BRUSELAS.- “En España hay miles de jóvenes como mi hijo, detenidos con acusaciones falsas”, ha denunciado en Bruselas Elena Ortega, la madre de ‘Alfon’, Alfonso Fernández Ortega, el joven de 23 años que en enero fue condenado a cuatro años de cárcel acusado de llevar un artefacto explosivo casero en la huelga del 14-N de 2012, hechos que él siempre ha negado.

“Estamos siendo testigos y sufriendo la represión que están padeciendo los jóvenes, nuestros hijos, por parte de un gobierno que está criminalizando la protesta”, ha criticado Ortega, que también es miembro de la Asociación de Madres contra la Represión.

La UE inicia el procedimiento sancionador a España por no trasponer dos directivas europeas a su sistema jurídico

De hecho, la UE ha iniciado ya el proceso de sanción a España por no trasponer dos directivas europeas para dotar de más derechos judiciales a los detenidos o procesados.

Ortega ha estado en el Parlamento Europeo de Bruselas en una reunión organizada por la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, con representantes de la Comisaría Europea de Justicia. Junto a Ortega, en el encuentro estuvieron también el abogado de ‘Alfon’, Erlantz Ibarrondo, y Alejandro Gómez, miembro de la Asociación Libre de Abogados.

Albiol ha señalado que “IU solicitó la reunión con la Comisión Europea porque estamos preocupados por la criminalización y represión de que está siendo objeto la protesta social por parte del Gobierno en España”.

La eurodiputada de IU destacó que el caso de ‘Alfon’ no es una excepción. “En la reunión hemos hablado de muchos episodios similares más, como el de Ismael y Dani, que estuvieron 34 días en prisión preventiva por una huelga, de los mineros de León, la represión de las protestas del 15-M…”.

“Con la crisis, la gente ha salido a la calle y se está atacando su libertad de expresión y de manifestación”, ha señalado Albiol quien destaca que España está incumpliendo tres directivas europeas sobre Justicia, dos de las cuales han concluido ya su proceso de trasposición nacional, “por lo que la UE ha comenzado ya el proceso de sanción a España”.

Se trata de la directiva 2000/64 y 2012/13, sobre el derecho a la traducción e interpretación de los detenidos (fundamentalmente inmigrantes) y sobre el derecho a la información en los procesos penales, respectivamente.

“La UE está preocupada”

Junto a estas directivas, España no aplica tampoco la 2013/48, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, si bien el proceso de trasposición de ésta a las leyes españolas no ha concluido (lo hará en 2016) por lo que la UE no puede iniciar el expediente sancionador.

Sin embargo, destaca Albiol que “España es el único país de Europa que se ha negado a dar información a Bruselas sobre la implantación de estas directivas”.

“La Comisión Europea nos ha asegurado que está preocupada por el caso de España y han recalcado que las detenciones tienen que tener siempre una base clara”, ha añadido la eurodiputada de IU.

“España no garantiza los derechos de los detenidos según la normativa europea y además el Gobierno no tiene voluntad de hacerlo”, ha asegurado Alejandro Gómez.

“La trasposición de estas normativas europeas es muy sencilla, no hay que crear nada ni cuesta nada, simplemente hay que aprobarlas mediante una ley”, añade Gómez. “El Gobierno dice que lo hará en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no da información sobre la misma, no sabemos nada de eso”.

“Así que siguen sucediendo cosas como que aunque al abogado se le debe mostrar, según las directivas, el atestado del detenido en el momento de la detención, pues no se hace y los jueces y los fiscales tampoco velan por que se haga. Los abogados estamos solos en esto”, se lamenta.

Entretanto, dice la madre de Alfon, “los jóvenes siguen siendo detenidos, la policía elabora atestados con acusaciones falsas, siempre el mismo atestado: resistencia a la autoridad, lesiones y desobediencia, y luego los jueces y los fiscales no toman en cuenta más que la opinión de los policías, por más pruebas que pueda haber en contra”, denuncia.

“Alfon está tranquilo y estudiando”

Elena Ortega cuenta que Alfon sigue confiando en que los recursos interpuestos ante el Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid den sus frutos.

Ante el Supremo se ha recurrido la condena a Alfon de cuatro años dictada el pasado mes de enero por la Audiencia Provincial de Madrid. La policía lo acusó de llevar un artefacto explosivo de fabricación casera en una mochila en la huelga general del 14-N de 2012. Él niega que llevara nada y acusa a la policía de inventar la prueba.

Poco antes, en diciembre de 2012, un juez de lo penal lo condenó a un año de prisión por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones por unos hechos sucedidos en junio de 2012. Esta vez, todo comenzó cuando la policía detuvo el coche en que viajaba Alfon por haber cruzado un semáforo en rojo, cosa que Alfon niega que sucediera. Tras lo cual, se comenzó una disputa entre la policía y los ocupantes del vehículo.

Alfon ha denunciado en ambos casos estar siendo perseguido por la policía. Su abogado, Erlantz Ibarrondo, asegura que “nuestra preocupación es que la policía pueda estar elaborando ficheros de activistas simplemente por su ideología, sin que hayan hecho nada. Hemos preguntado a la UE si estas acciones tienen cobertura legal”.

En espera de las reacciones a sus recursos, “Alfon está tranquilo, trabajando hasta que sepa qué va a ocurrir con su vida”, cuenta su madre, Elena.