La ONU considera que las "detenciones arbitrarias y discriminatorias" de uigures y otros musulmanes en Xinjiang pueden constituir crímenes contra la humanidad, de acuerdo con un informe que publicó este miércoles la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su último día de mandato.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) afirma que las estrategias del Gobierno chino contra el terrorismo suponen que "graves violaciones de los derechos humanos". El informe recomienda tomar medidas inmediatas para liberar a los retenidos en los denominados "centros de formación".

Los uigures son una minoría étnica mayoritariamente musulmana que cuenta con unos diez millones de personas en la zona occidental de Xinjiang. Varios grupos de defensa de los derechos humanos han acusado a Pekín de ejercer abusos contra este colectivo, incluidos los trabajos forzados en campos de internamiento.

La UE condena las vulneraciones de derechos humanos

Un portavoz de la Comisión Europea recordó este jueves que "la UE condena enérgicamente las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y otras partes de China, en particular la persecución de los uigures y otras personas pertenecientes a minorías nacionales o religiosas y étnicas".

"La UE sigue pidiendo a China que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho nacional e internacional", ha añadido el portavoz. Además, el informe reconoce indicios de violar los derechos reproductivos con políticas coercitivas de planificación familiar.

Por su parte, China niega la validez del informe de la ONU y lo considera "completamente ilegal". "Esto demuestra una vez más que la OHCHR se ha convertido en un matón y en un cómplice de Estados Unidos y de Occidente", ha declarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin.

El uigur en el exilio Dilxat Raxit cree que el informe demuestra "pruebas sólidas de atrocidades", pero lamenta que no calificara los crímenes de China como genocidio. Además, Bachelet ha subrayado que la elaboración del documento requirió "un trabajo y una revisión considerables", ya que algunos Estados obstaculizaron la tarea por "la politización de estas graves cuestiones de derechos humanos".