Cada uno a su manera, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, han vivido una semana en la que han tenido que vérselas con las leyes. En el marco de una operación del Departamento de Justicia, Trump, que se sospecha que guarda documentos reservados, sufrió el pasado lunes un registro judicial en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y un día más tarde fue llamado a declarar en Nueva York en el marco de otro caso que investiga si ha manipulado el valor de sus negocios en ese estado para obtener fraudulentos beneficios fiscales. Mientras que Trump se las veía con la ley cara a cara, el presidente Joe Biden se las ha tenido que ver también con las leyes, pero desde otra perspectiva muy diferente: desde detrás de su mesa en el despacho oval, es decir, firmándolas, o viendo cómo las aprobaba el Congreso. La operación judicial contra Trump ha tapado que Biden ha concluido con la semana de impulso legislativo más potente que se recuerda en muchos años, especialmente entre los presidentes demócratas. Y sólo lleva 19 meses en la Casa Blanca. 

En cuanto a Trump, el frente legal que abre la investigación del Departamento de Justicia sobre la presunta tenencia ilegal de documentos reservados (que según el Washington Post tienen que ver con armamento nuclear), abre un escenario desconocido en la historia de Estados Unidos: qué pasaría si el expresidente es finalmente condenado. ¿Impediría esto que se presentase, como no deja él mismo de sugerir, como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024?

Tres leyes federales podrían aplicarse al caso de Trump, las tres de ellas contemplan penas máximas de prisión de entre tres a diez años. En Estados Unidos, los juristas apuntan a que la norma que se aplicaría en este caso es la Ley de Registros Presidenciales, aprobada en 1978 precisamente después de un litigio contra Richard Nixon para que liberara documentación presidencial relacionada con el caso Watergate (en concreto, las famosas cintas de la Casa Blanca).

Esta ley contempla penas de hasta tres años de prisión. En cualquier caso, Trump, de ser condenado, podría serlo también a una multa, según dicha norma. Sin embargo, se trataría de una condena criminal, puesto que éste es un caso penal, y según al menos una normativa nacional, una pena de este tipo inhabilita para ejercer cualquier cargo federal, como, de hecho, ser presidente del país.

Pese a todo, muchos juristas en Estados Unidos no lo ven tan claro y creen que Trump tiene margen para dar la batalla legal. El hueco principal por el que entrarían sus recursos es que es la Constitución la que regula explícitamente quién puede ser o no presidente y para ello sólo establece tres requisitos: ser un ciudadano norteamericano nacido en Estados Unidos, tener más de 35 años y llevar al menos 14 años residiendo en el país. Así que la Carta Magna nada dice sobre los condenados penalmente, puede que porque los padres fundadores que redactaron la Constitución lo consideraran obvio.

Ante esta situación, si Trump fuera condenado se da por hecho que el expresidente plantearía, como hace siempre, la batalla legal, un pleito que, dada la envergadura del caso y dado que tiene que ver con las elecciones a presidente e implica a un expresidente, bien lo podría resolver el Tribunal Supremo de país, cuya composición es de supermayoría conservadora por seis jueces a tres, después de que tres de esos magistrados fueran nombrados en los cuatro años que Trump estuvo en la Casa Blanca. Es el mismo tribunal que en junio tumbó el derecho al aborto como derecho reconocido por la Constitución de Estados Unidos, lo que ha abierto la puerta a la posibilidad de prohibir esta práctica en los estados. De manera que esta composición del Tribunal Supremo no sería en absoluto desalentadora para el expresidente llegado el caso.

La semana fantástica de Biden

Todo esto ha sucedido en acaso la semana más exitosa de Joe Biden desde que tomó posesión como presidente el 20 de enero de 2021, hace apenas 19 meses. Sobre todo, por lo imprevisto del éxito legislativo. En los últimos días, el presidente ha aprobado dos leyes de envergadura y ha visto cómo el domingo 7 de agosto los demócratas sacaban adelante en el Senado la norma que se espera que sea la piedra angular de su mandato, la llamada Ley de Reducción de la Inflación, si bien su contenido es mucho más ambicioso.

Y todo ello con el país recuperándose de la inflación y con el mejor dato de paro en 50 años. Unos argumentos que pueden marcar la diferencia en las elecciones legislativas que tendrá el país en noviembre, dentro de menos de cien días. En esos comicios se renovará al completo la Cámara de los Representantes y parte del Senado. La mayoría de las encuestas han apuntado en los últimos meses a que los demócratas perderían la mayoría simple que tienen en el Senado y tendrían muchas opciones de perder también la mayoría en la cámara baja. Con el giro de los acontecimientos de esta semana, el escenario que se abre puede ser muy diferente.

