Colectivos judíos de Polonia exigen al Gobierno polaco, presidido por la ultraderecha, la restauración de las propiedades de víctimas del holocausto judío en Polonia. A finales del mes de junio, el parlamento polaco aprobó la nulidad de solicitudes de restitución de bienes expropiados con antigüedad superior a 30 años. Esta norma tiene su inspiración en una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional, que estableció un límite temporal en este tipo de solicitudes.

Esta ley del Gobierno ultraconservador polaco ha sido polémica, como lo fueron sus leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT o sus propuestas de restricciones del aborto.

Una de las afectadas es Shoshana Greenberg, hija de un empresario judío al cual se le requisaron múltiples propiedades durante la Alemania nazi. Su padre fue el único que sobrevivió, sus hermanos fallecieron tras ser llevados al ghetto de Lodz.

Greenberg ha condenado al Gobierno polaco, que está a punto de dificultar las cosas, reclamando en múltiples ocasiones las propiedades de su familia. "En el estrado fui más fuerte que el acero. Hablé en nombre de mi padre, en nombre de mi familia y de los seis millones de judíos que murieron" se sinceró la afectada en 2016 ante un tribunal polaco.

El tribunal dictaminó que ella era la heredera legal de las propiedades de su familia, pero pocas semanas después el registro de la propiedad polaco le denegó su petición alegando una "salvedad" registrada en la década de 1950 por la que se convertía en heredera, pero no la propietaria de las fincas.

Aunque la nueva ley se aplica a todos los propietarios, afecta especialmente a los judíos y a sus herederos debido a que la mayoría de los supervivientes del holocausto se fueron del país por su propia seguridad, teniendo como consecuencia que la presentación de recursos judiciales para recuperar o restaurar sus propiedades se alargasen en el tiempo.

La norma ha sido duramente criticada, calificada como "inmoral" por muchos sectores judíos. Mateusz Morawieck, jefe del Gobierno polaco, aseguro que "Polonia no pagará por los crímenes alemanes". Asegura que las reclamaciones seguirán siendo posibles, independientemente de la nacionalidad pero con un límite temporal.

Polonia fue uno de los pocos países que tras la caída del bloque soviético no implementó compensaciones a los afectados, a diferencia de otros países excomunistas que si indemnizaron a sus ciudadanos.