Tica Font es presidenta del Centre Delàs d'Estudis per la Pau y experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. También ha sido profesora de educación no formal, tutora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y técnica de medio ambiente en la Diputación de Barcelona.

La entrevistamos con motivo de la escalada del conflicto en Oriente Medio, tras el inicio de la invasión israelí del sur del Líbano  y la primera respuesta militar de Irán. Asimismo, la entrevista coincide con la publicación del informe La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza. 
En dicho informe, el Centre Delàs identifica 12 entidades financieras españolas, entre las que destacan Santander y BBVA, que han financiado empresas que suministran armas y munición a Israel. 

Font argumenta que el Gobierno "nunca ha dicho que haría un embargo", sino que, en todo caso, el ministro de Asuntos Exteriores Albares habló de detener temporalmente las autorizaciones de exportación. Esto significa, por tanto, que todo lo solicitado antes del 7 de octubre de 2023 "se sigue ejecutando porque corresponde a contratos previos". Para la experta, no es una acción "significativa", ya que no hay una "voluntad política" real ni por parte de España ni de Europa para detener el comercio de armas con Israel.

¿Qué papel juega la banca española en el genocidio de Gaza?

La industria armamentística trabaja en función de la demanda de los estados. Si el pedido proviene del propio país, la industria tiene unos plazos de entrega y ya está. Pero si el pedido viene de otro estado, la industria necesita el permiso de exportación de su gobierno. Según lo que se solicite, la producción puede ser más o menos rápida. Un submarino o un buque de guerra pueden tardar siete u ocho años. Las industrias necesitan crédito para la producción, ya que los compradores no lo pagan todo de golpe si es a largo plazo. Aquí es donde entran los bancos.

Pueden comprar acciones directamente y quedarse con un porcentaje de la industria. Bankia, antes de la crisis financiera de 2008, era propietaria del 20% de la empresa [de transporte y defensa] Indra. Cuando Bankia quebró, el Ministerio de Defensa, a través de la red pública de empresas, compró sus acciones.

Ese puede ser un procedimiento. El segundo son los fondos de inversión, donde la gente pone dinero sin saber exactamente en qué se invierte. Los paquetes se fraccionan mucho y es posible que un cierto porcentaje vaya a la industria militar. Y, en tercer lugar, la última forma de participación de la banca pueden ser los créditos a la exportación, para seguros o para logística. Sean créditos de producción o acciones, de alguna manera están contribuyendo a la producción de armas.

El último informe publicado señala el peso de Santander y BBVA. ¿Cómo respondería al argumento de que estas entidades están operando legalmente, sin responsabilidad directa sobre cómo se utilizan las armas producidas con su financiación?

No hay que confundir la responsabilidad legal con la moral. Los bancos dicen que las fábricas, las inversiones y las producciones no vulneran la ley. Pero nosotros hacemos una valoración ética y económica. El beneficio que obtienen no tiene un peso muy grande. Entonces, la pregunta que hay que hacer es: si no es por rentabilidad económica, ¿por qué la banca sigue concediendo créditos e invirtiendo en la industria militar?

¿Por qué?

Porque es una manera de relacionarse con los estados y de intercambiar favores. Los estados necesitan que la industria funcione.

¿Cómo se explica que España reconozca a Palestina mientras al mismo tiempo favorece a la industria que produce armas utilizadas en Gaza? 

El problema no está en reconocer a Palestina, que es una acción política, sino en que el Gobierno no ha hecho nada para frenar a Israel. La industria militar israelí tiene participación en empresas españolas. Compra compañías sin cambiar el nombre y puede producir para España o Europa, y, por lo tanto, participar de los fondos europeos y obtener subvenciones para el desarrollo de nuevas armas.

El reconocimiento simbólico está muy bien, pero a Israel no se le ha tocado ningún punto neurálgico de la economía militar. No se le ha impedido acceder a la industria europea ni a los proyectos europeos.

¿Serían necesarios cambios legales para impedir este tipo de negocios?

Para lograr cambios legales se necesita voluntad política. Nadie ha cuestionado sacar la industria militar israelí de Europa.

¿De qué manera se puede forzar la voluntad política?

Israel solo cambiará cuando pierda apoyo militar, sobre todo de Estados Unidos y de buena parte de la Unión Europea. Hay portaaviones que protegen a Israel de cualquier ataque con misiles de Irán o Yemen.

