Las mujeres polacas tienen ahora menos derechos reproductivos que cuando el país entró en la UE, en 2004. "Es ridículo e inaceptable", denuncia el eurodiputado polaco Robert Biedron, presidente de la comisión por los Derechos de la Mujer en la Eurocámara. Según la ONU, se tardarán todavía 300 años para conseguir la igualdad en el mundo. Un lastre que no solo no ha avanzado en países como Polonia, sino que ha retrocedido a pasos agigantados con la llegada del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) al poder.

El Gobierno polaco, aliado de Vox en el Parlamento Europeo, aprobó en 2020 una ley que limitaba la interrupción del embarazo a casos de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. Dejaba fuera los supuestos de malformaciones o defectos congénitos del feto, que suman cerca del 98% de los abortos legales. Es decir, prohibía de facto el aborto dejando en Polonia una de las leyes más restrictivas en materia reproductiva de toda la UE, junto a Malta. La controvertida normativa ya ha dejado víctimas mortales y también colaterales.

Justyna Widrzynska se ha convertido en la primera activista condenada en Europa por intentar ayudar a una mujer a abortar. Anie estaba embarazada de doce semanas. Era una mujer maltratada y vivía con una pareja violenta. Intentó viajar a otro país para interrumpir el embarazo. Pero este no le dejó. Su desesperación la llevó a contactar a la ONG de Justyna, Aborcyiny Dream Team, un colectivo que apoya a mujeres financiera, logística y psicológicamente.

Tras escuchar su desgarradora y desesperada situación, Justyna no se lo pensó. Le envió por correo una píldora anticonceptiva. Una práctica que supone un crimen en todos los países de la UE. No llegó a utilizarla, su pareja la pilló y alertó la Policía. El resto es historia. A Justyna la han condenado a ocho meses de trabajos sociales por intentar ayudarla. "La han condenado por enviar una píldora que ni siquiera se utilizó. La respuesta a ello es corta: se llama patriarcado", denuncia Biedron.

Aborcyiny Dream Team ha ayudado en estos años a más de 2.000 mujeres a viajar a otros países europeos para abortar. Bélgica, Francia o Países Bajos son los principales. Pero la ley polaca tiene también un trasfondo económico. No todas las mujeres pueden asumir los gastos de cruzar la frontera para interrumpir su embarazo. Y el deseo de muchas de ellas de querer abortar está condicionado por la imposibilidad financiera de mantener un bebé.

"La de Anie es una historia de soledad, de miedo, de desesperación", afirma Natalia Broniarczyk. Tras no poder utilizar la píldora, Anie se lesionó con un catéter, lo que le provocó una fuerte infección. Pasó tres semanas en el hospital, temiendo que los médicos quisieran salvar al bebé, pero no a ella. La violencia también se ejerce desde los hospitales. No recibió ninguna asistencia psicológica. Tras la entrada en vigor de la ley, el miedo a las represalias se extiende a los médicos, a la sociedad civil y las mujeres. Ya había un caso precedente en el que una mujer murió porque los doctores tardaron demasiado tiempo en interrumpir un embarazo. Y otro en el que no permitieron abortar a una menor discapacitada que había sido violada por su tío.

El caso en cuestión está recabando un fuerte apoyo nacional e internacional, algo que preocupa al PiS, que se juega el poder en las cruciales elecciones del próximo otoño. "Teníamos miedo de la reacción de la opinión pública. Pero el apoyo ha sido enorme y me ha sorprendido. No lo esperaba. La gente ha entendido por qué decidí dar la pastilla", señala Justyna, que se emociona, no por su travesía judicial, sino al recordar la terrible historia de Anie. Una encuesta reciente del país muestra que el 47% de la población hubiese actuado igual que la activista ayudando a Anie.

¿Qué dice la UE?

En la Unión Europea, desde los plátanos hasta las zanahorias tienen estándares homologados. Pero no los derechos de las mujeres. Conseguir derechos comunes para ellas será una de las prioridades de los Socialdemócratas en la próxima legislatura, que arrancará tras las elecciones europeas de 2024.

Bruselas, absorbida estos años por las policrisis económicas, bélicas o sanitarias, ha dejado la situación de los derechos humanos en las capitales en segundo plano. La Comisión que lidera Ursula von der Leyen se ha puesto de perfil con las derivas de la Hungría de Víktor Orbán o del PiS en Polonia. El tándem iliberal y ultraconservador, unido ahora por la extrema derecha de Giorgia Meloni en Italia, ha cargado con dureza contra mujeres, homosexuales o refugiados con un silencio casi sepulcral con todo ello en la capital comunitaria.

De paso por la capital belga, las activistas polacas Justyna y Natalia piden a la Unión Europea más mano dura con la deriva de su Gobierno, más apoyo, con por ejemplo acuerdos transfronterizos entre Estados miembros, para apoyar y ayudar a las mujeres polacas, y más contundencia a la hora de defender los derechos humanos y fundamentales dentro de suelo europeo.

El caso judicial de la activista polaca se enmarca en un momento de declive en la separación del Estado de Derecho en el país del Este. Bruselas y Varsovia suman ocho años de pugna y choques por la controvertida reforma judicial del PiS, que ha llevado a politizar la judicatura designando a jueces a dedo. El ministro de Justicia y el fiscal general es la misma persona. Pero Polonia también ha utilizado la guerra en Ucrania, es el país más halcón de la UE con Rusia y el que más refugiados ucranianos acoge, para aplacar las críticas de Bruselas con respecto a su deriva totalitaria y de reducción de derechos dentro de casa.