Justo cuando iban a detener al único alto funcionario imputado en México por haber recibido presuntamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, se fugó. La historia del escándalo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos definió como el “mayor caso de sobornos extranjeros de la historia” se resiste a pasar por los tribunales en México. Hasta el momento, el único político imputado por las operaciones de Odebrecht en el país es el director de la petrolera estatal, Pemex, entre 2012 y 2016: Emilio Lozoya.

El caso Odebrecht salió a la luz a raíz de otra gran investigación contra la corrupción en Brasil, la Operación Lava Jato, en 2014. En diciembre de 2016, la brasileña confesó haber sobornado a políticos y gobernantes en diez países de América Latina. En México, se discute un importe de entre 9,15 y 10,5 millones de dólares en coimas pagadas entre 2010 y 2014. La Fiscalía mexicana investiga el caso desde hace más de dos años y medio, y varias organizaciones civiles del país han publicado informaciones sobre pagos de la constructora al exdirector de Pemex a través de compañías pantalla y cuentas en bancos offshore. Pero a pesar de todo, no fue hasta mayo de este año cuando un juez de la Ciudad de México ordenó detener al exfuncionario.

Fue el 28 de mayo, bajo la acusación de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La opinión pública mexicana se congratulaba de que por fin las investigaciones se tradujeran en hechos, pero la ilusión colectiva duró días porque el 10 de junio, vía Twitter, Emilio Lozoya se declaró prófugo al no ver garantías de que el proceso penal iniciado en su contra respetara sus derechos. “No hay condiciones jurídicas, los delitos por los que les acusan no ameritan prisión preventiva”, afirma el abogado del imputado, Javier Coello Trejo, en entrevista para Público.

El letrado anunció hace unas semanas que publicaría un video en el que el exdirector de Pemex explicaría con “nombres, pelos y señales” qué sucedió durante sus cuatro años al frente de la petrolera. Una declaración similar podría dar un giro inaudito en la historia de la justicia mexicana y en la investigación de las coimas que supuestamente pagó en México la que llegó a ser la una de las mayores constructoras del mundo. El letrado lleva meses señalando que quien debe dar explicaciones acerca de una de las operaciones que motivaron la imputación de su cliente, es el que era presidente de la República cuando se produjeron los hechos: Enrique Peña Nieto.

El rastro de Odebrecht en México

“En este país, no se mueve la hoja de un árbol si no es con la instrucción del presidente. También en la compra de Agro Nitrogenados; ya presenté al juez el acuerdo presidencial”, explica el letrado, apuntando a que su cliente solo respondía a las órdenes que se daban desde el Palacio Nacional.

El abogado del imputado, Javier Coello Trejo. / Anna Portella

Agro Nitrogenados es una compañía de fertilizantes que dos filiales de Pemex compraron en 2013. En México la llaman la "planta chatarra" porque “tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad”, según una de las organizaciones civiles que más ha investigado el caso Odebrecht en el país, Quinto Elemento Lab.

Pemex la compró a la mayor acerera del país, Altos Hornos de México, y le costó 475 millones de dólares. El precio incluía activos, como “un puerto, bodegas, silos, oficinas”, explica el abogado Coello para justificar su precio, y 285 millones de dólares para la rehabilitación de la planta, que con el tiempo se elevaron a 760. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que “la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad”, lo que en la opinión pública se conoce como un fraude.

Quinto Elemento Lab, que tuvo acceso a documentos que están manos del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, publicó que un mes después de que se anunciara la compra, en enero de 2014, el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, transfirió 3,7 millones de dólares a una cuenta offshore de Odebrecht. Desde esa cuenta, días después, se hizo una transferencia por 1,35 millones de dólares otra de una compañía que exejecutivos de Odebrecht, en su confesión de 2016, identificaron como de Emilio Lozoya. Por esta triangulación de pagos, el pasado 28 de mayo Ancira fue detenido en Palma de Mallorca, donde permanece a la espera de que se resuelva su proceso de extradición a México.

“Nosotros creemos que Altos Hornos utilizó la estructura de Odebrecht para canalizar el pago de una comisión a Pemex por la compra de Agro Nitrogenados”, afirma Raúl Olmos, un periodista mexicano que ha participado en el proyecto The Bribery Division, en el que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha ido documentando el rastro de Odebrecht en América Latina durante estos años.

