El periodista Pablo González lleva en prisión más tiempo que los días que componen un curso escolar en España; el mismo tiempo que permaneció en la Estación Espacial Internacional la astronauta Samntga Cistoforetti, que ostenta el récord femenino de permanencia en el espacio. 200 días dan para mucho, pero no ha sido tiempo suficiente para que los tribunales polacos presenten públicamente pruebas contra el reportero.

El tribunal regional de Przemyśl, desde donde se investiga el caso de González, ha prolongado ya dos veces la prisión provisional del periodista sin haber comunicado cuáles son las pruebas que tiene en su contra. Desde que fuera detenido el pasado 28 de febrero, el único detalle que ha trascendido es que la justicia polaca lo acusa de espionaje. Nada más.

El caso de Pablo González ha atravesado múltiples escollos desde el inicio. Nada más ser detenido, pasó a disposición judicial, que fue quien decretó su entrada en prisión, sin estar asistido por un abogado. Cuando el consulado español contactó con él, el reportero tenía una abogada de oficio que dimitió a los pocos días. Ahora ya cuenta con un abogado en Polonia, Bartosz Rogala, pero la ley polaca no le permite hablar de los detalles del caso.

Pero hay más. Existe otro problema con la ley polaca. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés), una ONG que vigila la situación de los derechos humanos en Polonia, ha denunciado en varias ocasiones que el país cuenta con una legislación que permite extender la prisión provisional muy por encima de lo que está establecido en otros países de la Unión Europea.

En 2017, esta ONG presentó un escrito al Tribunal de Apelación de Varsovia denunciando un caso en el que la prisión preventiva de un reo se había prolongado durante casi ocho años. Michal, un hombre que había sido detenido en mayo de 2009, vio cómo la justicia polaca prolongó hasta 29 veces su prisión provisional.

Y eso también está afectando a la situación de Pablo González. El tribunal polaco que se encarga del caso del periodista ya ha prolongado en dos ocasiones la prisión provisional a petición de la fiscalía. Estas prórrogas se han ido concediendo por periodos de tres meses y el actual expira en octubre. Rogala ha asegurado a Público que es de esperar que la fiscalía solicite nuevamente que se prolongue la prisión provisional. Y este proceso tampoco tiene un fin claro en la legislación polaca. Como demuestra el caso denunciado por la Fundación Helsinki, no hay establecido un límite claro a esta medida provisional.

Sin comunicación con su familia y solo en la cárcel

En estos 200 días, Pablo González ha conseguido intercambiar cinco cartas con su familia en España, tal y como denunció la madre de sus tres hijos menores de edad, Oihana Goiriena. Las cartas llegan con retraso porque las autoridades polacas obligan a que sean traducidas antes de que lleguen a manos del periodista. Es decir, todas las cartas salen y entran del centro penitenciario abiertas.

Los contactos con el exterior también son contados. Las únicas visitas que ha podido recibir en este tiempo son las del cónsul español en Varsovia, Eduardo Merino de Mena, y las de su abogado polaco, Bartosz Rogala. Estas son las únicas dos personas con las que Pablo González mantiene encuentros presenciales, tal y como denuncian desde su entorno.

En la cárcel de Radom solo tiene contacto con los funcionarios de la prisión. Al inicio del arresto en este centro, González contaba con un compañero de celda. Pero poco después de que la primera prórroga fuera aprobada por el tribunal, el periodista español pasó a estar solo en su celda.

La vigilancia a la que está sometido es total. Entre cámaras y la supervisión de los propios funcionarios, Pablo González "está monitorizado las 24 horas del día, los siete días de la semana", comentan fuentes próximas al caso.

El entorno del periodista ha denunciado estas condiciones en prisión y los continuos cacheos y controles a los que es sometido a diario. Esta información también se le ha trasladado al cónsul español para que la embajada esté informada de la situación en la que se encuentra el reportero.

A pesar de las condiciones en la que se encuentra Pablo González, de la falta de garantías que ofrece la justicia polaca que abusa de la prisión provisional y de que no han trascendido las pruebas con las que se acusa al periodista el Gobierno español se pone de perfil ante el caso.

El pasado 5 de septiembre, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue el último miembro del Gobierno en hablar del caso después de que le preguntara el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta. "Lo que es importante es que tenga acceso a sus abogados y a una defensa justa y eso está siendo así", aseguró el ministro, a pesar de que González lleva siete meses a la espera de juicio y sin que hayan trascendido las pruebas que existen en su contra.

Han pasado 200 días desde que Pablo González fuera detenido en Polonia y, a día de hoy, la sociedad española sabe prácticamente lo mismo que aquel 28 de febrero: un periodista español permanece en una cárcel polaca sin que se conozcan las pruebas en su contra y sin que haya tenido un juicio justo.