Reino Unido ha asegurado que trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Esta decisión forma parte de un nuevo plan antimigración del país británico. Por su parte, el dictamen ha sido criticado por el Consejo de Europa, quién asegura que el acuerdo entre los dos países es "una señal preocupante" para los derechos humanos. 

Según recogió la Agencia Efe, el polémico plan pretende combatir la migración ilegal y las bandas delictivas que explotan a las personas que buscan refugio. Así lo hizo público el primer ministro, Boris Johnson, en un discurso en la localidad de Lydd, en el sureste de Inglaterra, antes de que la ministra de Interior, Priti Patel, firmara este jueves 14 de abril el acuerdo con las autoridades ruandesas en Kigali. 

Según destacan los medios del país, en 2021, 28.526 solicitantes de asilo cruzaron el Canal en pequeños botes, un alza de 8.404 respecto a 2020. Se estima que la cifra de este año supere los 30.000. Este nuevo plan pone la vista en la zona, pues el primer ministro confirmó que la Marina británica (Royal Navy) asumirá el control de las aguas territoriales del Canal, situado entre Francia e Inglaterra, para impedir que dichos botes ilegales con refugiados hagan una peligrosa travesía y lleguen hasta las costas del sureste inglés.

Con esto, el conservador pretende enviar un "mensaje claro" a los traficantes de personas, asegurando que si estos arriesgan la vida de los que buscan refugio, se afrontarán a penas de prisión. "Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en botes no aptos para navegar y/o asfixiándose en camiones refrigerados", subrayó.

"Así como el Brexit nos permitió recuperar el control de la inmigración legal al reemplazar la libre circulación (dentro de la Unión Europea) con nuestro sistema por puntos, también estamos recuperando el control de la inmigración ilegal, con un plan a largo plazo para el asilo en este país", indicó.

Los trámites de asilo se harán en Ruanda y Reino Unido pretende conceder unos 125 millones de libras (150 millones de euros) durante un periodo de prueba a esta excolonia británica, perteneciente a la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

Se espera que el plan se incluya en el proyecto de ley sobre Nacionalidad y Fronteras que se tramita actualmente en el Parlamento británico. Dicho borrador pretende crear centros fuera de las fronteras británicas para procesar trámites de migración.

Medida criticada por la oposición y el Consejo de Europa

La medida, ha sido bastante criticada por la oposición y las ONG, pues según ellos, esta decisión forma parte del objetivo de Johnson de reformar el sistema migratorio para tener un control más restrictivo de las fronteras del país tras el Brexit.

El Partido Laborista, primero de la oposición, consideró que se trata de un plan "inviable y poco ético", acusando al primer ministro de derivar la opinión pública después de que sus violaciones de la ley durante el confinamiento viesen la luz. 

De la misma forma se ha manifestado la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, señalando en un comunicado que ese pacto supone una "externalización" que genera dudas acerca de la protección de los derechos humanos. En el mismo escrito consideró que con dicha medida, Reino Unido "busca eludir la responsabilidad". Pidió a los parlamentarios británicos que, al analizar este acuerdo, garanticen que "no se produce un retroceso de las garantías a los derechos humanos en el sistema de asilo en el Reino Unido".

"Deben rechazar las propuestas que permitan deslocalizar" el acceso al asilo y que haya distinciones en el nivel de protección o del acceso a procedimientos legales "en función de cómo se haya llegado al país", urgió.

También se manifestó el director de derechos de los refugiados de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), Steve Valdez-Symonds, recordando el mal historial en materia de derechos humanos de Ruanda. "Enviar personas a otro país, y más a uno con un historial de derechos humanos tan pésimo, para el procesamiento de asilo es el colmo de la irresponsabilidad", afirmó. 

Además, Refugee Action criticó el plan. Su director, Tim Naor Hilton, consideró que el Reino Unido debería haber aprendido del "horrible experimento de Australia", cuando envió refugiados a miles de kilómetros de distancia, a campamentos donde sufrieron diferentes tipos de abusos.