La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado un decreto ley con su primer paquete de medidas al frente del nuevo Gobierno. Entre ellas, una norma para prohibir las fiestas rave, la cual introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre "la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública".

Los partidos de la oposición han rechazado esta ley al considerarla liberticida pues podría aplicarse también a otra serie de concentraciones y manifestaciones, como las protestas estudiantiles en institutos o universidades. El delito prevé una pena de entre tres y seis años de prisión y multa de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes "organicen o promuevan" la reunión.

La aprobación de la medida se ha dado de urgencia después de que miles de jóvenes italianos y de toda Europa se citaran en una rave ilegal, ocupando una nave en un terreno agrícola en Modena, en el centro de Italia. Los organizadores dieron por terminada y abandonaron la nave la fiesta en la mañana del lunes, cuando el ministerio del Interior dio la orden a la Policía para que desalojase el lugar.

La vaguedad con la que se formula el delito ha sido objeto de críticas entre la oposición y los expertos, ya que la norma podría aplicarse también a mítines, manifestaciones, concentraciones, por ejemplo, las protestas estudiantiles o de trabajadores en las fábricas.

Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD), ha advertido: "La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las raves", escribió. Mientas que el secretario saliente del PD, Enrico Letta, calificó la ley de "un gravísimo error" y aseguró que "las raves no tienen nada que ver con una regla similar" y que "es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona" y pidió su retirada.

El Ministerio del Interior respondió a las críticas aclarando que "la ley antirave se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública" y que "no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones".

Giuseppe Conte, presidente del Movimiento 5 Estrellas, acusó de que esta norma es de "Estado policial", y organizaciones como Amnistía Internacional Italia han considerado que esta ley "corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado".

Desde el Gobierno, por su parte, no tienen intención de dar marcha atrás. "No hay vuelta atrás", escribió en las redes sociales el líder de la gubernamental Liga y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que "la leyes se respetan".