La matanza este pasado jueves de más de 100 palestinos en Ciudad de Gaza, a los que las tropas de Israel acribillaron y lanzaron morteros de artillería mientras se agolpaban en torno a uno de los escasos camiones de ayuda humanitaria que entran a diario en la franja, ha reabierto una herida que supura desde hace tiempo en la conciencia de la comunidad internacional.

El suceso ha provocado un rechazo generalizado y ha conmovido al mundo entero, hasta el punto de que Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, ha tenido que reconocer que lo ocurrido este pasado jueves "complicará sin duda unas posibles las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes" que aún permanecen en manos de Hamás. La propia Unión Europea, acostumbrada a nadar y guardar la ropa cuando trata asuntos relacionados con Israel, ha pedido incluso una investigación a fondo de lo sucedido.

Sin embargo, todos los antecedentes, y en especial los acontecimientos de las últimas semanas, invitan a pensar que la matanza de Israel no tendrá más condena que la moral. También cunde la sospecha de que la comunidad internacional no irá más allá de meras declaraciones reprobatorias.

A pesar de que los mandatarios de varios países -desde China y Australia hasta Colombia, pasando por Francia y la Unión Europea- han expresado su indignación y su condena a un acto que el derecho internacional y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) catalogan como crimen de guerra, queda un cierto regusto amargo y la sensación generalizada de que Israel goza de una impunidad que no tiene absolutamente nadie más en la escena internacional.

Aunque pueda parecer una afirmación aventurada, es muy probable que los responsables que ordenaron a los soldados israelíes disparar contra un numeroso grupo de palestinos hambrientos y desarmados bajo la excusa de que eran "una amenaza" no van a tener que responder de sus actos ante ningún tribunal, como sí ocurrió en otras matanzas que recuerdan mucho a esta perpetrada por Israel.

Los casos de Bosnia y Ucrania

La masacre de este jueves evoca otras que sí han sido perseguidas y juzgadas. Imposible no acordarse de las que tuvieron lugar durante la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995, o del genocidio de Ruanda en 1994. En ambos casos la ONU creó dos tribunales especiales para juzgar a los culpables de esas matanzas.

Los responsables materiales y políticos de sendas matanzas en un mercado de Sarajevo en 1994 y 1995, en los que también murieron casi cien personas mientras hacían cola para comprar alimentos, o la más conocida de Srebrenica, en la que fuerzas paramilitares serbias ejecutaron en apenas tres días a 8.300 bosnios, acabaron delante de un tribunal.

En el caso de Srebrenica, el líder político de los serbobosnios, Radovan Karadzic, y el ejecutor directo de la matanza, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados años después a cadena perpetua por la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal permanente con sede en La Haya que juzga crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Entonces la comunidad internacional ni olvidó ni perdonó pese al paso del tiempo. 

La CPI fue asimismo bastante diligente a la hora de emitir en marzo de 2023 una orden de detención contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, por los crímenes de guerra de sus tropas en Ucrania, pero no lo ha sido tanto con ninguno de los responsables políticos israelíes, empezando por su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Putin está formalmente acusado de crímenes de guerra, entre ellos por la matanza de la ciudad de Bucha, en la que los soldados rusos asesinaron a centenares de civiles ucranianos indefensos a principios de marzo de 2022. La de Bucha es la matanza más grave en Europa después de la Srebrenica. 

Israel, por contra, contempla impasible como una investigación abierta en 2021 por la CPI para determinar si cometió crímenes de guerra en anteriores incursiones en Gaza, como la de 2014, apenas avanza.

Es más, tiene escasos visos de prosperar. Al Gobierno Israelí no parecen preocuparle las diferentes denuncias que han presentado ante la CPI varios países por sus actos en Gaza o la que presentaron también en su día cerca de 300 abogados y más de un centenar de ONG presentaron para que se investigue el "genocidio" que está cometiendo Israel desde el pasado 7 de octubre de 2023, fecha en la que se desencadenó el conflicto en Gaza. Desde entonces no se ha avanzado nada. Por si fuera poco, Netanyahu ya ha dicho en más de una ocasión que no reconoce la autoridad de la CPI.

La prueba más irrefutable de la impunidad israelí es el dictamen que emitió hace apenas un mes el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) (no confundir con la CPI), el órgano judicial de la ONU que resuelve disputas entre Estados. El pasado 26 de enero, este tribunal se pronunció sobre la denuncia que había presentado Sudáfrica contra Israel unas semanas antes por su "genocidio" en Gaza.

Sudáfrica pedía al tribunal de la ONU que ordenara a Israel detener sus ataques sobre la población civil de la franja. El dictamen fue decepcionante: los jueces ignoraron la petición de Sudáfrica y solo pidieron a Israel "adoptar medidas" para evitar un genocidio. Un mes después esa petición ha caído en saco roto.