglas europeas es un brindis al sol. El Pacto de Migración y Asilo, firmado el año pasado bajo la Presidencia española del Consejo, es vinculante. De cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros, también para Países Bajos, que votó a su favor en su momento. Una exención como tal requeriría un cambio en los Tratados, algo que no se concibe, al menos, en el corto plazo.

A pesar de la gravedad de la amenaza, la Comisión Europea se mantiene de perfil. Preguntada por ello, la portavoz Anitta Hipper se ha limitado a señalar que Bruselas "no espera ningún cambio inmediato sobre las normas europeas de migración y asilo". El Pacto migratorio debe entrar en vigor en 2026. Fue producto de unas negociaciones muy duras que se prolongaron durante años y dejaron un acuerdo muy criticado por las ONG de derechos humanos.

Tras su entrada en vigor, el procedimiento de asilo en suelo comunitario quedaría así. Las personas que llegan a las fronteras externas –sin excepción para familias o menores- serán sometidas a un sistema de identificación y control, con registro de datos biométricos, a través de Eurodac. Si no cumple con los requisitos para pedir asilo, será enviada de vuelta. Si tiene derecho a la protección internacional, el país al que ha llegado evaluará si tramitar su caso o enviarlo a otro Estado miembro teniendo en cuenta situaciones como cualificaciones o reunificación familiar. Proceso que se tramita en frontera. Algunas de las denuncias de las ONG es que nacionales procedentes de países como Túnez o Bangladesh –que cuentan con alto grado de rechazo- podrán quedar detenidos sin la oportunidad de pedir asilo, un derecho universal.

Otra de las sombras es que el acuerdo fomenta los acuerdos y los retornos a países terceros, aunque no emite una definición clara sobre ello. Quince países europeos quieren ir más lejos externalizando el proceso de asilo, algo que ya hace la Italia de Giorgia Meloni enviando a los refugiados y solicitantes a Albania. Esta semana, el líder del PP, Alberto Núñéz-Feijóo, ha visitado a la primera ministra transalpina alabando su gestión de la política migratoria.

Orbán, beneficiado

El movimiento de La Haya deja consecuencias en el corto y medio plazo. Por un lado, tensa todavía más el espacio Schengen, sometido a gran estrés con los cada vez más normalizados controles en las fronteras internas que asfixian la libre circulación de personas y bienes. Y por el otro da más alas a una extrema derecha que se hace fuerte en Bruselas y en las capitales y que atraviesa su mejor momento de forma desde la Segunda Guerra Mundial vinculando inmigración y seguridad y haciendo del discurso xenófobo su principal máquina de votos.

Hungría ha aprovechado el impulso de esta ola. Comienza a no estar aislada en la mesa del Consejo Europeo. Sus políticas, no hace tanto tiempo controvertidas, son progresivamente compartidas por otras capitales. "¡Por fin un gobierno valiente! ¿Dónde puede inscribirse Hungría? #NoMigration", escribió de inmediato Víktor Orbán, a través de X. Unos días antes, en la misma red social recibía con un irónico "Bienvenido al club" al socialdemócrata alemán Olaf Scholz, que acaba de anunciar la extensión de controles a lo largo de los cerca de 4.000 kilómetros de frontera germana.

A su paso por Estrasburgo, el ministro magiar de Asuntos Europeos Janos Boka confirmó que Budapest se unirá al paso ya adelantado por Países Bajos alegando que "unos controles nacionales más fuertes sobre la inmigración son controles cruciales para mantener el servicio público y proteger la soberanía".

Todo llega en medio de un (nuevo) choque de trenes entre Budapest y Bruselas por la resistencia de Orbán a pagar la multa de 200 millones de euros que le ha impuesto la Justicia europea por detener de forma ilegal a solicitantes de asilo y violar sus derechos. El líder del Fidesz ha respondido con amenazas de enviar autobuses de inmigrantes desde la frontera serbio-húngara hasta la capital comunitaria.