El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha solicitado a España que de "manera urgente", y para prevenir un daño irreparable, traslade de manera provisional a un niño migrante de 14 años que desde hace unos días duerme en la calle en Madrid, mientras se aclara legalmente su edad.

El menor, nacido en Gambia, llegó sin protección familiar a las Las Palmas de Gran Canaria en agosto de 2023 y posteriormente fue trasladado a Tenerife, Granada y Barcelona como si fuera un adulto, pese a que portaba una fotografía de su pasaporte y de su acta de nacimiento, denuncia la Fundación Raíces.

En Barcelona le pagaron un billete a Madrid y estuvo durante meses pasando por distintas entidades donde sólo se le permitió la pernocta, teniendo que pasar el día deambulando a la intemperie y comiendo en comedores sociales. Una entidad derivó su caso a la Fundación Raíces que, ante su evidente aspecto de menor de edad y su situación de desamparo, acompañó al menor en este periplo legal, explica en un comunicado.

Desde la asociación se avisó a agentes de la Policía Nacional para que el menor fuese puesto a disposición de los Servicios de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid y esa misma noche ingresó en un centro de protección de menores de la ciudad.

La Fiscalía ha puesto en duda la validez del pasaporte

El menor ha explicado que había solicitado su pasaporte en Gambia, antes de migrar, pero su expedición se demoró hasta que ya se encontraba en España. Acompañado de una abogada de la fundación, la Embajada certificó que "A.A, nació el 09 de Diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia" y que "el pasaporte es válido y auténtico".

Sin embargo, la Fiscalía ha decretado la mayoría de edad del niño por albergar dudas sobre la validez del pasaporte, pese a que la Policía afirma que no hay signos de falsedad. Tras esa resolución, la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid cesó la protección y, ante la falta de plazas de pernocta para personas adultas el menor ha sido expulsado a la calle este pasado lunes 12 de febrero.

Ante la falta de respuesta del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, la fundación solicitó a la ONU su intervención el pasado 8 de febrero. En su respuesta, el 14 de febrero, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha solicitado al Estado que adopte medidas provisionales para transferirlo a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité.

Tras recibir esta comunicación, se ha trasladado de manera urgente a la Fiscalía de Protección de Menores de Madrid, a la Comisión de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid, al Juzgado de Primera Instancia de Madrid y a la Comisión Interministerial de Coordinación en Materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, aunque la ONG señala que todavía no ha recibido respuesta de ninguno de los organismos.

"Es alarmante que, a pesar de que el Gobierno se comprometió a modificar el procedimiento de determinación de la edad en España, obligado entre otras cosas, por los 14 Dictámenes de Naciones Unidas y las más de 15 sentencias del Tribunal Supremo, la realidad es que aún no se ha tramitado la necesaria reforma legislativa y cada día se siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades menores convertidos en adultos", lamenta Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces.