El abogado ecuatoriano Fernando Santos Alvite ha aparcado la defensa de grandes petroleras para volver a ocupar, por segunda vez en su vida, un cargo en las más altas esferas del Estado: este veterano jurista acaba de ser designado por el presidente conservador Guillermo Lasso como ministro de Energía.

Santos ha llegado para calmar un escándalo, pero en realidad trae otro bajo el brazo. Lasso lo eligió como ministro tras el terremoto provocado por la renuncia del anterior ministro de Energía, Xavier Vera, quien el pasado 28 de octubre se vio obligado a presentar su dimisión a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía sobre un presunto delito de cohecho. 

En medio de estos hechos, Lasso recurrió a Santos debido a su trayectoria: además de defender a grandes petroleras y de ejercer como analista en ese sector, también ocupó el cargo de ministro de Energía en los años ochenta, durante el gobierno del expresidente socialcristiano León Febres Cordero. Además, se desempeñó como Jefe de la Unidad de Asuntos Legales de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo.

Sin embargo, en su currículum falta su papel en una sociedad offshore registrada en el paraíso fiscal de Bahamas. Según ha podido verificar Público, Santos figura como director de Santa Laura Victoria Ltd desde el 9 de noviembre de 2015 junto a una mujer identificada como Alexandra Santos Jaramillo.

En base a la información de registro, este periódico ha podido confirmar que ambos figuran como beneficiarios finales de esta offshore. De acuerdo a la documentación, entre los objetivos de Santa Laura Victoria Ltd se encuentra "llevar a cabo la actividad de una sociedad de inversión y, para ello, adquirir y poseer, ya sea en nombre de la sociedad o en el de cualquier nominado, acciones, obligaciones, bonos, pagarés, obligaciones y valores emitidos o garantizados por cualquier sociedad, dondequiera que se haya constituido o lleve a cabo su actividad".  

Además, se ofrecía para "garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación", al tiempo que preveía "dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad", que no estuviese prohibida "por ninguna ley vigente en Bahamas".

Offshore activa

El capital autorizado de la offshore en el momento de su constitución era de 50.000 dólares, "dividido en 50.000 acciones con un valor nominal de 1 dólar cada una". El registro muestra que la sociedad sigue activa a día de hoy: de hecho, este año se han pagado las tasas correspondientes para mantenerla en ese estado.

De acuerdo a la información cotejada por Público en el Catastro municipal de Quito, el domicilio de la capital ecuatoriana que aparece en la constitución de la offshore coincide con la dirección de la oficina de Santos en esa ciudad.

El recientemente designado ministro de Energía obvió estos hechos en la declaración juramentada que realizó ante la Controlaría General del Estado el pasado 31 de octubre, en el momento de asumir su cargo.

Entre otros puntos, Santos indica en ese documento que no tiene "directa o indirectamente bienes o capitales en países o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales", lo que implica que escondió su vinculación con la offshore registrada en Bahamas.

Público ha consultado al ministro ecuatoriano sobre este asunto. A través de un mensaje, Santos se ha limitado a responder que la sociedad offshore "no tiene patrimonio" ni tampoco "actividad", al tiempo que no ha aclarado los motivos por los cuales este año se han vuelto a pagar las tasas para mantener esta sociedad en activo. 

Falsedad en la declaración

El ministro tampoco ha explicado las razones por las que no incluyó este punto en la declaración juramentada que realizó el pasado 31 de octubre. Ahí está, precisamente, uno de los puntos más sensibles de este asunto.

"La declaración juramentada debe incluir todos los activos del funcionario, incluyendo las participaciones en sociedades dentro y fuera de Ecuador. Si se omite ese dato, hay falsedad en la declaración, y eso es delito en nuestro país", señaló a Público el abogado ecuatoriano Ramiro Aguilar.

Por su parte, el también jurista Mauro Andino destacó que entre las sanciones contempladas por vulnerar la Ley de Servicio Público –emanada de una consulta popular celebrada en febrero de 2017 bajo el impulso del Gobierno de Rafael Correa– se encuentra "la pérdida del cargo público representativo". Ello supondría la renuncia obligada de Santos al cargo de ministro.