La Fiscalía de Guatemala pide ocho y 11 años de cárcel para José Manuel y Samuel, hijo y hermano, respectivamente, del presidente Jimmy Morales por un posible delito de fraude al Estado en el año 2013.

Durante las conclusiones del juicio oral y público que celebró el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó la emisión de sentencias condenatorias para una veintena de imputados, incluidos los dos familiares del mandatario, por la causa conocida como "Botín en el Registro General de la Propiedad".

En este sentido, el ente fiscal solicitó para Samuel Morales, más conocido como Samy, 5 años de prisión por el delito de fraude e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, seis años por lavado de dinero u otros activos y una multa de más de 23.000 dólares (20.000 euros).

Para el hijo del presidente, la Fiscalía pidió 8 años de prisión inconmutable por el delito de fraude en forma continuada y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cinco años.

Un caso con veinte imputados

Al salir de la vista, el hermano del presidente se mostró visiblemente molesto con los medios de comunicación y dijo que a pesar de las declaraciones que dé la prensa "dirá lo que quiera", por lo que los invitó a "decir lo que se debe".

La investigación, desarrollada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que involucra a otra veintena de imputados que también esperarán sentencia por diversos delitos, señala que los dos supuestamente participaron en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares (23.000 euros).

Supuestamente ninguno de los dos se benefició económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero sí hicieron un "favor ilícito" para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien también enfrenta este juicio.

Esos tres actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como "plazas fantasmas" (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares / 356.000 euros) como remuneración por un trabajo no realizado.