La Justicia estadounidense ha aceptado este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales, muchos de ellos clasificados, recuperados en la residencia del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) en Florida.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump, que el pasado día 1 alegaron que su designación brindaría "confianza" a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Florida.

Los letrados habían reclamado ese "special master", como se denomina en inglés al perito independiente, no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado cliente, y por ende separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado por el FBI en la residencia de Trump.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) habían señalado como "innecesaria" la designación de un perito al considerar que dilataría las pesquisas. Hace unos días, la jueza ya había admitido que era proclive a designar a este perito independiente.

Decenas de documentos clasificados

En el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron 13.097 documentos de su etapa presidencial, entre ellos más de 300 clasificados, algunos de ellos con la etiqueta de 'top secret'.

El Departamento de Justicia acusa a Trump de haber incumplido hasta tres leyes federales, entre ellas la Ley de Espionaje y la de Registros Presidenciales, y lo investiga por obstrucción judicial y tenencia ilícita y destrucción de documentos, delitos que pueden conllevar penas de prisión. De ser condenado, el expresidente sería inhabilitado para ejercer un cargo público, por lo que no podría ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

La decisión de la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.

No obstante, apunta que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de gobierno y de inteligencia calificados como "top secret".