Lula da Silva llegó a la sede del Partido de los Trabajadores con el gesto tenso. La plana mayor del partido se trasladó a su sede en Sao Paulo para apoyar al expresidente. Era la primera vez que hablaba desde que el miércoles el juez Sergio Moro anunció que lo condenaba a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero relacionándolo con el escándalo de Petrobras, la mayor trama de corrupción del país. 

La sentencia era previsible. Desde que el pasado 10 de mayo el juez Moro interrogó al expresidente Lula en Curitiba, la condena del sindicalista era un secreto a voces porque el propio magistrado lo había dado a entender en diversas ocasiones. La respuesta del ex mandatario también ha sido la esperada. El metalúrgico de San Bernardo dejó claro que nadie le sacaría del juego político: “Más que nunca estoy en el juego y me voy a preparar para ganar las elecciones”, incluso bromeó sobre el asunto: “Cada mañana me tomo mis vitaminas y me voy al gimnasio. Voy a pelear como cuando tenía 30 años”, dijo mientras los afiliados petistas gritaban: “Urgente, Lula Presidente”.

Lula da Silva se enteró de la sentencia a las 15.40 de la tarde del miércoles. Según el juez, el petista habría ganado 1,1 millones de dólares a de la constructora OAS a cambio de que la empresa consiguiera firmar tres contratos con la estatal Petrobras. El pago de los sobornos se habría materializado en la compra de un apartamento en el litoral de Sao Paulo que además habría sido sometido a una serie de reformas también pagadas por la constructora.

El expresidente reconoció ante el juez que su mujer se interesó por el inmueble pero no lo llegaron a comprar, por lo tanto la vivienda nunca estuvo a su nombre y sí al nombre de la empresa OAS. Este ha sido el argumento fundamental de los abogados del exmandatario que han criticado tanto a la Fiscalía como al magistrado por acusar al ex líder del PT con una “total falta de pruebas” que indiquen que fuera dueño del apartamento y que ayudara a la constructora a conseguir contratos de manera fraudulenta: “Solo han atendido a la confesión de alguien que diría cualquier cosa para salir de la cárcel”, dijo el abogado Cristiano Zanin, refiriéndose al testimonio del ex ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, que desde prisión firmó un acuerdo de delación premiada y aseguró que el inmueble sí pertenecía al ex presidente.

El abogado Zanin recordó que de los 962 párrafos de la sentencia apenas cinco están dedicados a las pruebas de inocencia que presentó el equipo de Lula: “Esta condena es absolutamente ilegítima, desprecia a la justicia y a la Constitución del país”. El expresidente advirtió que “el estado de derecho se ha tirado al cubo de basura porque no se puede creer en la democracia sino se confía en la justicia.” También apeló a que alguien aportara alguna prueba contra él para al menos ser acusado justamente: “Estoy esperando a que me desenmascaren porque no aguanto más que me persigan por algo que no he hecho”.

Un año antes el juez comenzó a investigar formalmente al petista y el proceso judicial pasó a convertirse en un espectáculo mediático por los polémicos métodos usados por el magistrado de Curitiba. La investigación se desarrolló en un ring de boxeo en el que Moro y Lula se repartían los golpes.

La defensa del expresidente y una parte de la magistratura brasileña han puesto en duda el trabajo del juez al que acusan de “politizar la justicia” y de “parcialidad”. Por ello en la sentencia de este miércoles Moro subrayó que no le hacía “feliz la condena” sino que “defiende el dictado que dice que no importa lo alto que uno esté porque la Ley siempre está por encima”. También aprovechó la sentencia para criticar al expresidente del que dijo que había adoptado “tácticas cuestionables” y llegado a “intimidar a agentes de la Ley”. Según Rafael Mafei, profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo, hacer esas aseveraciones en la sentencia estaría “completamente fuera de lugar y se extralimitaría del trabajo de un juez”, dos de las principales críticas que siempre se han hecho al magistrado de Curitiba.

Sin embargo, Moro optó por no enviar a Lula a prisión directamente porque una “decisión así podría incendiar el país”, dijo. De este modo el expresidente podrá esperar en libertad la decisión del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Porto Alegre que es quien ahora en segunda instancia judicial tendrá que ratificar o desestimar la condena del de Curitiba.

