La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) rechazó la decisión de la Procuraduría colombiana, a principios de mayo, de suspender temporalmente a cuatro cargos públicos electos por la ciudadanía, por su presunta participación en la campaña electoral de las elecciones presidenciales, entre ellos a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

La suspensión se enmarcó dentro de la llamada "guerra sucia" contra el candidato presidencial Gustavo Petro. Y es que Quintero aparecía en un vídeo en el que expresaba de forma indirecta y velada el apoyo a su candidatura. En Colombia, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en campaña electoral y la Procuraduría tiene competencia constitucional para investigar, suspender, destituir e inhabilitar a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular.

En la divulgación de su informe preliminar de observación sobre la campaña y las elecciones presidenciales en Colombia, el jefe de la Misión de la Unión Europea, el eurodiputado socialista español Javier López, dijo a Público que se trata de una decisión muy cuestionable y contraria a los patrones internacionales que la norma constitucional que impide a algunas categorías de funcionarios públicos participar en las campañas electorales sea aplicable a los funcionarios electos. "Nos parece discutible porque es interpretable a ojos de la legislación colombiana y su Constitución. A ojos de los estándares internacionales nos parece profundamente anómalo y rechazamos la suspensión por parte de un órgano administrativo, en este caso la Procuraduría, de un cargo público".

Para el eurodiputado, la decisión la debería haber tomado un juez y no una autoridad administrativa. "Y no solo lo dice la Misión electoral. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia por un caso de esta naturaleza". La sentencia a la que se refiere el jefe de la MOE-UE es precisamente la que ganó el candidato de la izquierda Gustavo Petro para ser ser restituido de su cargo como alcalde de Bogotá, del que había sido apartado y suspendido por 15 años por su intento de cambiar el esquema de recogida de basuras de la capital colombiana. La CIDH sentenció que ningún órgano administrativo puede aplicar sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos. Solo un juez – señala - con sentencia firme puede hacerlo. Se trata además de una decisión vinculante para Colombia.

Javier López también observó, tal y como figura en el informe preliminar de la misión electoral, que, sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna sanción para el comandante del Ejército, el General Eduardo Zapateiro, que "hizo declaraciones públicas en contra de un candidato lo que supone una abierta violación de la Constitución y una injerencia del Ejército colombiano en la política", señaló en referencia a los duros ataques que realizó el militar contra Gustavo Petro hace algo más de un mes.

Valoración positiva de la jornada electoral

Por lo demás, en términos generales, la MOE-UE valoró la jornada electoral del 29 de mayo muy positivamente, "bien organizada", pacífica, tranquila y con mejoras evidentes que contribuyeron a que se superara el clima de desconfianza que se había generado tras las elecciones legislativas del 13 de marzo con por las diferencias en los resultados entre el preconteo y el escrutinio de votos, lo cual levantó las sospechas de fraude electoral por parte de todas las formaciones políticas. Finalmente, con algún aspecto a mejorar la Misión destacó que Colombia tiene una robusta arquitectura electoral que permite también que los observadores internacionales sigan de forma transparente y trazable la consolidación de los resultados, tanto en el preconteo como en el escrutinio.

Además de la misión electoral de la Unión Europea, hubo unos 400 observadores internacionales más acreditados por el Consejo Nacional Electoral, entre los que se encontraban 36 de la Misión de Observación Electoral Catalana y 18 de la Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia que también presentaron ayer sus informes preliminares sobre las elecciones presidenciales colombianas.

El informe de la misión catalana también consideró que la jornada electoral estuvo organizada de forma eficaz y tuvo en términos generales una participación pacífica y tranquila con la excepción del asesinato de un miembro de un jurado en la localidad de Vista Hermosa, en la región del Meta, atribuido a disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

La Taula Catalana per Colombia

Esta delegación formada por personas de organizaciones que conforman la Taula Catalana per Colombia, representantes políticos del Parlament, del Congreso, de Ayuntamientos y de la plataforma de juristas Observadores por la Democracia (ODEM) realizó su labor mayoritariamente lejos de las grandes ciudades, en territorios que presentan altos índices de violencia como Buenaventura, el Norte del Cauca o el Magdalena Medio. Sus 36 integrantes informaron desde 68 mesas electorales.

Algunas de las observaciones que refleja el informe catalán se refieren a aspectos preocupantes como haber detectado algún indicio de compra de votos y la excesiva militarización de muchos centros de votación. "La presencia de personas fuertemente armadas en los colegios electorales creemos que puede ser intimidatoria para el electorado teniendo en cuenta que vienen de episodios de violencia preelectoral en sus regiones", dice la diputada del Parlament Aurora Madaula, de Junts per Catalunya y responsable política de la misión, refiriéndose al llamado paro armado impuesto por el grupo neoparamilitar del Clan del Golfo y que afectó gravemente al orden público y la libertad de movimientos en muchos lugares de la Colombia rural.

El informe constata entre otras cosas la nula presencia de mujeres en los puestos directivos del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría, que no hubiera documentación electoral en ninguna de las lenguas de los pueblos indígenas y raizales existentes o que la ubicación de algunos colegios electorales no facilitaba que pudiesen llegar las poblaciones más alejadas para ejercer su derecho al voto.

Por su parte, el informe del Interparlamentario por la Paz también considera que la jornada electoral transcurrió de manera correcta en términos generales pero recoge algunas incidencias como la escasa presencia de testigos electorales, el tráfico y compra de votos, la imposibilidad de ejercer el derecho al voto por parte de comunidades desplazadas o confinadas y también da un fuerte toque de atención por las acciones coordinadas de acoso y de incitación al odio que se han producido en redes sociales, especialmente contra la vicepresidenta del Pacto Histórico, Francia Márquez, con un claro sesgo machista,racista y clasista.

Esta delegación conformada por 18 representantes políticos de Euskadi, Galicia, Aragón, Andalucía, País Valencià, Madrid y Asturias así como miembros de organizaciones no gubernamentales realizaron su labor de observación en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Buenaventura.El mismo día de haberse presentado los tres informes, el candidato de la izquierda Gustavo Petro denunciaba que en alguna zona del Caribe Colombiano, potencialmente votantes suyos, mucha gente no pudo votar porque paralizaron expresamente el transporte.