La llamada Ley de Reducción de la Inflación, de 700.000 millones de dólares, es una versión reducida de la propuesta inicial de la Ley Reconstruir Mejor, con la que Biden llegó a la Casa Blanca y que contemplaba 2,2 billones de dólares. Los demócratas, que tienen una mayoría reducida en el Senado, han tenido que limar la ley para sacarla adelante, pero aun así, la norma finalmente aprobada contempla una subida de impuestos a las grandes corporaciones que incrementará notablemente los ingresos federales, aumenta la cartera de prestaciones cubiertos por el seguro médico público de salud y plantea más de 300.000 millones de dólares en inversión en energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Diez días antes de aprobarse esta norma en el Senado, los demócratas y Biden daban la batalla por perdida y la consideraban muerta.

Esto sucedió el domingo. El lunes fue el registro del FBI en la residencia de Donald Trump, un acontecimiento que taparía el resto de buenas noticias que llegaron para Biden esta semana. El martes, el presidente firmó una ley para mejorar la cobertura sanitaria para los millones de veteranos del ejército que hay en el país. Es una ley que tiene un componente personal muy fuerte para Biden. Su hijo Beau Biden, que estuvo desplegado en Irak, murió en 2015 a los 46 años de un cáncer de cerebro. Beau Biden no pudo hacer frente a las facturas médicas del tratamiento y, como reveló el actual presidente hace unos años, sólo pudo pagar esas facturas médicas y evitar que su hijo o él mismo tuvieran que vender su casa, después de que Barack Obama les ofreciera ayuda financiera. Con la ley firmada por Biden el martes, el seguro médico federal cubrirá los gastos de ese tipo de tratamientos médicos.

No acabó ahí la semana de Biden. El miércoles firmó la llamada Ley CHIP. Es una norma de fomento de la producción industrial, especialmente en el campo de los chips y los materiales superconductores. El año pasado en Estados Unidos hubo escasez de vehículos en venta (lo que subió mucho el precio de los mismos) debido a que la mayoría de estos chips se fabrican en China y hubo problemas en la cadena de distribución mundial. La actual ley busca que estos chips se produzcan en Estados Unidos por empresas norteamericanas, lo que revitalizará ciertas zonas industriales del país y creará, confía la Casa Blanca, millones de empleos. Según dijo el propio Biden en un tuit, la Ley CHIP "creará un millón de puestos de trabajo en seis años y sólo en el sector de la construcción debido a las instalaciones que tendrán que construirse para fabricar estos chips".

Hasta esta semana, Biden sólo había firmado en meses tres leyes de calado. Una, al poco de entrar en la Casa Blanca, el llamado Plan de Rescate de Estados Unidos, una norma que implicaba 1,9 billones de dólares y que estaba fundamentalmente dirigida aún a los efectos de la pandemia de covid, por lo que era una reedición de una norma similar que había aprobado anteriormente Donald Trump. Más tarde, ya en noviembre del año pasado, Biden firmó la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, dotada con 1,2 billones de dólares.

La tercera de las leyes mencionadas, de un contenido bien diferente, la firmó en junio tras el tiroteo masivo de la escuela de Uvalde, en Texas. Fue una ley sobre control de armas, que impone más restricciones en su compra y destina fondos federales para la atención mental. Es la norma más importante sobre control de armas firmada por un presidente en los últimos 30 años.

Con estas seis leyes y las más de 60 órdenes presidenciales firmadas por Biden (entre ellas, la incorporación de Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París), hacen de Joe Biden uno de los presidentes con balance legislativo en muchas décadas. Su predecesor, Donald Trump, sólo pudo aprobar una ley federal, y estaba destinada a que las grandes corporaciones pagaran menos impuestos.

En cuanto a los anteriores presidentes demócratas, Barack Obama y Bill Clinton, tampoco tuvieron un fervor legislativo comparable al que está teniendo Biden. Obama logró aprobar un plan de rescate al principio de su mandato en 2008 y después una ampliación relativamente limitada del seguro médico público, el llamado 'Obamacare'. En cuanto a Clinton, firmó una ley ambiciosa de control de armas y el polémico acuerdo comercial con América Latina, el llamado NAFTA. Biden ha superado a ambos con creces y no ha llegado a la mitad de su mandato.

Así se han enfrentado esta semana a las leyes, cada uno a su manera, el actual presidente de Estados Unidos y su predecesor en el cargo, Joe Biden y Donald Trump.