Israel posee una enorme industria militar y de seguridad. De hecho, promueve sus productos "probados en combate" en el conflicto en Palestina, donde la ONU denuncia constantemente violaciones de derechos humanos. ¿No debería esto llevar a un embargo permanente?

Si hace setenta años que la ONU lo denuncia y no pasa nada, ¿por qué debería pasar ahora? Netanyahu acaba de declarar a António Guterres [secretario general de las Naciones Unidas] persona non grata porque no ha condenado suficientemente los actos de Hamás y de Irán.

Falta un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo puede influir este hecho?

Ni Biden, ni Kamala, ni Trump harán ningún movimiento radical. Piden prudencia porque no tienen claro cómo puede afectar al voto. Todo esto puede complicarse, pero Estados Unidos no se involucrará demasiado hasta las elecciones. Y mientras tanto, Netanyahu sigue ganando popularidad en Israel. Tiene varios procesos judiciales que no se ejecutarán y va sobreviviendo. Los primeros que deben detenerlo son los ciudadanos israelíes, hace falta un gran movimiento social, pero de momento el peso de la población está vinculado a la derecha, ultraderecha y a los ultraortodoxos.

De vuelta a España, el PSOE votó a favor de un embargo de armas... 

El Gobierno nunca ha dicho que haría un embargo. Ni lo ha dicho ni lo ha hecho. Un embargo se decreta por ley y se registra en Naciones Unidas y en la Unión Europea. El ministro [de Asuntos Exteriores] Albares anunció que España haría una pausa en las exportaciones.

¿Cuál es la diferencia?

El embargo va más allá de detener las exportaciones. Afectaría las compras que hacemos a Israel y a la industria israelí que participa en empresas españolas. El embargo podría ser de armas o de más cosas. De momento, solo han dicho que detendrían temporalmente las autorizaciones de exportación. Esto significa que la Junta Interministerial no concede nuevas autorizaciones, pero aquellas anteriores al 7 de octubre de 2023 se están ejecutando porque corresponden a contratos previos.

Si, por ejemplo, la pausa terminara en Navidad, en enero se podrían reanudar las autorizaciones. Es un movimiento que no significa nada. La industria ya sabe que no debe pedir permiso ahora y debe esperar a que se levante la pausa.

Por lo tanto, no hay un interés real del Gobierno en frenar las relaciones comerciales con Israel.

La única cuestión que cambiaría lo que ha hecho el Gobierno es si Palestina fuera reconocida como un estado de pleno derecho. Para la legislación internacional, no es lo mismo que Israel ataque a un estado soberano que a una colonia.

¿Qué debe hacer Palestina para ser reconocida como un estado soberano?

Que haya más países que la reconozcan y que su estatus en Naciones Unidas cambie. Si es un estado soberano, hay fronteras, un marco legislativo diferente y un gobierno propio con un ejército que puede armarse. Hamás y Hezbollah no son ejércitos, son grupos armados. Israel puede acceder al mercado y comprar lo que quiera y donde quiera, siempre que estén dispuestos a vendérselo. Si miras quién vende a quién en Oriente Medio, los países occidentales (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Canadá) no venden nada a Irán, Siria, Líbano, Palestina o Yemen. En cambio, sí que venden a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, Israel... Irán fabrica armamento, pero lo que no produce, lo compra a Rusia y China.

Si no hay voluntad política, ¿qué puede hacer la ciudadanía para ejercer más presión?

A pesar de que no se esté haciendo, el eslogan del embargo me parece bueno. En Sudáfrica fue exitoso. Pero para aplicarlo de verdad necesitamos el apoyo de la población y, sobre todo, de las grandes empresas. El embargo puede extenderse a otras cuestiones, que los supermercados se lo tomen en serio y no vendan productos israelíes. Hasta que no se toca el bolsillo, no se dan pasos.

El Gobierno solo ha hablado de detener exportaciones, pero han quedado bien ante la opinión pública. Parecen los más progresistas de Europa y la población está más o menos contenta. Debemos seguir presionando con el embargo, y la denuncia que se hace a Carrefour, por ejemplo, es una buena iniciativa.

Hay que exigir al Gobierno que controle la actividad de Estados Unidos en la base naval de Rota. Es su puerta de entrada al Mediterráneo, donde probablemente transportan material que utilizarán allí y donde pueden estar atracando barcos con destino a Israel. Existe un tratado bilateral que dice que Estados Unidos informará a España, pero ni unos informan ni los otros preguntan.