La aprobación por parte del Parlamento de Honduras de una ley que prohíbe de forma absoluta el aborto blinda el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo y el país se consolida en un grupo de solo seis naciones latinoamericanas que lo penalizan totalmente.

Una decisión que fue recibida como un "acto condenable" por diversas organizaciones feministas y de derechos humanos de Honduras, país que tiene una de las tasas más alta de embarazos adolescentes en América Latina: uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según la ONU.

Con esto, Honduras se consolida en el reducido grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam. En El Salvador, está penalizado totalmente y la legislación local establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo, aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al ser considerado un homicidio.

La interrupción del embarazo también se castiga desde 2006 en Nicaragua, a lo que se sumó la aprobación en 2017 por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento) de las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.

En República Dominicana, las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, que está prohibido en el país, frustraron la aprobación de un nuevo Código Penal que lleva años discutiéndose.

Así, en agosto del año pasado, la Cámara de Diputados decidió que el asunto quedara fuera del Código Penal y que se debatiera como una ley aparte más adelante. Por ello, envió a una comisión especial un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida de la mujer, cuando es inviable o cuando es resultado de violación o incesto. Haití y Surinam son los otros dos países que completan la lista donde la prohibición del aborto es total.

La otra cara de la ley

Pese a esto, en Latinoamérica en los últimos años se ha ido avanzando por proteger el derecho al aborto, generalmente de forma limitada, como lo demuestra la aprobación en diciembre por parte del Senado argentino de la ley para la interrupción legal del embarazo (IVE), que fue promulgada el pasado 14 de enero.

Dicha ley permitirá interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permitirá bajo las dos causales existentes hasta ahora y que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la madre o si el embarazo fue por una violación.

En México, solo en Oaxaca y Ciudad de México se admite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en el resto de los países de la región este derecho también suele estar limitado a causales como esa o la inviabilidad fetal.

Solo Cuba y Uruguay tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo y, además, cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres.