La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha contribuido a la devolución de 8.239 personas en la primera mitad del año. Una cifra sin precedentes. En paralelo, el número de operaciones supervisadas por organizaciones de derechos humanos descendió un 7%. Son las principales conclusiones de un informe remitido por el organismo que lidera Fabrice Leggeri y que ha sido filtrado por la ONG State Watch.

Se trata de un 9% más que las deportaciones efectuadas en el mismo periodo de 2019 y duplica las registradas en el mismo periodo del año pasado, cuando la Unión Europea y buena parte del mundo decretaba los primeros confinamientos, restricciones y cierres por la llegada del coronavirus. El documento revela que con el fin de las restricciones relacionadas con la pandemia, "la agencia desempeñará un papel aún más importante a la hora de ayudar con un número sin precedentes de retornos".

Frontex puntualiza que a petición de los Estados miembros ha ayudado a repatriar a estas más de 8.000 personas que no reunían los requisitos para solicitar asilo dentro del bloque comunitario. Son los Gobiernos nacionales los que tienen esta competencia, pero la agencia europea está cada vez más presente en las tareas de expulsión desde la UE. Y sobre ella se ciernen los fantasmas sobre vulneraciones de derechos fundamentales.

A pesar de las presiones para que el cuerpo se nutra con expertos y dote a su personal con cursos de formación sobre derechos fundamentales, la presencia de personal encargado de supervisar el respeto de los derechos humanos en los aviones de repatriación ha descendido un 7%. El derecho comunitario obliga a ello, pero solo el 47% de los viajes de repatriación que coordinó contó con un "supervisor especializado en retornos forzados". La agencia lo achaca a las medidas sanitarias ocasionadas por el coronavirus. Pero State Watch advierte de que esta falta de información y transparencia sobre el estado y destino de estos vuelos de regreso podría esconder que Frontex está participando en refoulements (devoluciones ilegales).

A lo largo de sus 27 páginas, el documento presentado a los Estados miembros no analiza ninguna posible implicación de Frontex en las vulneraciones de derechos humanos ni examina si la salud o vida de las personas deportadas estaré en peligro en su destino.

Crecimiento exponencial

La agencia que nació hace 16 años con apenas 50 empleados y seis millones de euros de presupuesto es hoy la mejor dotada de la UE. Con más de 460 millones de financiación y más de 1.200 personas trabajando en ella arrastra fuertes críticas sobre su creciente militarización y su falta de control y de rendición de cuentas. Para 2027 se espera que cuente con 10.000 empleados.

La Izquierda Europea ha constatado a través de un escrutinio cercano que Frontex "está fuera de control" y ha reclamado, sin éxito, la dimisión de Leggeri, su director ejecutivo desde 2015. El francés está en el punto de mira por haber mirado hacia otro lado ante los presuntos pushbacks de solicitantes de asilo en las fronteras europeas. Él siempre ha rechazado cualquier conocimiento sobre unas prácticas que violarían el sagrado derecho a poder pedir asilo y a buscar protección internacional.

Medios como The Guardian o diferentes ONG como Lighthouse han revelado detalladas informaciones sobre omisiones de rescate en el mar Mediterráneo por parte de la guardia europea. Pero su repliegue, mutismo y cierre de filas interno complica mucho la tarea de recabar las pruebas y sentarlo en los tribunales. Aunque el abogado Iftach Cohe ha emprendido acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra Frontex por vulnerar los derechos humanos en las islas griegas del Egeo.

El peso de la agencia ha crecido de forma tan exponencial que pocas fronteras "calientes" de la UE se libran de su presencia. En Grecia, ha sido acusada de haber participado en devoluciones en caliente. En Libia, le persigue la sombra de la estrecha colaboración con los guardacostas del país para que intercepten a las barcazas con migrantes antes de que lleguen a la UE. Durante la crisis ceutí, España valoró pedir su despliegue.

Y recientemente, la frontera bielorrusa ha sido reforzada con guardias europeos, a excepción de Polonia, que se resiste a la presencia de cualquier testigo incómodo. Varias organizaciones denuncian que este veto está motivado para evitar que existan pruebas de las devoluciones en caliente hacia Bielorrusia que el ultaconservador Partido Ley y Justicia (PiS) –aliado de Vox en la Eurocámara- estaría llevando a cabo.

El último encargo a Frontex le llevará ahora a patrullar el canal de La Mancha con un avión que tiene la misión de interceptar a embarcaciones de inmigrantes. Así lo ha pedido el presidente galo Emmanuel Macron después de que una treintena de personas perdieran la vida en esta ruta en uno de los naufragios más mortíferos del canal. Entretanto, la agencia continúa aumentando su peso como el guardián de las cada vez más militarizadas fronteras externas de la UE.