Raúl Olmos, participante en el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. / Anna Portella

Lo que le lleva a esa conclusión es el tamaño de la estructura que Odebrecht desarrolló para gestionar los sobornos a los diferentes países de América Latina, y Angola y Mozambique. La brasileña tenía un Departamento de Operaciones Estructuradas, conocido como el departamento de sobornos, desde el que administraba las coimas. El dinero salía de cuentas que tenía en un banco que Odebrecht adquirió sólo para este fin, el Meinl Bank, en la isla caribeña Antigua. Parte de la información se conoce gracias a los registros que la compañía guardaba en una plataforma de comunicación encriptada que creó para registrar el dinero que iba a sobornos, una especie de contabilidad B, en la que cada operador o receptor de las “mordidas” tenía un sobrenombre para ocultar su identidad.

El letrado Coello niega que el exdirector de Pemex recibiera ese dinero, que lo hiciera por medio de un testaferro o que tuviera ninguna responsabilidad en la compra de la planta, porque el no firmó el contrato. Su estrategia hasta el momento ha sido girar el ventilador hacia Peña Nieto. “Yo no estoy culpando al presidente de que se robó o no se robó. Lo que quiero es que aclare las instrucciones que dio”, asevera.

La versión del abogado es que el ex jefe de Estado y el anterior secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray — quien tuvo sus diferencias con Lozoya durante los cuatro años que estuvo al frente de la petrolera — han orquestado la captura de su cliente para convertirlo en un “ícono de la corrupción”. Y eso, a pesar de que desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, la Fiscalía en México ya no depende de la Presidencia, es decir, es autónoma.

El rol de la Fiscalía

“Tengo mucho respeto por el señor fiscal general. Es mi amigo, fui su abogado”, afirma Coello, en relación a otra polémica que ha desatado la investigación de Odebrecht en México: el defensor del perseguido es amigo y abogado del perseguidor, el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Coello no ve en ello conflicto de intereses. “(El fiscal general) está haciendo su trabajo, desgraciadamente llegó a una institución podrida por la corrupción”, añade.

El abogado conoce bien la procuración de justicia en México porque en los años 70 y 80 trabajó en ella. Hoy, desconfía de la capacidad de la Fiscalía para perseguir delitos, y los datos le dan la razón. En 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía comenzó a registrar la cifra de delitos que quedan impunes. Desde entonces, el porcentaje no ha bajado del 90%, es decir, nueve de cada diez delitos que se cometen en México no se investigan.

Estación de servicio de la petrolera mexicana Pemex. / Anna Portella

El rol de la Fiscalía es clave para entender por qué México está tardando en depurar responsabilidades por el caso Odebrecht. La investigación comenzó en enero de 2017 pero hasta hace unos meses, “no hicieron nada; la investigación estaba congelada. En el expediente sólo había recortes de prensa, documentos de investigaciones de otros países y se citaron a declarar a doce funcionarios de Pemex de bajo rango. No se llamó a declarar al presidente para que explicara por qué se había reunido con Marcelo Odebrecht antes incluso de tomar posesión del cargo, por ejemplo”, afirma Raúl Olmos. Este 21 de agosto, además, se supo que Odebrecht ofreció colaborar con la fiscalía mexicana. La brasileña le brindaba acceso a su plataforma de comunicación encriptada a cambio de que ésta se comprometiera a no procesar a sus trabajadores o exempleados que ya hubieran sido investigados en Brasil.

Aunque la Fiscalía sea autónoma sobre la ley, Coello afirma que esto no significa que esté despolitizada: “(El anterior gobierno) dejaron ahí a mucha gente”, dice. A ello, se suman las limitaciones de la institución: “Falta honestidad y conocimientos; da vergüenza ver cómo un juez calla a un Ministerio Fiscal en un juicio”, explica el letrado.

Público solicitó una entrevista con la Fiscalía General de la República pero a la fecha de publicación, no respondió a la petición. La intención que hay tras sus actuaciones sigue siendo opaca. La opinión pública mexicana oscila entre los que creen que no hay voluntad política de juzgar a Odebrecht y los que creen que está trabajando con discreción.

De momento, el exdirector de Pemex sigue prófugo, aunque se encuentra en México, afirma Javier Coello. El primer juicio en México por el escándalo de corrupción que ha salpicado a toda América Latina se hará “cuando detengan a Emilio Lozoya”, dice su abogado, “y yo lo voy a ganar”, concluye.