Bajo la constante amenaza del crimen organizado, con cifras de muertes violentas propias de una guerra y el recuerdo todavía presente del magnicidio del candidato Fernando Villavicencio en agosto, Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con dos propuestas antagónicas.

Luisa González (45 años), afín al exmandatario progresista Rafael Correa (2007-2017), se batirá con el conservador Daniel Noboa (35 años), hijo del magnate y eterno perdedor en las urnas Álvaro Noboa. Ambos contendientes afrontan un reto gigantesco: doblegar al narcotráfico y sanear las estructuras corruptas del Estado.

El asesinato de Villavicencio a plena luz del día el pasado 9 de agosto, durante la campaña electoral de la primera vuelta, marcó un punto de inflexión en la ola de violencia desenfrenada que sufre Ecuador desde que los carteles colombianos y mexicanos fijaran su mirada en un territorio encastrado entre los dos mayores productores mundiales de coca: Colombia y Perú.

Las mafias de la droga se han ido infiltrando en el país a través de los grandes enclaves portuarios, como Guayaquil. Cuentan a su favor con una economía dolarizada, que facilita el lavado de dinero, y con un ejército de jóvenes desempleados dispuestos a engrosar las filas de las pandillas.

Antes de la presencia activa del narcotráfico, Ecuador gozaba de uno de los índices de delincuencia más bajos de Latinoamérica. Hoy es uno de los países más violentos de la región. El año pasado hubo 4.600 homicidios (una tasa de 25 muertes por cada 100.000 habitantes) y en los primeros nueve meses de 2023 ya se han registrado más de 5.300 crímenes mortales. Es probable que a finales de año la tasa escale a 40 muertes por cada 100.000 habitantes, una negra estadística que superaría a México y Colombia.

Combatir a las mafias, con tentáculos ya en las instituciones, no será tarea fácil. Villavicencio era el candidato con el discurso más firme contra el crimen organizado. Tres balas en la cabeza segaron esa vehemencia. Los sicarios lo esperaban a la salida de un acto electoral en Quito y lo acribillaron delante de la Policía, al más puro estilo del cartel de Medellín en los años 80.

En esa vorágine sin fin, seis imputados por el atentado aparecieron ahorcados hace unos días en una prisión de Guayaquil y otro más murió en una cárcel de la capital. Son escenas que recuerdan los tiempos más convulsos de la violencia política en la vecina Colombia. Desde 2020 han muerto unos 400 presos en las cárceles ecuatorianas.

El asesinato de Villavicencio y de varios políticos durante la campaña de la primera vuelta forzó a González y a Noboa a cuidar sus movimientos al máximo, escoltados siempre por policías con uniforme de combate y ataviados con el imprescindible chaleco antibalas, signo inequívoco del estado de descomposición en que se encuentra el país andino. Ha sido probablemente la campaña electoral más violenta de la historia de Ecuador.

El debate ha girado -como no podía ser de otra forma- en torno a la seguridad. La abogada González propone un abordaje mixto, con una depuración de las fuerzas policiales y una fuerte inversión social para que los jóvenes dejen de caer en las garras de las pandillas. El empresario Noboa apuesta por la ciberseguridad y una profunda reforma del sistema penitenciario. Es en las saturadas cárceles ecuatorianas donde se han hecho fuertes las redes criminales que hoy asfixian el país.

Un mandato reducido

Sea quien sea el ganador el domingo, solo gobernará hasta 2025, cuando concluía el mandato del derechista Guillermo Lasso. El actual presidente hizo uso en mayo de un mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada que le permitió disolver el Parlamento y evitar así una moción de censura en su contra. Lasso estaba acorralado entonces por el correísmo, la principal fuerza parlamentaria, y se exponía a un juicio político por presunta corrupción.

La Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Correa, había salido triunfante en las elecciones regionales de febrero al lograr 48 alcaldías e imponerse en los grandes núcleos urbanos como Quito y Guayaquil.

Luisa González lideraba las encuestas con holgura en agosto hasta el asesinato de Villavicencio, un periodista que en el pasado había sido azote de la corrupción institucional. Su viuda responsabilizó al correísmo y al Estado por la muerte de su esposo. González perdió fuelle pero así y todo fue la candidata más votada en primera vuelta (33,6%), aunque quedó lejos de la mayoría absoluta.

A Daniel Noboa (23,4%), que encabeza la coalición Acción Democrática Nacional, lo apoyan los expresidentes Lasso y Lenín Moreno. Cuenta también con el respaldo explícito de Jan Topic (conocido como el Bukele ecuatoriano), quien obtuvo un 14,5% de los votos en la primera vuelta celebrada el 20 de agosto.

Los últimos sondeos publicados sitúan a Noboa ligeramente por delante de González. Los indecisos (cerca del 20%) decidirán quién será el próximo inquilino del Palacio de Carondelet. El voto es obligatorio y, pese al clima de violencia, un 82% de los 13 millones de electores acudió a los colegios electorales en agosto.

El breve mandato de Lasso ha sido nefasto para Ecuador. El exbanquero no fue capaz de atajar la violencia en las cárceles, impuso varios estados de emergencia y aprobó medidas económicas impopulares. El movimiento indígena y la oposición le hicieron frente en la calle y en la Asamblea Legislativa.

Ese estado de crisis permanente ha espoleado la migración. El año pasado abandonaron el país 114.000 personas, según datos oficiales. Casi un tercio de los migrantes emprendieron un incierto viaje a Estados Unidos a través de los peligrosos senderos de la selva del Darién.

Al futuro Gobierno le aguarda una coyuntura complicada, con un agujero fiscal de unos 5.000 millones de dólares y una inversión extranjera bajo mínimos. Uno de cada cuatro ecuatorianos vive en la pobreza y un 10% de la población sufre indigencia.

Lejos quedan en la memoria de la población los años de estabilidad política, seguridad pública y pujanza económica. Fue la llamada "década ganada" de la revolución ciudadana de Correa, hoy exiliado en Bélgica, perseguido políticamente y condenado en ausencia por la Justicia ecuatoriana a ocho años de cárcel por cohecho.