En Argentina se multiplican desde hace una semana imágenes de asambleas, clases en la vía pública, tomas de universidades y carteles que convocan a movilizaciones. En cada una están centenares o miles de jóvenes que cantan consignas, debaten cómo enfrentar lo que todos denuncian como un ataque del gobierno de Javier Milei contra la educación pública.

"Esta chispa está prendiendo y se está extendiendo", dice Natalia Arakaki, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su facultad, así como siete más de la UBA, está tomada por los estudiantes: la acción fue votada en asamblea, los estudiantes se quedan a dormir en el establecimiento, las clases se dan en la calle o en el patio para visibilizar el conflicto, y los exámenes pueden hacerse como estaba previsto.

El conflicto en la UBA se suma al de las cerca de 100 universidades tomadas en el país, en ciudades como La Plata, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Salta, San Juan, o en localidades del conurbano que rodean la capital, como Luján, Avellaneda, o José C. Paz. Las medidas de fuerza se suman a diario: el martes por la noche fue votada la primera toma de la historia de la Universidad Nacional de Lanús.

Se trata de un movimiento universitario de una dimensión que no se veía en más de diez años en Argentina, en particular luego del contexto de desmovilización que significó la pandemia. Crece a medida que pasan los días, más sectores se suman a acompañar el reclamo ante un Gobierno que sigue en su habitual intransigencia.

Las demandas de los estudiantes

"La situación es realmente preocupante, estamos ante una caída del presupuesto universitario y una caída de los salarios docentes y no docentes alarmante, donde la mayoría se encuentran debajo de la línea de pobreza", explica Arakaki.

La caída de presupuesto no es nueva y ya había dado lugar a una multitudinaria movilización en abril. Pero la decisión de Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba compensar esa pérdida de poder adquisitivo, así como la ratificación del veto del Congreso, fue el detonante para las tomas masivas. En particular porque la ley solo implicaba un 0,14% del Producto Bruto Interno.

"Esa ley sostenía este año a la universidad con un presupuesto más digno y solucionaba el problema salarial, o lo ponía un poco en pie con respecto a lo que está pasando, hoy donde docentes y no docentes están dejando de trabajar en la universidad pública porque ya no les alcanza el salario", dice por su parte Albertina Bidart, presidenta Federación Universitaria de La Plata (FULP).

La Plata, ciudad tradicionalmente fuerte del movimiento estudiantil argentino, fue una de las primeras en movilizarse, con una toma del rectorado con cerca de 5.000 estudiantes, y tomas que se multiplicaron esta semana en las facultades de Trabajo Social, Humanidades, Periodismo, Ciencias Exactas, Psicología y Ciencias Naturales.

Existe otra demanda más que plantean quienes se movilizan: el presupuesto universitario para 2025, "donde ya se prevé que en educación va a haber un recorte de 30%", afirma Bidart.

Contra todo lo público

Milei y su tren de gobierno dejaron claro desde el inicio dos ejes angulares de su plan económico: el corazón del programa es el déficit cero, y todo lo que es público es susceptible de privatización. Se trata de dogmas que el presidente ha defendido contra viento y marea desde sus inicios como colaborador de televisión, aunque en el caso universitario ha tenido que dar marcha atrás.

"No está en discusión la universidad pública y el tema que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van", afirmó el lunes a la noche en plena escalada de tomas de universidades. El problema es, según Milei, que las universidades serían "utilizadas políticamente para robar en beneficio determinados delincuentes de la política".

La aseveración de que no busca privatizarla pareció un reposicionamiento ante la magnitud de una movilización respaldada por el peronismo, la izquierda, sectores progresistas, liberales, algunos de sus propios aliados inestables de la Unión Cívica Radical, e incluso muchos de quienes lo eligieron presidente.

"Hay una transformación del pensamiento de quienes también votaron a este Gobierno, que creen que con la universidad pública no hay que meterse, se organizan, se suman", explica la presidenta de la FULP.

Milei tocó una fibra sensible de la sociedad argentina, de su imaginario de movilidad social ascendente. Su discurso acerca de que la universidad ya no permite esa movilidad y es solo para ricos cayó en saco roto: "La mayoría somos hijos e hijas de trabajadores, en mi caso soy primera generación de secundaria, no solo de universitarios, y así está lleno de estudiantes que si no tuviéramos la universidad pública no estaríamos en la universidad, no tendríamos la posibilidad de estudiar y graduarnos", dice Bidart.

El pulso de los estudiantes con el Gobierno

"El movimiento estudiantil puede hacer retroceder al Gobierno, hay pruebas de la importancia que tenemos los estudiantes en nuestra historia, la confianza la tenemos", dice Brenda Lucía Ferro, estudiante de Turismo en la ciudad de Rosario, militante de la agrupación Pampillón y el Frente Patria Grande. Su universidad también está tomada: "Se nota la participación de muchos más estudiantes que están preocupados por la situación del país en general, y sobre todo por el futuro de la educación pública", explica.

El pulso sigue en escalada: este jueves y la semana próxima habrá paros convocados por gremios como la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades, o la Asociación de Docentes de la UBA.

A las protestas y tomas se sumaron también estudiantes y gremios de colegios secundarios que dependen de las universidades. Son jóvenes, adolescentes, que junto a los universitarios protagonizan sus primeras marchas, tomas universitarias, debates asamblearios, dan forma al principal movimiento de resistencia contra el Gobierno de Milei y sus políticas neoliberales que buscan desfinanciar y desprestigiar a la educación pública.

Se trata además, como explica Arakaki, de un asunto que va más allá de los estudiantes: "No solamente tiene que ver con la realización de las ilusiones de muchos y muchas, sino también con el desarrollo de un país más soberano, con la democratización del acceso a estos espacios para que podamos ingresar más y más personas, y el modelo de país que estamos tratando de construir, que es uno que pueda tener profesionales que puedan estudiar, graduarse y ejercer en nuestro país".