Diversas organizaciones han denunciado en las últimas horas la represión del Gobierno de Kazajistán y la violencia ejercida contra manifestantes y periodistas durante las protestas que estallaron a comienzos de año. Por su parte, la alianza militar liderada por Rusia ha comenzado a retirarse del país después de que el Gobierno kazajo haya dado por concluida la "operación antiterrorista" en 14 de las 17 regiones.

En su informe anual publicado este jueves, Human Rights Watch ha alertado de que Kazajistán no ha registrado "mejoras importantes" en materia de derechos humanos y ha constatado que las autoridades reprimieron en 2021 a críticos, restringieron el derecho a la protesta pacífica y suprimieron la libertad de expresión.

En su informe, que ni siquiera recoge la represión contra las protestas de la semana pasada por el aumento del precio del gas licuado, HRW asegura que Kazajistán "continuó interfiriendo y restringiendo rutinariamente el derecho a la reunión pacífica al detener, multar o sentenciar a penas privativas de libertad cortas" a personas que trataron de ejercer este derecho.

La ONG también hace hincapié en que los periodistas "continúan enfrentando hostigamientos, arrestos, ataques físicos y enjuiciamientos por realizar su trabajo". Sobre ello, Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha elevado la voz y ha anunciado que ha llevado ante la ONU la violencia contra los reporteros que han cubierto las últimas protestas.

RSF ha denunciado la muerte a tiros del conductor de un equipo de televisión en un ataque en el que también resultó herido un compañero. "Varios reporteros han sido atacados con munición real, muchas veces por las fuerzas de seguridad, mientras que otros han sido detenidos arbitrariamente por cubrir las protestas, es decir, por hacer su trabajo", critica la organización, que ha pedido a las autoridades kazajas que permitan la entrada de la prensa extranjera al país. 

Por su parte, Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno kazajo la liberación de los detenidos en las protestas. "Kazajistán debe poner en libertad a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente por su cobertura de las protestas de la semana pasada, dar información sobre todos los arrestos y garantizar los Derechos Humanos de todas las personas detenidas", ha demandado la organización.

Según fuentes oficiales, unas 10.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las manifestaciones el 2 de enero. Mientras, el número de víctimas mortales sigue sin esclarecerse. "Aunque la situación parece haberse calmado, la crisis está lejos de haber terminado. No hay nada más importante ahora que el libre acceso a la información independiente, una rendición de cuentas completa de lo ocurrido y el compromiso de respetar los Derechos Humanos", ha remarcado la directora de Amnistía para Europa Oriental y Asia Central, Marie Struthers.

En tanto, la alianza militar postsoviética liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), ha comenzado este jueves la retirada de los 2.030 soldados desplegados en Kazajistán. La operación comenzó el pasado día 6 en Kazajistán, un día después de que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, solicitara a la OTSC asistencia para sofocar la "amenaza terrorista", como calificó las protestas.

Nursultán intentaba justificar la represión y la presencia de la OTSC en Kazajistán ya que asegura que los manifestantes son "terroristas internacionales". Habló de unos 20.000 insurgentes de Asia Central, Afganistán y Oriente Medio, y de campamentos de entrenamiento, aunque no ha presentado pruebas de ello.

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, ha afirmado a su vez que la retirada quedará completada el próximo miércoles. Para transportar los más de dos mil soldados a la mayor república centroasiática, además de 250 vehículos militares, fueron necesarios 108 vuelos, principalmente organizados por Rusia.

El inicio de la retirada de las tropas extranjeras coincide con el fin en 14 de las 17 regiones kazajas de la operación antiterrorista lanzada por el Gobierno de Nursultán. El Comité Nacional de Seguridad (CSN) ha anunciado el levantamiento del nivel "rojo" de amenaza terrorista.

Además, ha informado de la detención de otros dos ex altos cargos de esta agencia como sospechosos de abuso de poder y de intento de golpe de Estado. Con anterioridad ya fue detenido el exjefe del CSN Karim Masímov, acusado de alta traición.