Los cuerpos recuperados ascienden a 63. Son las víctimas mortales de la última tragedia migratoria frente a las costas italianas, aunque llegarán seguramente al centenar, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los servicios de rescate han trabajado desde el domingo para localizar a posibles supervivientes de la embarcación que se partió a pocos cientos de metros de una playa de Crotone, en la región sureña de Calabria, donde el fuerte oleaje ha ido empujando cadáveres y restos de la lancha durante las últimas 24 horas. Las primeras hipótesis apuntan a que chocó contra una roca.

La tragedia ha conmocionado a una localidad, Steccato di Cutri, poco acostumbrada a la llegada de pateras, y no llega en el mejor momento en el panorama político: sólo dos días después de que el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni ordenara la detención administrativa del Geo Barents, el buque de rescate humanitario de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

Es la primera embarcación búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo que queda inmovilizada por el nuevo decreto italiano que limita las labores de las ONG, batalla de la que hizo bandera Matteo Salvini como ministro del Interior durante su anterior paso por el Gobierno italiano y, actualmente, desde la Vicepresidencia y el Ministerio de Transportes e Infraestructuras, que controla los puertos. Sin embargo, es el actual titular de Interior, Matteo Piadentosi, también de la ultraderechista Lega, quien está acaparando las críticas. No solo por el nuevo decreto que ha impulsado, sino por sus declaraciones sobre esta tragedia. "La desesperación no justifica viajes que pongan en peligro a los niños", ha dicho el ministro este lunes.

MSF ha dejado claro que el naufragio de este domingo no se enmarca en la ruta migratoria en la que suele operar (que se centra en las salidas desde la costa libia con rumbo a Sicilia). Pero la muerte de más de 60 personas, entre ellas varios niños de muy corta edad, mientras se retiene en puerto a uno de los buques humanitarios con mayor capacidad de rescate y se limita la actividad de las ONG ha levantado malestar político y social en Italia. 

"Este caso es sangrante porque ha pasado a muy pocos metros de tierra. Pero entre la costa libia y la isla de Lampedusa ha habido otro naufragio reciente del que ni siquiera se saben los muertos; siguen llegando cuerpos a las cosas. No es un caso aislado, tragedias así ocurren constantemente y no llaman tanto la atención porque se sabe poco", opina Virginia Mielgo, coordinadora de MSF en el Geo Barents, el barco retenido administrativamente en el puerto de Augusta desde el pasado viernes.

Las primeras críticas al Gobierno italiano han llegado por la falta de respuesta ante un desastre a apenas 200 metros de la costa. Los equipos de rescate que se activaron fueron los de la Guardia di Finanza, mucho más limitados que los de la Guardia Costera para labores de socorro en el mar. El temporal que azotaba la zona del naufragio hizo imposible, según la versión oficial, que los equipos de salvamento pudieran acercarse para localizar y auxiliar a los supervivientes. Aunque "rescataran o no", ha dicho el ministro Piantedosi, los migrantes "no deberían salir" con estas condiciones meteorológicas. 

Hasta el momento se han puesto a salvo a 80 personas de diferentes nacionalidades, de las que 19 han tenido que ser ingresados en el hospital. El resto han sido trasladados al centro de acogida de la cercana localidad de Isola di Capo Rizutto, donde MSF trabaja en la primera atención médica y en el apoyo psicológico. También hay tres supervivientes detenidos, de nacionalidad turca, como supuestos traficantes responsables de esta fatal travesía.

Solo desde la mañana del lunes se desplegaron buzos y helicópteros, pues se temen muchas más víctimas. Los relatos de los supervivientes hablan de un viaje de cuatro días desde las costas de Turquía con 177 personas a bordo, la mayoría de Afganistán, Irán y Pakistán, aunque también de Somalia e Irak. Familias enteras en muchos casos. Entre los fallecidos se cuentan 14 menores, entre ellos varios niños y un recién nacido y 33 mujeres, según el Ministerio del Interior.

"Son los trágicos daños colaterales de las políticas italiana y europea de protección de las fronteras y de reducción de los canales regulares de acceso. Es imposible evitarlos sin un sistema institucional de salvamento marítimo", ha asegurado en rueda de prensa Marco Bertotto, director de programas de MSF Italia.