Protestas en Sao Paulo por la condena de Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel /REUTERS

Carrera contra el tiempo 

La principal preocupación del Partido de los Trabajadores (PT) es el manejo de los tiempos que haga la Justicia para que la condena en segunda instancia llegue después de las elecciones de octubre de 2018 y el exmetalúrgico pueda ser candidato presidencial. Si le condenaran antes no podría presentarse a los comicios y la izquierda brasileña perdería al único candidato con posibilidades de victoria.

El diario Folha de Sao Paulo recordaba que el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Porto Alegre demora una media de un año y diez meses en ratificar o desestimar las sentencias del juez Moro, y un 54% de las veces han aceptado o incluso aumentado la primera condena.

Fue precisamente en Curitiba, después de ser interrogado por Moro, donde Lula anunció su vuelta a la carrera presidencial. La crisis económica que atraviesa el país y la bajísima popularidad del gobierno Temer, que apenas tiene un 2% de aprobación, colocaron rápidamente al exmandatario como favorito.

A pesar de tener cinco procesos de corrupción abiertos, una parte de la sociedad confía plenamente en el petista para volver a tomar las riendas del país. Las últimas encuestas del mes de junio de la empresa Vox Populi daban a Lula el 45% de los votos frente al 30% de sus posibles rivales.

El Partido de los Trabajadores denunció el miércoles que la decisión de Moro tendría “fines políticos” y no judiciales para evitar que Lula volviera a ocupar el Palacio de Gobierno. Tras conocerse la resolución del juez, el senador del PT por Rio de Janeiro, Lindenberg Farias, advirtió que la sentencia provocaría el efecto contrario: “La única forma que tienen de acabar con Lula es enviarlo a la cárcel pero ahora los ciudadanos van a apoyarle más que nunca”.

Desde del Instituto Lula confirmaron el jueves que “no existe un Plan B porque Lula va a ser nuestro candidato”. Ese es el mensaje que quiere dejar claro el PT que ya ha puesto en marcha la maquinaria sindical para movilizar a los trabajadores y a los movimientos sociales para defender al líder brasileño más importante desde la redemocratización del país.

“El presidente del pueblo”

Pocos políticos brasileños provocan pasiones como las que desata Lula da Silva. Horas después de anunciar la sentencia, la Avenida Paulista se llenaba de manifestantes a favor y en contra del expresidente. Bajo la arenga de “Lula inocente, Lula presidente” se agolpaban centenas de personas que lo defendían como ‘presidente del pueblo’: “Es el único que se ha preocupado por nosotros, le debemos todo y no permitiremos que vaya a la cárcel”, decía Neuza dos Santos, profesora de escuela pública.

Pero la polarización del país también sacó a la calle a los manifestantes anti petistas que vestidos con la camiseta de la selección gritaban “Lula ladrón vas al paredón”. El administrativo Rogerio da Silva celebraba la condena de Moro: “Por fin hay justicia en este país, ese ladrón tiene que desaparecer de la faz de la tierra porque dejó a Brasil en la miseria”, decía en tono exaltado.

La reacción del mercado financiero también se hizo notar rápidamente a favor de la decisión del magistrado. Apenas dos horas después de darse a conocer la condena, el dólar cayó y la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) cerró con su mejor marca de los últimos dos meses.

Brasil a la deriva

El presidente Michel Temer fue uno de los pocos que prefirió no opinar sobre la sentencia. Desde que la Fiscalía General del Estado lo acusó de corrupción pasiva, dedica todos sus esfuerzos por mantenerse en el gobierno y conseguir apoyos en el Congreso. En las próximas semanas los diputados tendrán que votar a favor o en contra de mantener las investigaciones de la fiscalía. Si decidieran seguir adelante el presidente tendría que abandonar el cargo y el líder de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, ocuparía su lugar. Desde de Brasilia dan por hecho la salida de Temer pero los partidos aliados todavía no han abandonado al mandatario.

El futuro del país a un plazo medio también es una incógnita. La incertidumbre en relación a los tiempos de la condena en segunda instancia deja un panorama completamente abierto para las elecciones del año que viene. El único candidato firme hasta el momento era el ex presidente Lula y su presencia a su vez influye en la decisión de la oposición para presentar a unos o a otros candidatos.

En estos momentos Lula da Silva tiene tantas posibilidades de ir a la cárcel como de convertirse por tercera vez en jefe del Ejecutivo del país. El propio Partido de los Trabajadores ha dejado claro que solo hay dos opciones después de la sentencia del juez Moro: “Lula irá a la cárcel o volverá a ser el presidente de Brasil”, dijeron este jueves.