El periodista Pablo González, colaborador de Público y de otros medios españoles, fue detenido la noche del 28 de febrero de 2022, poco después de que comenzara la invasión Rusia en Ucrania. En unos días, cumplirá dos años en prisión y el Tribunal de Apelaciones de Lublin (Polonia) que estudia su caso ha decidido este jueves que siga entre rejas, al menos, otros tres meses más.

En una vista que estaba programada para las 11.00 horas de la mañana, y de la que el tribunal había informado a Público, la Justicia polaca ha decidido prorrogar por octava vez la prisión provisional del reportero.

El reportero fue detenido por los servicios secretos polacos en su hotel cuando informaba desde la ciudad de Przemyśl, muy cerca de la frontera con Ucrania, sobre la crisis de migrantes que el conflicto estaba provocando. La Justicia polaca le acusó entonces de ser un espía ruso: "Fue identificado como un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General Ruso (GRU). Realizó actividades de espionaje para Rusia sirviéndose de su condición de periodista", aseguró en 2022 el portavoz del Ministerio de Servicios Especiales, Stanisław Żaryn.

Desde entonces, nada más. Ni una prueba, ni un juicio, ni una declaración. Nada. Pablo González es el único periodista de la Unión Europea encarcelado en una prisión de un Estado miembro. Una anomalía que ha sido denunciada por diversas organizaciones profesionales de periodistas, ONG y asociaciones de la sociedad civil. De hecho, desde Reporteros Sin Fronteras se llegó a denunciar que se trataba de un caso del que "no hay precedentes en la Unión Europea". 

En estos dos años, no han trascendido pruebas contra Pablo González. Los tribunales no han informado sobre hechos concretos que sirvan para respaldar las acusaciones y la defensa del periodista tampoco ha expuesto posibles actuaciones del reportero que la Justicia polaca les haya trasladado.

Sombras sin pruebas

Las únicas informaciones sobre la actividad de Pablo González para justificar su detención han salido de un medio opositor ruso que, hasta en dos ocasiones, ha señalado al periodista como espía y que ha contado con el respaldo en la difusión de esta idea de algunos medios españoles.

En mayo de 2023, el medio Agentstvo aseguraba que había accedido a una fuente que les había relatado que en "los dispositivos digitales del 'periodista' español" se habían encontrado informes sobre Zhanna Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov –asesinado en Moscú en 2015–, y sobre personas del entorno de la fundación que ella misma impulsó en honor a su padre.

Como ya contó Público, la información publicada no respaldaría la acusación de espionaje contra Pablo González. El periodista está acusado de espionaje según el artículo 130.1 del Código Penal polaco y ese artículo deja claro que solo se tienen en cuenta los delitos contra la República de Polonia. Es decir, no hace referencia a recopilar información o espiar a ciudadanos extranjeros. Además, el supuesto espionaje no se habría llevado a cabo siquiera en Polonia, según la información de Agentstvo. Así, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, recopilar información sobre ciudadanos rusos o de otra nacionalidad que no sea la polaca no estaría contemplado en el delito del que se acusa al periodista.

Después de estas informaciones, ya en noviembre de 2023, el mismo medio publicó otra información que sembraba otra vez la duda sobre Pablo González. En esta ocasión, Agentstvo aseguraba que en una investigación habían descubierto que el periodista español "tomó los mismos vuelos que el oficial de inteligencia Sergei Turbin" y que este viaje "confirmaría la acusación de los servicios de inteligencia polacos".

El medio ruso aseguraba tener pruebas de que el 16 de junio de 2017 se adquirieron los billetes de tren a la vez en la misma oficina: "Los billetes se compraron juntos en la oficina de la compañía Orbita-N en la estación de tren Paveletsky de Moscú".

Pero, ¿por qué Sergei Turbin es un agente de inteligencia ruso según Agentstvo y esto probaría la relación de Pablo González con el GRU? El medio opositor ruso aseguraba que Turbin había señalado en documentos que su residencia oficial, así como la de su esposa y su hijo, estaba en la sede de la Academia Militar del Ministerio de Defensa ruso, conocida como "Conservatorio GRU". Además, este supuesto espía habría domiciliado en ese edificio varias multas de tráfico y sus recibos de Internet.

A estos datos, desde Agentstvo suman como pruebas que Turbin habría residido en 2022 en "un edificio cercano" al que ocupaba anteriormente el exoficial del GRU Sergei Skripal, que fue envenenado en Salisbury en 2018. Es decir, la prueba adicional sería que Turbin constaba en los alrededores de donde había vivido una agente del GRU que había sido asesinado cuatro años antes.

Por último, el medio opositor ruso añade al final de esta publicación un detalle adicional para intentar arrojar más sospechas sobre el caso: "una fuente de Agentstvo, que se comunicó con González en agosto de 2017, dijo que el periodista le había dicho que quería ir a Rusia a trabajar pero que no sabía cómo conseguir un visado. Sin embargo, en esa conversación el periodista español no reveló que poseía pasaporte ruso".

Más de dos años de prisión provisional

La mayoría de los Estados europeos señalan los dos años como el plazo máximo de prisión provisional para un reo que no haya sido juzgado, pero este principio tiene excepciones.

En el caso polaco, la ley de procedimiento penal establece que "el periodo total de detención preventiva hasta el momento de la primera sentencia del tribunal de primera instancia no podrá exceder de dos años". Sin embargo, en el mismo artículo aparecen las excepciones que permiten a los tribunales de apelación del país prolongar la prisión preventiva. En concreto, la norma marca que se puede prorrogar si no se puede establecer o confirmar la identidad del acusado, si hay que realizar la obtención de pruebas en un caso de especial complejidad o fuera del país, así como si se produce la prolongación deliberada del procedimiento por parte del acusado.

Sobre la primera excepción, la identidad de Pablo González, hay que recordar que hace justo un año la Justicia polaca envió una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional para preguntar si el periodista contaba con nacionalidad española. Es decir, Polonia preguntaba por la identificación del reportero a pesar de las declaraciones oficiales del presidente del Gobierno, del ministro de Exteriores y de varios diputados.

En España, el periodo máximo de prisión provisional, según la ley de enjuiciamiento criminal, también está marcado en dos años. Pero al igual que en el caso polaco, en esa normal hay excepciones que permiten aumentar ese plazo. Si existen circunstancias en las que se prevé que no se podrá juzgar al preso en esos primeros dos años, "el juez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años". Es decir, en España el tiempo máximo sería de cuatro años.

Por lo tanto, a pesar de que comúnmente se asume que el tiempo máximo de prisión provisional en Europa suele ser de dos años, existen salvedades que, en ocasiones, aumentan las detenciones de presos sin que se hayan sometido a juicio.