La relación entre la UE e Israel, uno de los socios (si no el que más) preferentes en Bruselas pivota sobre el Acuerdo de Asociación, que entró en vigor en 2000. Ahora, por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, el presidente español y el primer ministro irlandés han pedido a la Comisión Europea que evalúe con carácter urgente si Israel lo está cumpliendo atendiendo a las cláusulas de respeto a los derechos humanos. Una congelación o limitación de las relaciones comerciales es, sin embargo, poco probable.

Las 17 semanas de ofensiva israelí en la Franja se saldan con cerca de 28.000 muertos y el desplazamiento forzoso del 85% de la población. La inminente operación en Rafah amenaza con dejar consecuencias humanitarias incalculables. Hace escasos días, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, pedía a la comunidad internacional "pasar de las palabras a los hechos" para evitar una destrucción todavía mayor. Y este miércoles, Pedro Sánchez y Leo Varadkar, líderes de los países más críticos con el Estado hebreo dentro de la UE, han pasado a la acción instando a la Comisión Europea a que tome medidas. En concreto, sendos mandatarios exhortan a Bruselas a revisar "de urgencia" si Israel está cumpliendo sus obligaciones, incluidas las derivadas del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Le pide que proponga medidas al Consejo en caso de detectar quebrantamientos.

En las últimas cinco décadas, Israel se ha consagrado como uno de los países del mundo con unas relaciones más profundas y amplias con el bloque comunitario. Participa en casi todos los programas europeos, desde Horizon hasta Erasmus. La UE es su mayor socio comercial. En 2022, el comercio total de mercancías entre ambos ascendió a 46.800 millones de euros. Y todo ello se pivota en el Acuerdo de Asociación que regula el libre comercio entre ambos desde hace ahora 24 años. A pesar de las pasadas ofensivas en Gaza o la expansión de los asentamientos ilegales, los europeos no se han planteado nunca echar mano de este botón nuclear y dañar las relaciones con Tel Aviv.

En la misiva, Sánchez y Varadkar aluden a las posibles vulneraciones de derechos humanos de Israel en la Franja. El artículo 2 del Acuerdo de Asociación cita expresamente que "las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo". Por lo tanto, establece unas obligaciones vinculantes en este ámbito. Esta prerrogativa está incluida en todos los acuerdos con países terceros desde principio de los años noventa. La cooperación entre Tel Aviv y Bruselas se regula en torno al Consejo de Asociación, que ha celebrado 12 reuniones, la última un año antes de los ataques de Hamás, el 7 de octubre de 2023.

"Sánchez debería exigir la suspensión inmediata del acuerdo y utilizar todas las herramientas que tiene un gobierno de la UE, como romper relaciones diplomáticas con Israel, exigir el establecimiento de sanciones a los responsables del genocidio, aplicar un embargo de compra y venta de armas y apoyar las causas abiertas por la justicia internacional (...) No es hora de tibiezas. Es hora de actuar. Los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de actuar ante un genocidio o serán cómplices de la vulneración sistemática del derecho internacional", advierte, en declaraciones a este periódico, la eurodiputada Idoia Villanueva, de Unidas Podemos.

"Bastante improbable"

Tumbar el acuerdo es muy difícil por muchas razones, una de ellas la técnica. El protocolo para modificar o zanjar el acuerdo lo regula el Artículo 79, que abre la puerta a adoptar "medidas adecuadas" si una parte considera que la otra ha incumplido alguna de sus obligaciones. Antes de hacerlo, salvo en casos de urgencia, el Consejo de Asociación se reuniría para "buscar una solución aceptable" para ambos. De adoptar dichas medidas, estas serán siempre las que "menos perturben" el funcionamiento del grueso del acuerdo.

"El estado de ánimo en la UE es de creciente impaciencia con Israel. La Comisión ha estado pensando en formas de presionar a Tel Aviv para que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y, más adelante, acepte un acuerdo de paz que implique la creación de un Estado palestino. La revisión del Acuerdo de Asociación es una carta que tiene la UE y que, al menos teóricamente, haría valer su importante poder económico", analiza para Público Anand Sundar, experto del European Council of Foreign Relations. "No obstante, creo bastante improbable que se eche por la borda el acuerdo en su totalidad, pero lo que también podríamos ver a medio plazo son pequeños grupos de países de la UE con ideas afines cooperando en medidas individuales, como el reconocimiento de un Estado palestino", prosigue.

Hasta la fecha, la UE ha esquivado este debate argumentando que pasa el mensaje claro a sus homólogos hebreos sobre la importancia de refrendar todos los aspectos recogidos en materia democrática y de derechos humanos. En 2012, la por entonces jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, respondió a una pregunta parlamentaria sobre la revisión de sendo acuerdo afirmando que "la UE aprovecha todas las oportunidades que le ofrece el diálogo que se mantiene a distintos niveles en el marco del Acuerdo para plantear estas cuestiones". "La UE debate abiertamente con Israel las cuestiones relativas a los derechos humanos", zanjó.

En 2005, la UE e Israel aprobaron un plan de acción con base en "los valores comunes compartidos de la democracia y el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales" y con objetivo de fomentar la inclusión de Israel en las políticas y programas europeos. Cuatro años después, decidió que, para conferir un estatuto "avanzado" a sus relaciones con Israel, tendría que avanzarse en el proceso de paz de Oriente Próximo.

La alemana Von der Leyen a los mandos

Durante los últimos años, la relación política —especialmente con el ultranacionalista Benjamín Netanyahu a los mandos desde hace más de dos décadas— no ha sido una luna de miel, pero los vínculos económicos han continuado prosperando. La carta actual va dirigida a la Comisión Europea, competente de arbitrar las relaciones comerciales. Su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, es la voz europea que más cierra filas con el Estado hebreo. Por lo pronto, el Ejecutivo comunitario se ha limitado a confirmar el acuse de recibo. Von der Leyen está en un momento clave. Todo hace pensar que el próximo lunes anunciará su intención de presentarse a la reelección y poco o nada hace prever que vaya a dar algún paso que altere la relación con Israel. En contraposición, la revisión sobre los fondos destinados a Palestina se produjo ipso facto.

De fondo, colea la división europea. Hasta la fecha y con cerca de 28.000 muertos palestinos, la UE solo ha sido capaz de alcanzar un consenso de mínimos que pasa por exigir "pausas humanitarias" en la Franja. Ni siquiera hay una unanimidad para apelar a un alto al fuego. Borrell ha sido la voz más tajante. Ejerce como un verso suelto. En el último Consejo de Asuntos Exteriores pidió a Estados Unidos que dejara de enviar armas a Israel, pero lo cierto es que algunos de los países europeos también lo hacen. Y dentro de casa se hizo el silencio. La situación en Oriente Medio es sumamente divisiva en el Consejo y las relaciones con Israel son sacrosantas. La UE tampoco consigue desbloquear las sanciones a colonos extremistas en Cisjordania, paso que han dado hasta Estados Unidos y el Reino Unido. Por todo ello, la anulación o modificación del Acuerdo de Asociación parece a día de hoy una quimera.