En septiembre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri en la República Argentina, se implementaban nuevos recortes de Estado que afectaban a la reducción de ministerios. El golpe contra el ministerio de Salud, relegado a Secretaría, incluía una brutal reducción de presupuesto, un sistema sanitario roto y sin capacidad de compra. Ahora, la asociación Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, publica que entre septiembre y diciembre de ese mismo año el entonces ministro Adolfo Rubinstein destinó 7 millones de pesos (45 mil euros) para proyectos de investigación de dos fundaciones, una de ellas vinculada a su persona.

El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), creado en 2002, es una de las dos entidades que recibía en 2018 fondos públicos del Estado. Rubinstein había figurado, antes de ocupar la cartera de Salud argentina, como director ejecutivo de la corporación, en la que desarrolló su carrera profesional y a la que volvió después de dejar la función pública. La otra fundación, llamada GEDYTS, acogió a Celsa Julia Ismael, que había ocupado el cargo de directora del Instituto Nacional del Cáncer, desde donde fueron asignadas las partidas.

La asociación Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó la denuncia en los juzgados y en la Oficina Anticorrupción, donde el exministro tuvo abierto otro expediente por un tema de similares características. Para AJUS, el caso debe investigarse como un delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. "La acusación se basa en haber realizado un acto en beneficio propio y/o de un tercero -la fundación IECS-, mediante un contrato u operación en que intervino una persona en razón de su cargo", señaló el abogado Luis Eduardo Amadeo en la presentación. De este modo, se le acusa de "haber abusado de su cargo, haciendo pagar o entregar indebidamente una donación o cobrar mayores derechos que los que corresponde a IECS".

La historia del caso

Rubinstein ocupó su cargo en el Gobierno argentino de Mauricio Macri el 21 de febrero de 2017. En un principio, fue secretario de Promoción del ministerio de Salud, para luego ascender a ministro de Salud y, posteriormente, secretario de Gobierno del nuevo ministerio de Salud y Desarrollo Social, ya en 2018. Desde el cargo de ministro, propuso a Celsa Julia Ismael (la otra beneficiaria) para cubrir la dirección del Instituto Nacional del Cáncer. Ismael asumió el puesto el 6 de julio de 2018 y, aunque se trataba de un área descentralizada, dependía funcionalmente del ministro.

"No hace falta profundizar en la relación, influencia y referencia entre el ministerio y el Instituto", señala el escrito, ya que se puede observar que la Dra. Ismael accedió a su cargo "gracias a la propuesta de Rubinstein". Su desembarco en el Instituto Nacional del Cáncer parece haber disparado los financiamientos y los procesos licitatorios, "rápidos y llamativos", según apunta la denuncia de los abogados.

Cronología de los hechos

La primera de las irregularidades se fecha en el 4 de septiembre de 2018, cuando le fue asignado al IECS un subsidio como parte del proyecto Impacto de Determinantes Socioeconómicas y de las corrientes migratorias de pacientes, en las distintas fases del continuo de cuidados de los pacientes de cáncer en la Argentina, con un pago de 669.700 pesos argentinos.

El segundo desembolso tiene lugar el 23 de noviembre de ese mismo año, cuando le fue asignada otra ayuda a la misma institución, esta vez de tres millones de pesos en un único pago, con motivo de otro de sus proyectos. Finalmente, el 6 de diciembre de 2018, Celsa Julia Ismael asignó a la fundación GEDYT un subsidio por 2.991.600 pesos argentinos, en el marco del proyecto Diagnostico e implementación de estrategias entrenamiento en la prueba piloto ´Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer colorrectal en Mendoza´.

Julia Celsa Ismael dejó su cargo público el 1 de marzo de 2020. Dos meses después, fue nombrada directora ejecutiva de GEDYT. Rubinstein, después de abandonar la cartera de Salud, regresó al IECS, donde "le crearon o se creó (él mismo) el cargo de director de una nueva área", función que sigue desempeñando en la actualidad.

La asociación AJUS, que firma la denuncia, no cuestiona los proyectos ni los trabajos de investigación, sino la asignación legal pero direccionada de los fondos públicos. También subrayan que la Ley de Ética Pública prohíbe a los funcionarios intervenir en temas con los que están o hayan estado vinculados de forma personal durante, al menos, los últimos tres años. En esta norma entran contrataciones, subsidios, beneficios y otro tipo de actividades.

Más escándalos del exministro

Esta no es la primera vez que Rubinstein es cuestionado. El actual ministerio de Salud presentó en diciembre del año pasado un expediente ante la Oficina Anticorrupción por una serie de becas del programa Salud Investiga, destinadas a solventar proyectos del IECS. El exministro había aprobado la convocatoria de las ayudas, para luego otorgar ocho de las 25 asignaciones a investigaciones del IECS. Anticorrupción pidió explicaciones que nunca llegaron. Finalmente, se decretó que Rubinstein "no cumplió con los deberes de abstención" que le regían y que había infringido la ley. Los casos de conflicto de intereses fueron transversales y constantes durante todo el gobierno de Macri, siendo habituales en los medios las referencias a las puertas giratorias o a las políticas públicas direccionadas.