Las organizaciones humanitarias denuncian un recrudecimiento de las políticas restrictivas contra la entrada de extranjeros en la UE. Ya Miguel Urban, eurodiputado de Anticapitalistas, se refirió recientemente al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en 2026, como una forma más de necropolítica, "un pacto de la vergüenza y de muerte" que conduce "a la criminalización de las ONG de búsqueda y rescate en el mar".

Desde la Plataforma de Cooperación para Migrantes Sin Documentación (PICUM) alertaban desde hace tiempo de que el escrito materializará, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de procesos acelerados de deportación y el desamparo legal de los migrantes en los procedimientos administrativos en las fronteras. 

​Este pacto, que fue apoyado por conservadores, socialdemócratas y liberales y rechazado por la Izquierda y los Verdes en la Eurocámara, introduce toda una serie de normas y mecanismos que incurren sistemáticamente en la vulneración de los derechos humanos. Así lo pone de manifiesto el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Pacto Europeo de Migración y Asilo. Retos y amenazas para los derechos humanos, que recoge el análisis de esta organización sobre el futuro de la migración y el asilo en la UE en función de las políticas europeas actuales. 

El objetivo prioritario del pacto es, según el CEAR, impedir que las personas lleguen a Europa y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible. Además, el enfoque securitario y tendente a la externalización de las fronteras a terceros países que no respetan los derechos humanos obliga a los solicitantes de asilo, refugiados y apátridas a arriesgar la vida en viajes cada vez más peligrosos. A esto se suma el uso excesivo de la detención (que debería ser la última ratio) en las fronteras. "Las personas solicitantes de asilo podrán ser detenidas con motivo de su traslado a otro Estado miembro responsable en caso de riesgo de fuga y, como novedad, si representan un peligro para la seguridad nacional y el orden público". subraya el informe. 

Ahora bien, a juicio de múltiples organizaciones y entidades no gubernamentales, el pacto tan solo enmarca dentro de la legalidad todas aquellos procedimientos y formas de trato deshumanizantes que las instituciones europeas llevan ya años cometiendo contra los migrantes: los denominados pushbacks (o devoluciones en caliente), las detenciones ilegales y la separación de madres e hijos en los CIE, por ejemplo, que ya existían desde hace décadas.

El acuerdo migratorio no introduce per se nuevas normas contrarias a los derechos humanos, aunque sí convierte en legales las preexistentes: "El Pacto Europeo lo único que ha refrendado es una política que lleva ejecutándose desde hace mínimo diez años", asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de porCausa, fundación dedicada al periodismo y a la investigación de migraciones. "En el momento en el que los pushbacks se consideran legítimas en la valla de Melilla, o las devoluciones entre Bielorusia y Polonia, ya has construido implícitamente el Pacto Migratorio Europeo", sostiene en conversación con Público.

Por este motivo, alega, el problema que surge con el pacto es que ahora existe "un texto que confirma que las devoluciones en caliente, por ejemplo, ya no son ilegales. Hasta ahora las organizaciones tenían un espacio donde les quedaba un resquicio de esperanza, porque las violaciones de derechos humanos podían llevarse ante los tribunales y lucharse, pero ya no", apunta.

La opacidad institucional frente a las muertes de migrantes

El pacto ha potenciado el ocultamiento de graves violaciones de derechos humanos no sólo en el Mediterráneo y en las fronteras, sino en aquellos espacios dedicados específicamente al internamiento de migrantes, como los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o los campos de refugiados. A mediados del pasado mes de junio, Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranee publicaban un comunicado en el que se anunciaba el hallazgo de al menos 17 cadáveres  en el Mediterráneo central. La noticia apenas tuvo repercusión mediática y la tragedia fue prácticamente desconocida fuera del ámbito de las ONG humanitarias.

Las organizaciones que contribuyeron con sus operativos de búsqueda  a encontrar los cuerpos, MSF, SOS Méditerranee y Sea Watch, protestaron en el mismo comunicado contra la "hipocresía" y la "inacción" de los gobiernos europeos. Según estas ONG de rescate, los Estados de la UE hacen lo imposible por que se desconozca el alcance real de las implicaciones de un pacto que impide la entrada en el territorio a quienes huyen de zonas en conflicto.

