"El embarazo infantil es tortura". "Niñas, no madres". Son algunas de las consignas que gritan varias activistas feministas a las afueras del Hospital de la Mujer Percy Boland, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Lo hacen porque allí se encuentra ingresada una menor de 11 años embarazada de 21 semanas que fue violada por su abuelastro. En un principio la menor quería abortar, pero la Iglesia católica la convenció para no hacerlo.

La madre de la niña y su pareja, el padrastro de la menor, se mudaron en febrero a La Paz por motivos laborales. Durante ese tiempo, la madre dejó a cargo del cuidado de la niña y sus otras hermanas a la familia de su pareja. En ese momento, inició un calvario de nueve meses de continuas violaciones a la menor por parte del padre del padrasto, de 61 años, ahora encarcelado.

Nadie supo nada sobre las violaciones hasta que la tía de la niña se enteró del embarazo y en ese momento fue a denunciar los hechos a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Bolivia, que llevaron a la menor al hospital. La madre de la niña—que viajó a Santa Cruz nada más tuvo noticia de lo ocurrido—, y su hija de 11 años estaban de acuerdo con la interrupción del embarazo. Pero una organización religiosa ingresó en el hospital y conversaron con la madre y la niña.

Las habían convencido. No iban a proceder al aborto como en un principio habían pensado. Horas más tarde, la Conferencia Episcopal Boliviana lanzó un comunicado: "Exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas". 

La asociación religiosa, según ha informado el diario boliviano Página Siete, ofreció a la niña una casa de acogida durante su gestión. También le ofrecieron la posibilidad de dar en adopción al bebé una vez nazca.

Esta mediación de la Iglesia ha provocado la indignación entre las asociaciones feministas y las organizaciones de defensa de los derechos de la niñez. En unas declaraciones recogidas por EFE, la activista feminista Carmen Sanabria aseguró que "aquí lo que se está haciendo es darle legitimidad a un acto de violación y premiar a ese violador. Están convirtiendo en padre a un violador y están convirtiendo a una niña en una máquina paridora".

Estos hechos han enfrentado al país en dos bandos: aquellas personas que critican la intromisión de la Iglesia en el aborto y defienden el derecho de la niña a abortar; y aquellas personas que defienden "salvar las dos vidas", a pesar de que el embarazo sea fruto de una violación.

El debate jurídico sobre el aborto

El ministro del Interior boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, publicó un tuit defendiendo el derecho al aborto de la niña, asegurando que lo que han hecho las asociaciones religiosas es un  "acto flagrante de violación a los derechos de esta niña". 

"Cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos. Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales [...] Desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto".

Por otra parte, en el comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Boliviana se asegura que el aborto es ilegal en Bolivia y "recuerdan" que "no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual".

Pero a pesar de que la interrupción del embarazo esté penada en el país latinoamericano, existen algunas excepciones. En el artículo 266 del Código Penal se establece que si el aborto es consecuencia de un delito de violación, estrupo o incesto, no se aplica sanción alguna a su práctica.

Tampoco es punible el aborto en el caso de que ponga en peligro la vida y la salud de la madre, y tal y como recuerdan desde la Organización Panamericana de Salud, las niñas menores de 14 años en situación de embarazo tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor de esa edad.

La ONU se posiciona y pide acción al Gobierno

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia señaló este miércoles que someter a una niña a un embarazo forzado "está calificado como tortura". "El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación", dice la ONU Bolivia en un comunicado.

También ha pedido a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos "para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género que se constituyen en actos de tortura". 

También ha pedido al Estado que active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, "para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas".