Tras la suspensión de las aspersiones aéreas con el químico Glifosato por parte de Colombia, en 2015, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara un informe según el cual este químico podría producir cáncer y otras enfermedades en humanos, Estados Unidos ha emprendido una presión hasta los máximos niveles para que el país reanude la estrategia de anteriores gobiernos aplicada por aviones y uso masivo de este herbicida. El propio Donald Trump se lo planteó al presidente Juan Manuel Santos en su reciente entrevista en la Casa Blanca y el asunto ha sido motivo de la última intervención del Secretario de Estado, Rex Tillerson en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, señalando directamente a Colombia: “Es necesario volver a la aspersión”, afirmó, con la amenaza por parte de ambos mandatarios de condicionar la ayuda de Estados Unidos para la paz, a la reanudación de la estrategia de fumigaciones con sus avionetas, sus productos y sus pilotos.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos en su reciente informe anual “La estrategia internacional para el control del narcotráfico”, . Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo: el 90 % de la cocaína decomisada en Estados Unidos procede de Colombia, así como el 42% de la que entra en Europa. En total se exportan al año unas 900 toneladas. La superficie sembrada con hoja de coca oscila entre los 190.000 hectáreas que calculan las fuentes más conservadoras y los 130.000 de la medición oficial del Sistema Integrado para el Monitoreo de los cultivos ilícitos (SIMCI). Se calcula que unas 85.000 familias campesinas viven del cultivo de hoja de coca, aunque sus escasos recursos están muy lejos de las fortunas del narcotráfico una vez procesada y traficada la cocaína.

Basándose en estas cifras, el gobierno de Estados Unidos, presionado por los políticos de Miami seguidores del expresidente Álvaro Uribe y contrarios a la gestión de la administración Santos en lo que respecta al proceso de paz y a la integración de la guerrilla de las FARC a la política, singularmente los parlamentarios Diaz-Balart y Marco Rubio, están presionando a Colombia de manera directa y desabrida para que reanude las fumigaciones con glifosato, iniciadas hace 20 años a instancias de Estados Unidos.

Condena por daños medioambientales

Antes de suspender la fumigación, al gobierno colombiano recibió una condena de la Corte Internacional de Justicia tras denuncias del Gobierno de Ecuador por daños ambientales causados por la fumigación en zona de frontera, obligándole a suspender estas y a indemnizar a los ecuatorianos con 15 millones de dólares.
Informes de expertos en salud pública y estadísticas recogidas en las regiones fumigadas en Colombia, dan cuenta de una afectación a diez kilómetros a la redonda de las zonas fumigadas, donde todos los cultivos, y no solo la hoja de coca, se destruyen o son declarados no aptos para el consumo por presentar residuos de glifosato. Se han documentado multitud de casos comprobados de mujeres embarazadas las que, al haber recibido las lloviznas de la aspersión aérea con glifosato, les nacen criaturas deformes o con problemas respiratorios. Informes con resultados similares se hicieron en varias universidades de Ecuador.

Por otra parte, según el Ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo se ha demostrado durante mucho tiempo la ineficacia de la aspersión aérea: “El año que más aspersión se realizó, fue 2007 y fue en el que más crecieron los cultivos de coca”, declaraba recientemente. Por su parte, el General Óscar Naranjo, antiguo Director de la Policía y hoy vicepresidente del Gobierno ha señalado que durante 18 años se intervino sobre 2 millones de hectáreas con el intento de erradicación aérea, logrando una reducción máxima de 100 mil hectáreas de cultivos.

Los beneficios de Monsanto

Realmente los únicos claramente beneficiados por la aspersión aérea con glifosato son, en primer lugar la multinacional Monsanto, que vende en Colombia grandes cantidades de un químico cuestionado o directamente prohibido en todo el mundo, y las compañías privadas de avionetas y pilotos estadounidenses, en conexión con los centros de poder republicanos interesados en erosionar el prestigio internacional de la actual administración colombiana.

En contraste, la política que ha emprendido el Gobierno Santos es la de la erradicación manual, en la que hasta el momento participan unas 4.500 familias, a las que se ofrecen compensaciones, beneficios económicos y tecnología para emprender nuevos cultivos, favoreciendo las infraestructuras rurales y del transporte. Además, el acuerdo de Paz con las FARC, incluye un capítulo dedicado a la erradicación voluntaria y a una reforma agraria que ofrezca nuevas oportunidades y tierra fértil a los campesinos, despareciendo un agente en el ciclo del cultivo y el comercio de coca, como era la guerrilla hasta hoy. En total se prevé que se erradiquen durante 2017 cien mil hectáreas de cultivos de forma manual, tanto voluntaria como forzada.

Por otra parte, los analistas sugieren además que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de la cocaína producida en Colombia, examinen el problema no solo desde la oferta, sino también de la demanda, de la que se habla poco, destacándose el muy escaso número de grandes traficantes o lavadores de dinero estadounidenses que son detenidos o desarticulados dentro de los USA.

“El regreso a la fumigación aérea no está en la agenda de mi Gobierno”, acaba de responder Juan Manuel Santos al Secretario de Estado Rex Tillerson. El Presidente colombiano, junto a otros mandatarios latinoamericanos, ha planteado en diversos foros internacionales la necesidad de revisar la “guerra contra las drogas” que decretó el presidente Nixon en los años 70. Según el analista y antiguo colaborador de “Público”, Antonio Caballero: “La guerra contra la droga ha fracasado, pero la voluntad del Gobierno de Washington es que esa guerra siga, porque la prohibición, y solo ella, es la causa de que sea el mejor negocio del mundo. La guerra contra la droga, como todas las guerras, es también un negocio.