El alcance de esta política del silencio alcanzó su punto álgido cuando la ENAC, autoridad italiana de aviación, intentó en varias ocasiones prohibir los vuelos de observación de Sea-Watch, con el fin de impedir el registro de más muertes en el mar y que éstas se hagan públicas, tal y como defienden desde MSF. 

La suerte que corren en los CIE las personas extranjeras no es mucho mayor: en estos centros de internamiento, tal y como han denunciado repetidamente las entidades de protección de personas migrantes, las palizas, torturas, vejaciones y otras muchas formas de violencia racista institucionalizada se suceden diariamente dada la opacidad que reina tras sus muros. Lucila Rodríguez-Alarcón, de porCausa, atribuye esta realidad a "una estructura social en la que se considera que esas personas, por venir fuera, por ser negras, árabes y por desconocer el idioma y tener una cultura diferente a la europea, son despreciables". 

Con el nuevo pacto, sostiene Rodríguez-Alarcón, "la Policía que trabaja en los CIE puede encarcelar a chavales a partir de los seis años, meterles en centros donde no están segregados y todo ello con total impunidad". Actualmente, la negación a los migrantes de su derecho a la asistencia letrada, junto con los abusos policiales y los engaños que sufren debido a su barrera idiomática se suceden habitualmente en estos centros.

Un pacto que alimenta el odio hacia el extranjero

Esta estrategia de gestión migratoria, a juicio de las organizaciones, impulsada desde la derecha y ultraderecha xenófobas en Europa, contribuye al perfilamiento de una imagen criminalizante del migrante o refugiado y crea una alarma social ya que el pacto posibilita la detención y expulsión de estas personas sin ninguna garantía legal previa, ya que no establece la obligatoriedad de motivar esa decisión.

Como aclaran desde la organización para refugiados Open Cultural Center, que trabaja tanto en Barcelona como en el norte de Grecia, "el pacto contribuye a una percepción negativa de los migrantes dentro de los estados miembros de la UE al presentar a quienes migran como una amenaza y al enfatizar la necesidad de fortalecer las fronteras", explican en un artículo publicado en su página web. 

Además, añaden, "estos acuerdos alimentan la ansiedad pública y contribuyen al surgimiento de movimientos populistas y de extrema derecha como Vox en España o el RN (Rassemblement national o, en castellano, Agrupación Nacional) en Francia". Esto plantea, desde el ámbito de las organizaciones internacionales, serias preocupaciones éticas, legales y humanitarias. 

Para Rodríguez-Alarcón, la confección de un imaginario colectivo en el que el migrante es un potencial delincuente va ligado a la islamofobia generalizada y prácticamente, según ella, avivada por EEUU para lograr sus pretensiones imperialistas: "Es como uno de los ejes de continuación de ese concepto de tu vecino te puede matar, lo que hunde sus raíces en el 11S, momento en que Estados Unidos comienza su narrativa de que la otredad te puede matar, refiriéndose específicamente al migrante islámico, que te va a atacar y viene a quitarte lo que has conseguido con tu trabajo". Actualmente, la mayor parte de las personas que migran a Europa proceden de países como Siria, Afganistán, Palestina, Marruecos o Libia.

Pero el odio hacia el migrante que promueve este pacto nace también, asegura, "de la soledad ante la pérdida progresiva de los tejidos sociales, porque el odio compartido crea sensación de comunidad, basta con que odies a la misma persona y ya dispones de puntos de encuentro con otros". Además, tras el lanzamiento del pacto y el consecuente auge del discurso antiinmigración esgrimido desde los partidos fascistas, ha habido un aumento de los relatos que reivindican la llamada "Europa fortaleza".

Esta narrativa del peligro social ha servido durante años para justificar la actividad ilícita de la Guardia Costera Griega (FRONTEX). Según ha podido confirmar la BBC a partir de una investigación periodística sobre esta institución, las prácticas de la guardia costera griega han causado al menos 40 víctimas mortales en el Mediterráneo en los últimos años.

Nueve de estas personas fueron arrojadas directamente al mar tras ser golpeadas, todo ello con el fin de evitar que llegaran a las costas del Egeo. Solo este año han muerto en el Mediterráneo más de 1.098 personas, de las cuales la mayoría se corresponden a la zona central, que conecta los países del norte de África con Italia, como respaldan los datos de Missing Migrants OIM. Desde 2014, se han registrado más de 30.000 personas desaparecidas en el Mediterráneo.