El intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero en Brasilia (Brasil) por grupos de extrema derecha y bolsonaristas pudo ser una "conspiración", no fácil de probar, tal y como ha afirmado Ricardo Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, tras presentar este viernes en rueda de prensa un informe que analiza los hechos acontecidos contra las instituciones del Estado de este país latinoamericano.

Cappelli explica que lo sucedido fue resultado de una "cadena de coincidencias" que incluyen graves fallos en el plan de seguridad: "En la mejor de las hipótesis, faltó dirección y responsabilidad. Pero el conjunto de coincidencias puede configurar algo mucho más grave", dijo en la rueda de prensa.

El secretario ejecutivo también subrayó que estos ataques antidemocráticos vinieron en "escalada" desde la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 30 de octubre, que culminó con el intento de golpe.

Las medidas previstas que no se tomaron

Anderson Torres fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, y tras eso pasó a ser secretario de Seguridad de Brasilia, ocupando ese puesto mientras sucedía el intento de golpe. Torres está arrestado desde el pasado 14 de enero.

El informe, que fue entregado al Tribunal Supremo, señala a Torres como responsable. Cappelli afirmó que el exsecretario "generó inestabilidad" en los órganos de Seguridad de Brasilia porque, nada más asumir el cargo el uno de enero, cesó a varios comandantes y permitió que otros salieran de vacaciones.

El propio exsecretario viajó a Estados Unidos antes de los ataques, aunque oficialmente iba a tomarse vacaciones el nueve de enero. Dos días antes de los ataques, Torres recibió un informe de inteligencia que exponía la existencia de "una amenaza concreta" y anticipaba los planes de los bolsonaristas de invadir la sede de los tres poderes, pero no se puso en marcha un plan de seguridad especial.

Según los documentos de los órganos de Seguridad, estaba previsto desplegar 555 policías en el centro de Brasilia, un dispositivo rutinario, pero los vídeos del día de los ataques sugieren que había menos de 150 agentes.

Los edificios públicos fueron protegidos por vallas simples, aunque el protocolo de seguridad aconseja poner vallas dobles en días de manifestaciones, y su vigilancia estaba a cargo de cadetes de la Academia de Policía.

El informe también señaló que los policías que vigilaban la manifestación incautaron a los bolsonaristas objetos contundentes y máscaras, que "anticipaban una acción violenta", pero el dispositivo de seguridad no fue reforzado. Según Cappelli, la conducta de los policías desplegados el día de los ataques será investigada, dado que hay imágenes de algunos de ellos confraternizaron con los agresores. 

Cappelli subrayó que hubo una "acción organizada, profesional" por parte de los asaltantes, quienes incluso se comunicaban por radio, coordinándose para derribar las vallas antes del asalto.

Bolsonaro está en la lista de investigados

Según las conclusiones del informe, esos ataques fueron "planificados" en el campamento montado por los ultraderechistas frente al cuartel general del Ejército, donde llegaron a congregarse unas 4.000 personas antes del asalto.  Alrededor de 1.800 personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en los ataques.

El Tribunal Supremo ha incluido a Bolsonaro en la lista de investigados para aclarar si instigó a sus seguidores para perpetrar los ataques que pretendían derrocar al presidente Lula, quien asumió el poder el pasado uno de enero, una semana antes del asalto.