WASHINGTON. -La elección de un nuevo juez del Tribunal Supremo de EEUU, tras la muerte del magistrado Antonin Scalia, amenaza con intensificar la lucha entre los aspirantes demócratas y republicanos por la Casa Blanca y con influir en los últimos meses de mandato del presidente Barack Obama.
"Deberíamos convertir las elecciones de 2016 en un referéndum sobre el Tribunal Supremo", amenazó el precandidato republicano Ted Cruz en uno de los populares programas matutinos el domingo.
La batalla política en torno al nombramiento de un sustituto de Scalia, la voz más conservadora del alto tribunal, no se hizo esperar. Precandidatos republicanos, como los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, apoyaron hoy la decisión del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, de vetar cualquier propuesta de Obama al considerar que el presidente elegido en noviembre debe nombrar al nuevo juez, y por tanto, el puesto debe permanecer vacío once meses.
El Tribunal Supremo de EEUU debe estar formado por nueve jueces, con cargos vitalicios, y hasta ahora había cinco conservadores y cuatro progresistas, por lo que los republicanos temen que un nuevo nombramiento de Obama -ya designó a dos juezas- incline la balanza a favor de los progresistas.
"La muerte repentina del juez Scalia es un terremoto y seguramente repercutirá en la campaña, con intereses en las dos partes", determinó en su cuenta de Twitter David Axelrod, exjefe de campaña de Obama y director del Instituto de Política de la Universidad de Chicago (Illinois).
Los primeros temblores del terremoto serán para Obama, que ya señaló que propondrá a un nuevo juez "en el tiempo adecuado".
En los próximos meses, el mandatario se juega en el alto tribunal dos piezas claves de su legado: su plan contra el cambio climático para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas y la regularización temporal de cinco de los once millones de inmigrantes indocumentados que viven en EEUU.
Bajo la lupa de los jueces está también uno de los casos más controvertidos de los últimos años sobre el aborto, permitido en EEUU desde 1973, pero sobre el que han impuesto restricciones estados como Texas, donde se cerraron la mitad de las clínicas por una conflictiva ley promulgada en 2013.
Frente a la oposición de los republicanos, los aspirantes a la nominación presidencial demócrata Hillary Clinton y Bernie Sanders clamaron para que el Senado a confirme lo antes posible a un nuevo juez.
"Los estadounidenses se merecen un Tribunal Supremo a pleno funcionamiento", subrayó el senador demócrata Patrick Leahy, quien como antiguo presidente del Comité Judicial del Senado supervisó el nombramiento por Obama en 2009 de Sonia Sotomayor, la primera latina en el Supremo, y de Elena Kagan, en 2010.
Inclinar la balanza demócrata
Obama es el primer presidente desde Ronald Reagan con la posibilidad de nombrar a tres jueces del Supremo, y ahora deberá sustituir a una pieza clave para los conservadores, que les aseguraba el derecho a portar armas y una firme oposición a la discriminación positiva y a lo que Scalia llamaba "la agenda homosexual".
Las especulaciones sobre los posibles sustitutos de Scalia comenzaron solo horas después de su muerte.
El analista Jeffrey Toobin, autor del libro "El juramento. La Casa Blanca de Obama y el Tribunal Supremo", mencionó en Twitter como posible sustituto al magistrado Sri Srinivasan, de 48 años, que fue abogado adjunto del Gobierno de Obama y ahora es juez de la corte de Apelaciones del distrito de Columbia.
Sin importar si elige a un candidato de consenso o a un juez favorable a la agenda demócrata, el mandatario puede esperar una gran batalla en el Senado, donde necesita 60 votos para lograr la confirmación de un nuevo juez, pero donde los republicanos pueden bloquear cualquier propuesta con su mayoría de 54 escaños.
El choque entre republicanos y demócratas para encontrar un sustituto de Scalia también podría polarizar más la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre, donde se harían presentes polémicos asuntos sociales como el aborto, la discriminación positiva o las restricciones al voto de las minorías.
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