La ejecución este sábado del ciudadano británico-iraní Alireza Akbari ha supuesto un antes y un después para la comunidad internacional. Este ahorcamiento no solo ha hecho que el Reino Unido se esté replanteando su apoyo al acuerdo nuclear con Irán, sino que ha obligado a la Unión Europea (UE) a pronunciarse.

"La ejecución de un ciudadano europeo es un precedente espantoso que la UE seguirá de cerca", ha declarado el máximo responsable diplomático de dicho organismo, Josep Borrell, quien a continuación ha recordado que "la pena de muerte viola el derecho inalienable a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el máximo castigo cruel, inhumano y degradante".

El también exviceministro de Defensa Alireza Akbari fue condenado esta semana tras ser acusado de espiar para los servicios de inteligencia británicos. Según las autoridades judiciales iraníes, fue sentenciado por "espiar para el MI6" a cambio de "1.805.000 euros, 265.000 libras y 50.000 dólares estadounidenses".

Unas horas después de conocerse su muerte, el Reino Unido ha anunciado la imposición de sanciones contra el fiscal general de Irán, Mohamad Yafar Montazeri, en represalia por las recientes ejecuciones de reos.

"Sancionarle hoy subraya nuestro malestar con la ejecución de Alireza Akbari", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, quien ha recalcado que Montazeri "está en el corazón del uso de la pena de muerte en Irán". "Estamos haciendo que el régimen rinda cuentas por sus lamentables violaciones de los derechos humanos", ha añadido.

Cuatro ejecutados por participar en las protestas

Justo una semana antes, el sábado 7 de enero de 2023, Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini fueron ejecutados a primera hora de la mañana, acusados del asesinato de un basiji -miliciano islámico- en noviembre durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.

Los dos jóvenes, de 22 y 20 años respectivamente, fueron calificados por la agencia Mizan -perteneciente el Poder Judicial del país- de "alborotadores" por su participación en los "disturbios" de la ciudad de Karaj, cercana a Teherán, a principios de noviembre, cuando habrían intentado cortar la autopista Karaj-Qazvin y atacado a agentes de seguridad.

Las ejecuciones de Karami y Hosseini se suman a las de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard a principios de diciembre por su participación en las protestas que sacuden el país.

Mohsen Shekari fue el primer ejecutado por su participación en las protestas. Su condena se hizo efectiva el jueves 8 de diciembre de 2022, tras ser sentenciado a la pena capital el 29 de noviembre.

Tras él llegó la primera condena hecha en un espacio público. Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en la ciudad santa de Mashad después de que fuese sentenciado a muerte por, supuestamente, matar a dos agentes de seguridad, según informó entonces Mizan. El joven fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y su juicio se celebró el 29, mismo día en el que fue condenado a muerte.

Además, Irán hay en la actualidad otras 17 personas condenadas a muerte por el régimen. La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que, solo hasta noviembre, diversos grupos de derechos humanos investigaban la muerte de al menos 341 manifestantes, incluidos 52 niños, en las protestas sociales desatadas tras la muerte de Mahsa Amini.

La ONG denunció también que hay más de 15.000 manifestantes bajo custodia en el país, detenidos en prisiones sobrepobladas y sin acceso a un "debido proceso", y sin que las autoridades investiguen "las numerosas acusaciones de tortura o la rutinaria restricción de los detenidos a la asesoría legal".

Por su parte, Amnistía Internacional también ha denunciado lo sucedido mediante un comunicado y lo ha calificado como "un abominable ataque al derecho a la vida". Condenan también las torturas y coacciones a las que fue sometido Alireza Akbari y llaman al Gobierno británico a investigar a fondo el caso y  a "buscar todas las vías para que las autoridades iraníes rindan cuentas, incluso ejerciendo la jurisdicción universal para investigar penalmente a todos los funcionarios sobre los que existan sospechas razonables de participación en delitos de derecho internacional".