Israel continúa con su campaña contra la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), después de acusar a la organización de colaborar con Hamás, y le exige que desaloje las instalaciones en su sede de Jerusalén este ocupado en un plazo de 30 días.

La Autoridad de Tierras de Israel (ATI), ha informado a la agencia después de aprobar la demanda presentada por el ministro israelí de Vivienda, el ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf. En una carta enviada el martes a la UNRWA, la ATI escribió que la agencia le debe una suma de más de 27 millones de shékels (unos siete millones de euros) por operar en tierras pertenecientes a Israel "sin consentimiento durante los últimos siete años", según informan medios hebreos.

Goldknopf asegura que la agencia está "obligada a detener de inmediato cualquier uso ilegal, destruir todo lo que haya construido en violación de la ley, desalojar el terreno de cualquier persona o artículo y devolverlo a la ATI dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la carta".

"Si usted no cumple, la ATI se reserva el derecho de responder con todos los medios legales, y usted tendrá que asumir los costos que ello conlleva. No se enviará otra advertencia", añade la misiva.

Desde el inicio del asedio israelí a Gaza la UNRWA ha estado en el punto de mira del país hebreo, que acusó a una decena de empleados de la agencia de participar en los ataques de Hamás del 7 de octubre y alega que más de dos centenares de su plantilla tienen vínculos con los islamistas; y no oculta su intención de cerrarla.

De hecho, Goldknopf, líder del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, acusó a la UNRWA de haber "actuado al servicio de Hamás e incluso participado en la brutal masacre del 7 de octubre".

En las últimas semanas, israelíes extremistas han atacado la sede de la UNRWA en Jerusalén este ocupado en varias ocasiones, lo que obligó a la agencia a cerrar temporalmente.

Israel frena una resolución de la OMS sobre Gaza

Israel logró este miércoles frenar que se aprobara una resolución en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se señalaban los graves daños causados a la situación sanitaria de Gaza, merced a una maniobra que precipitó la retirada del documento por los países árabes, promotores iniciales del texto.

La delegación israelí presentó una enmienda al texto que pedía incluir un párrafo donde se reclamaba la liberación incondicional de los rehenes retenidos en Gaza y se condenaba "el uso por parte de grupos armados de establecimientos de salud, incluidos hospitales y ambulancias, que pone en peligro a la población civil".

Dicha enmienda logró ser aprobada por un estrecho margen, con 50 votos a favor de los Estados miembros de la OMS, 44 en contra y 31 abstenciones (52 delegaciones estaban ausentes), ante lo cual el representante de Egipto, en nombre de los países árabes, anunció que la resolución original sería retirada.