Frontex, la agencia europea para el control de fronteras y costas, no solo ha salido airosa, sino también reforzada tras su año más convulso. Los escándalos por su implicación en devoluciones ilegales y violaciones de derechos de personas migrantes y refugiadas en diferentes fronteras europeas llevaron a su director, Fabrice Leggeri, a comparecer ante el Parlamento Europeo el año pasado en una investigación que le puso contra las cuerdas, pero que concluyó sin consecuencias.

Mientras la Eurocámara investigaba estas acusaciones, Frontex trabajaba en más vuelos de retorno de migrantes hasta hacer de 2021 su año récord. En su informe anual, la agencia se jacta de haber dado apoyo a los Estados miembros de la UE para la deportación de 18.300 personas que habían entrado o permanecían de forma irregular en territorio comunitario. Es un aumento de casi el 80% respecto a las cifras de 2020, cuando ayudó en la expulsión de casi 4.000 personas, su número más bajo desde 2016 debido a cierre de fronteras obligado por la crisis del coronavirus. Sin embargo, los expulsados en 2021 representan un 18% más que los de 2019, el año récord hasta la fecha con más de 15.000 expulsiones.

Las deportaciones asistidas por Frontex aumentan en varios miles cada año, aunque apenas afectan al 12% de las personas que cruzan de forma irregular las fronteras de UE. En 2021, según la recopilación de la Organización Internacional para las Migraciones, cruzaron irregularmente casi 150.000 personas, ya fuera por tierra o por mar. Cifras que dan una idea de lo ineficaz de este modelo de control migratorio en el que Europa gasta miles de millones cada año.

Un presupuesto disparado

Sus deportaciones tampoco crecen al mismo ritmo que el presupuesto de agencia. Si en 2005, el año de su nacimiento, se la dotó de 50 empleados y seis millones de euros, en una década y media ha multiplicado por 77 sus fondos, pasando a gestionar 460 millones y 1.200 empleados.

El Objetivo de la Unión Europea, que ya le ha otorgado el papel fundamental en el control de la inmigración irregular, es que para 2027 cuente con 10.000 empleados. La mayoría serán policías de frontera. Para ello, Bruselas destinará un total de 12.800 millones que irán a parar, no solo a contratar agentes, sino también a comprar equipamientos y a adquirir tecnología de la llamada industria del control migratorio. Se trata de un gran negocio para las empresas de seguridad a las que la UE riega de millonarios fondos públicos desde hace años sin que por ello se eviten las llamadas "crisis migratorias".

El personal de Frontex está presente en las rutas migratorias a través de Mediterráneo, desde la costa andaluza hasta Grecia, pasando por Italia y, desde 2021, en la ruta hacia las Islas Canarias. En los últimos años han invertido en alta tecnología como drones, dirigibles y otras aeronaves, además de vehículos para escrutar puntos calientes de las fronteras. También se desplegó sobre el terreno en la frontera lituana cuando el Gobierno bielorruso decidió permitir e incitar el paso de personas migrantes.

Sin embargo, no se ha desplegado en la frontera polaca, epicentro de la crisis humanitaria espoleada por Bielorrusia, donde se han producido devoluciones en caliente ilegales y se ha impedido a la prensa acceder a la frontera. En enero de 2021, Frontex anunció la retirada de su personal de las fronteras de Hungría alegando que el gobierno del ultra Viktor Orban no cumplía con la legalidad europea al realizar devoluciones en caliente de migrantes. También en 2021, la agencia ha aumentado su presencia en el Canal de la Mancha, donde ha repuntado de forma considerable el número de migrantes que tratan de llegar a Reino Unido en precarias embarcaciones desde la costa francesa.

El foco del escándalo que llevó al director de Frontex a comparecer ante el Parlamento Europeo fueron varias devoluciones ilegales documentadas en 2020 y realizadas por los guardacostas griegos en el mar Egeo. En esta ocasión, según publicó una investigación de medios internacionales, varias embarcaciones con solicitantes de asilo que zarparon desde Turquía fueron interceptadas y dejadas a su suerte en medio del mar con la connivencia o sin ningún impedimento por el personal de Frontex desplegado en la zona. Los hechos fueron condenados por organizaciones de Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Aunque también se le acusa de mirar hacia otro lado ante la violencia ejercida con las personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Hungría y Croacia, documentada por numerosas ONG sobre el terreno.

El Defensor del Pueblo de la Unión Europea también ha llamado la atención a esta agencia por su falta de transparencia y por la escasa formación del personal de Frontex en materia de derechos humanos. Aun así, la comisión de investigación del Parlamento Europeo no fue concluyente gracias, sobre todo, al papel de los diputados de los grupos Populares, Liberales y de la extrema derecha. Se negaron a incluir en el informe y en las comparecencias los testimonios de las ONG que podían aportar pruebas concluyentes sobre el papel de Frontex en estas acciones.