Más allá del barco cárcel para refugiados o de los polémicos –y de momento, prohibidos– vuelos de expulsión de migrantes a Ruanda, Reino Unido ha dado un paso decisivo en su política migratoria que erosiona uno de los derechos humanos básicos reconocidos por la Convención de Ginebra: el derecho de asilo, a pedir protección internacional en el país.

El Parlamento Británico aprobó el martes el proyecto de ley contra la migración irregular del Gobierno conservador de Rishi Sunak, elaborado y defendido por su ministra del Interior, Suella Braverman. El texto va más allá de las soflamas contra los migrantes y de las propuestas efectistas que inundaron la escena política previa al brexit.

Esa retórica de la migración como amenaza a la seguridad nacional y lastre para el Estado del bienestar, junto al mantra de recuperar el control de sus fronteras ante la Unión Europea, ahora se ha convertido en cuerpo legal y, a juicio de Naciones Unidas y de decenas de organizaciones de derechos humanos, supone una peligrosa puerta abierta hacia la involución en derechos humanos y en en el derecho internacional.

Ninguna persona que acceda irregularmente a Reino Unido podrá pedir asilo allí y será inmediatamente devuelto a su país de origen o a un tercer país considerado seguro, como Ruanda. A los que queden, les espera un distópico buque con 500 plazas para solicitantes de asilo que estará atracado en la isla de Portland, donde se ubican varias prisiones británicas. Devueltos o encerrados hasta la resolución. Ese será el destino de miles de afganos, sudaneses, iraníes, iraquíes o sirios que han recorrido medio mundo huyendo para buscar un lugar donde empezar de cero.

Mientras el barco cárcel llegaba a su destino, el Parlamento Británico aprobaba el paquete de medidas sin admitir ninguna enmienda que lo suavice, ni de la oposición ni de conservadores críticos con el proyecto. A falta de la firma del rey, llegar en embarcaciones precarias jugándose la vida en el mar ya lleva la etiqueta de "ilegal" en Reino Unido. Hacerlo cierra la puerta a iniciar un expediente de protección internacional, y la misma norma aplica para los menores no acompañados, que podrán ser expulsados del país cuando cumplan 18 años.

Al mismo tiempo se elimina el límite legal por el que una persona indocumentada puede estar privada de libertad hasta su deportación y se generaliza la detención de migrantes con vistas a su expulsión.

A la derecha de la ultraderecha

Son medidas que van más allá de lo que Vox plantea en su programa electoral. Más restrictivas que las posiciones del Gobierno ultraderechista de Italia o de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia.

El Gobierno de Países Bajos dimitió la pasada semana por falta de acuerdo para restringir su sistema de asilo, pero solo hablaban de reducir el número de reagrupaciones de familiares de refugiados con estatus reconocido en el país. Solo Dinamarca se ha atrevido por el momento a devolver a Siria a algunos refugiados. Grecia efectúa devoluciones en caliente casi a diario y en alta mar, sin complejos, aunque siguen siendo ilegales. Pero ninguno de estos países ha reformado su ordenamiento jurídico en contra del derecho internacional.

Mientras, la presidencia española del Consejo de la UE busca impulsar un acuerdo para el pacto de migración y asilo en un contexto en el que las posturas antimigratorias ganan enteros en el continente.

"Es contradictorio, pero Reino Unido ha formalizado una ilegalidad, ha convertido en en ley algo ilegal. No solo atenta contra los convenios internacionales de derechos humanos, sino también contra parte de la legislación británica. Veremos si puede aplicarse, porque los tribunales estarán encima, pero el mensaje es sobre todo simbólico y normaliza posturas y acciones que hasta hace poquísimo tiempo eran líneas rojas", considera Blanca Garcés, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam e investigadora del CIDOB.

"Si hacemos un mapa con los países más iliberales o restrictivos en materia migratoria, la distinción entre extrema derecha y partidos tradicionales, conservadores o incluso progresistas, es casi irrelevante", argumenta la experta. Eso normaliza los discursos xenófobos y asienta las tesis con las que la ultraderecha se ha abierto camino en Europa, advierte.

Duras críticas de la ONU

Pero la ley británica está ya entre las más duras de Europa y ha hecho saltar las alarmas de varias agencias de las Naciones Unidas. Sorprende la contundencia del comunicado que el martes emitieron el Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi; y el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, siempre críticos pero con un tono más que diplomático. No hubo medias tintas en sus posturas.