La tragedia ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que viene de lejos y que no afecta solo a la política migratoria italiana, sino al conjunto de la Unión Europea. Desde hace años, las organizaciones humanitarias han cubierto el vacío que han ido dejando Italia y a UE en labores de rescate en el Mediterráneo y han asumido una responsabilidad que corresponde a unos gobiernos más preocupados por frenar las llegadas que por rescatar a los que llegan. 

Menos rescates y puertos más alejados

Las ONG han ido encontrando cada vez más obstáculos administrativos que han pasado por multas, retenciones de los barcos o incluso procesos judiciales por supuesto tráfico de personas que han quedado en nada. La última vuelta de tuerca es el decreto promulgado por Piadentosi que recibió el visto bueno del Parlamento y del Senado la pasada semana.

Incluye nuevas directrices para llevar a puerto a los supervivientes que, según las ONG, no solo obstaculizan y encarecen su labor, sino que ponen en riesgo la vida de cientos de migrantes a la deriva y ataca la normativa marítima internacional y los derechos humanos. El Consejo de Europa ya ha advertido a Italia de ello, aunque para el Gobierno ultraderechista, esta medida evitará la llegada de 20.000 migrantes a Italia. No especifica de dónde sale esa cifra ni si esas decenas de miles de personas acabarán en el fondo del mar o en países donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.

Entre estas medidas, la más lesiva es la que obliga a los buques humanitarios a solicitar y dirigirse a puerto después de realizar un primer rescate. La mayoría de los barcos de las ONG tiene capacidad para socorrer a cientos de personas y normalmente rescataran varias embarcaciones a la deriva antes de dirigirse a puerto. "En 2022 hicimos de media 4,5 rescate por misión; 59 en todo el año. Fueron 3.848 personas rescatadas. Con el decreto actual habría hecho 14 rescates y 1.033 personas. Es decir, que vamos a rescatar dos tercios menos", lamenta Mielgo, cuya organización estudia acciones legales contra este decreto.

La otra consecuencia que más afecta a las operaciones es la asignación de puertos. Italia está obligando a trasladar a los supervivientes a puertos muy alejados de las zonas de rescate. Aunque con largas esperas, antes del decreto podían desembarcar en puertos de Sicilia o del sur peninsular italiano, mientras que las últimas operaciones han tenido que atracar en localidades del centro y norte peninsular. Supone entre tres y cuatro días de más de navegación que alargan los tiempos hasta que el barco puede prepararse para salir al mar de nuevo. "Detrás de todo esto hay una estrategia para retener a los barcos fuera de zona de operaciones de rescate, critica la coordinadora del Geo Barents.

Su buque permanece ahora inmovilizado en el puerto de Augusta, donde suelen realizar los cambios de tripulación y los reabastecimientos entre misiones. La orden de detención la emitió el puerto de Ancona, al norte de Italia, donde desembarcaron a los últimos migrantes rescatados la semana pasada. Fueron solo 48 personas. En la última operación de búsqueda y salvamento, el pasado enero, el Geo Barents rescató a 237 migrantes de tres embarcaciones. El ministro del Interior ya advirtió de que ser reservaba una posible sanción contra la ONG por realizar más de un rescate, tal y como fija el nuevo decreto.

Tras semanas sin noticias, el Geo Barents volvió a zarpar. Ahora tendrá que estar 20 días amarrado a puerto, según decretó la Autoridad Portuaria de Ancona. También ha sido multado con por un importe de entre 2.000 y 10.000 euros bajo la acusación de no haber facilitado a las autoridades italianas los datos VDR (Voyage Data Recorder). Es el equivalente náutico a la caja negra de los aviones, donde quedan registrados todos los movimientos del barco.

Las autoridades italianas, en su férreo control de las embarcaciones, habían pedido estos datos al Geo Barents inmediatamente después de asignarle el puerto de Ancona. Según MSF, nunca antes se habían pedido esta información, que suelen requerirse durante los momentos anteriores y posteriores a un accidente marítimo. Pero el nuevo decreto obliga a los ONG a facilitar todos los datos requeridos por las autoridades, explica Mielgo.

"La puesta a salvo de los 48 náufragos de la última operación de rescate no entra en la categoría de accidente y por eso el capitán no activó este procedimiento, sino que compartió, como de costumbre, el resto de la información relacionada con la misión", especifica la ONG. Su caso es un serio aviso para el resto de ONG.