Un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y ministro de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Mbega Obiang, es uno de los implicados en una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de ese país.

Así lo han manifestado a EFE fuentes jurídicas, que han indicado que el hijo de Obiang es uno de los implicados en la trama que han desmantelado la Agencia Tributaria, la Polícia Judiciária portuguesa y Europol en una operación que dirige un juzgado de Palma de Mallorca.

La investigación comenzó hace dos años, cuando el hijo de Obiang era ministro de Minas e Hidrocarburos. Según ha informado este jueves la Agencia Tributaria en un comunicado, la operación se ha saldado con ocho personas imputadas, dos de ellas detenidas -incluyendo un ciudadano holandés, considerado el organizador-, acusadas de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Además, se han intervenido 11 inmuebles valorados en cinco millones de euros, así como cuentas bancarias, vehículos, relojes y otros bienes valorados en más de 550.000 euros. La operación Run out tiene origen en 2021 con una investigación en Portugal, relacionada con la actividad en Guinea Ecuatorial de una empresa de construcción lusa y el posible desvío de mordidas a patrimonios personales de los investigados.

Vigilancia Aduanera emprendió su investigación sobre el supuesto organizador de la trama, que permitió encontrar "serios indicios" de ocultación de fondos con origen delictivo en propiedades en España a través de la interposición de empresas pantalla e instrumentales.

13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos analizados

El registro del domicilio del ciudadano holandés en 2022 permitió acceder a 13.000 documentos en papel y 43 dispositivos electrónicos, al tiempo que se intervinieron nueve cuentas bancarias (con 200.000 euros de saldo), tres vehículos (valorados en más de 100.000 euros), 15 relojes de alta gama (valorados en 150.000 euros) y se embargó la propiedad de unos derechos de uso vitalicio de un club de golf (valorada en 100.000 euros).

También se prohibió la venta de 11 inmuebles incautados en Mallorca y varias sociedades. Con esta documentación, se pudieron encontrar evidencias "del concierto para delinquir" a través de facturas emitidas por sociedades instrumentales, contratos falsos y pruebas del desvío de mordidas del 10 % del valor de obras públicas en Guinea Ecuatorial, así como de su posterior blanqueo a través de un entramado societario, un patrimonio que estaba controlado por el organizador de la trama.

La trama había creado una compleja estructura societaria internacional para canalizar estas comisiones ilegales -con sociedades en Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre o Belice-, que remansaba los fondos en inversiones controladas por el organizador. El "vértice" de la estructura estaba en un fideicomiso en Liechtenstein, del que "colgaba" otro controlado por el ciudadano holandés.

Una parte importante de los fondos desviados se habían ocultado en inversiones en una promotora inmobiliaria en Palma de Mallorca y otra parte había sido invertida en Países Bajos a través de sociedades pantalla para ocultar inversiones en una conocida marca de productos cosméticos, por valor de más de siete millones de euros, entre otros negocios.