"Esta nueva legislación socava significativamente el marco legal que ha protegido a tantas personas, exponiendo a los refugiados a graves riesgos al quebrantar el derecho internacional", aseguró Grandi.

"Llevar a cabo deportaciones en estas circunstancias es contrario a la prohibición de refoulement (devolución a un lugar donde la vida o integridad de la persona pueda estar en peligro) y va en contra también de la prohibición de realizar expulsiones colectivas, del derecho a un procedimiento justo, a tener vida familiar y privada, y al principio del interés superior de los menores concernidos ", dijo Türk.

Para ambas agencias de la ONU, la ley británica "contradice las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y los refugiados" y "tendrá consecuencias profundas para las personas que necesitan protección internacional". Además "crea amplios poderes de detención con una supervisión judicial limitada".

Empujados a la marginalidad

El Consejo de Refugiados del Reino Unido (Refugee Council), una organización no gubernamental de gran peso en el país, calcula que esta ley llevará a que a unas 190.000 personas puedan ser encerradas y/o empujadas a la marginalidad y la exclusión social, entre ellas, 45.000 niños que podrían caer en la miseria.

Más allá de la legalidad, el principal problema que se achaca a esta ley es que fía todo a que las deportaciones sean rápidas y efectivas. Pero los datos del histórico de deportaciones no indican eso. El porcentaje de expulsiones de migrantes es muy inferior al número de llegadas en toda Europa. Dependen de los acuerdos alcanzados con los países de origen o de tránsito, que no siempre aceptan los retornos.

La otra pata del plan es disuadir a los migrantes que miran Reino Unido como país de acogida y frenar así la llegada de embarcaciones. El problema, coinciden las agencias de la ONU y numerosos expertos, es que el precio de la disuasión pasa por aumentar las bolsas de personas indocumentadas –sin derechos, sin servicios sociales, sin trabajo legal, sin sanidad–. Miles de personas en exclusión social que podrían suponer serios problemas de convivencia, además de un sufrimiento innecesario.

Un ejemplo claro de lo frágil de este proyecto es el plan de deportaciones a Ruanda, pilar central de la nueva política migratoria postbrexit que, sin embargo, está suspendido por la justicia británica. Decenas de ONG lo recurrieron ante los tribunales alegando que el país no reúne garantías de seguridad para los refugiados devueltos. Pero el Gobierno tory logró recurrir la anulación ante el Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si el Estado africano es un lugar seguro para los solicitantes de asilo rechazados por Reino Unido, cuyo número aumentará significativamente a partir de ahora. 

Ganan las tesis de la ultraderecha

La espoleta de este proyecto de ley fue el gran aumento de llegadas de migrantes en pateras al sur de Inglaterra a través del Canal de la Mancha. El año pasado superó los 45.000 migrantes frente a los 28.300 de 2021 y a los poco más de 8.000 que llegaron en 2020. El aumento es exponencial, pero no son cifras de crisis migratoria. Son comparables a las de España, que recibió en 2022 casi 42.000 migrantes irregulares, muy lejos de las llegadas a Italia o Grecia, donde el fenómeno también se tamiza con el velo de la amenaza.

No es difícil trazar el camino hasta este recorte de derechos y al quiebre de la legislación internacional, esa serie de consensos en los que pivotó el proyecto europeo tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de los totalitarismos. Ahora parecen ahogarse en el resurgir de discursos ultranacionalistas.

Mientras en la UE se mira con escenificada preocupación a las posturas iliberales de Polonia o Hungría en materia migratoria y de asilo, o se advertía del retroceso que traería el gobierno ultraderechista de Italia; Reino Unido, la cuna de la democracia liberal, ha llegado más lejos y más rápido que todos ellos al transformar en ley las posturas más ultras de las que impregnan Europa. Y lo ha hecho un Gobierno conservador que acabó abrazando el brexit ante el auge del extremista UKIP de Nigel Farage y que apunta a la migración como un problema principal mientras su economía y sus servicios públicos hacen aguas.

Con cada nueva medida antimigratoria, Garcés siempre responde que es "un paso más", pero Europa lleva recorriendo ese camino desde hace ya más de una década. "Hemos pasado de que los Estados incurran en prácticas ilegales tratando de ocultarlas a que se hagan a plena luz del día. Ahora se convierten en ley, pero que se aplique o no es lo de menos. El objetivo es convencer a los votantes de que el Gobierno hace lo que debe para protegerles de esa amenaza externa construida", zanja Garcés.