El plan del Gobierno conservador británico para lidiar con la migración y consistente en la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda es legal. Así lo ha dictaminado este lunes el Tribunal Superior de Londres.

La defensa de los migrantes sostenía que dicho país es un estado autoritario que tortura y asesina a quienes considera sus oponentes. Sin embargo, el fallo de la Justicia considera que "es legal que el Gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se determinen en Ruanda y no en el Reino Unido".

El texto añade que el Ejecutivo británico "ha hecho arreglos con el Gobierno de Ruanda para garantizar que las solicitudes de asilo de las personas reubicadas en Ruanda se determinen adecuadamente en Ruanda". No obstante, el dictamen puntualiza que las autoridades británicas deben "considerar adecuadamente" las circunstancias de cada demandante individual.

Este proceso judicial empezó después de que la exministra de Interior Priti Patel firmara el pasado abril un polémico acuerdo con Kigali para enviar allí a los solicitantes de asilo en el Reino Unido, un plan que no tardó en atraer demandas legales. De hecho, el primer vuelo que debía haber salido de este país el pasado 14 de junio en dirección a Ruanda no pudo despegar por estas acciones legales en curso. 

Críticas al fallo judicial 

El Ministerio del Interior británico considera que Ruanda es un país seguro, con un historial de apoyo a los solicitantes de asilo, pero su opinión no coincide con la de las organizaciones que apoyan a los refugiados y la oposición.

Por ejemplo, con el criterio de la directora ejecutiva de la organización benéfica para migrantes Choose Love, Josie Naughton. Según unas declaraciones recogidas por la agencia Efe, la mandataria considera que la decisión judicial "va en contra de los compromisos y la rendición de cuentas internacionales".

Por su parte, la oposición laborista ha calificado el dictamen de "inviable" y "poco ético". En concreto, la portavoz de Interior del Laborismo, Yvette Cooper, ha señalado que el plan de Ruanda es una "distracción dañina de la acción urgente que el gobierno debería tomar para perseguir a las bandas criminales y solucionar el sistema de asilo".