bruselas
Actualizado:España se convirtió en 1982, a iniciativa del por entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en el país numero 16º en formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante sus primeros pasos como democracia y en un contexto global marcado por las tensiones de la Guerra Fría, la sociedad española cuestionó este paso enormemente.
La España post-Franco tenía muchas cicatrices sociales, económicas y bélicas que curar y la entrada a una estructura militar capitaneada por unos Estados Unidos que habían canjeado el establecimiento de bases en territorio español a cambio de espaldarazo a la dictadura no era una prioridad. Por el contrario, sí que lo era su incorporación a la Unión Europea.
Fue el Gobierno de Felipe González quien comenzó y culminó el giro radical del PSOE sobre esta cuestión. El mismo presidente que en 1981 aseguraba que "nuestro partido no asume la decisión de integrarse en la OTAN, y, por consiguiente, estará en contra de la misma, con las consecuencias históricas que tenga mantener una coherencia lógica entre lo que decimos y lo que pensamos hacer" y que llegó al poder bajo el lema OTAN, de entrada no, cinco años después convocaba un referéndum para ratificar la decisión.
El plebiscito salió adelante con una mayoría muy ajustada del 52,54% de votos. En la actualidad, el 67% de los españoles votaría por permanecer en la OTAN y el 13% por abandonarla (la media aliada es del 62% y el 11%, respectivamente), según el último estudio de la Alianza. La papeleta establecía tres condiciones. La primera, que la participación de España en la Alianza Atlántica no implicaría su incorporación a la estructura militar integrada. También fue el primer y único país que exigía no contar con armas nucleares en su suelo. La tercera promesa aseguraba una reducción de la presencia militar estadounidense en el país.
Desde entonces, la integración en todas las estructuras ha seguido un camino ascendente, en paralelo con la defensa firme de los socialistas a este foro militar. De hecho, el exministro de Exteriores Javier Solana Madariaga ha sido el único español en ostentar el cargo de secretario general de la Alianza (1995-1999).
Diecisiete años después de su entrada, el país dio su salto de altura entrando de pleno en la estructura militar integrada y tirando por tierra una de las tres garantías del referéndum de González. Así, los mandos militares españoles pasaron a formar parte de los cuarteles generales de la OTAN.
En la actualidad, el 67% de los españoles votaría por permanecer en la OTAN
Desde entonces, la Alianza estableció en Torrejón de Ardoz un centro de operaciones aéreas, que es el responsable de la defensa aérea del sur de Europa. La joya de la corona de los de Stoltenberg son los cuarteles generales de Rota. La base naval alberga cuatro destructores AEGIS norteamericanos, que conforman un activo muy valioso para el sistema antimisiles de la OTAN. El otro cuartel es el valenciano Bétera, este terrestre. Y dentro de las aportaciones del país destacan el centro contra artefactos explosivos situado en Hoyo de Manzanares (Madrid) y el programa de entrenamiento de aviones de caza, con sede en Albacete.
Excluidos de las grandes decisiones
España, y especialmente el Gobierno vigente comandado por Pedro Sánchez, ha insistido en los últimos meses –especialmente tras el estallido de la guerra en Ucrania– en que es un socio estable, creíble y fiel de la Alianza. Sin embargo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos y líder de facto de la Alianza, no ha incluido a Madrid en ninguna de las llamadas telefónicas que ha mantenido frecuentemente con sus socios occidentales para analizar el estado y la respuesta de la contienda bélica. Una exclusión que venía precedida del encuentro Sánchez-Biden que terminó siendo un apretón de manos de escasos segundos en los pasillos de los cuarteles generales de la Alianza durante la cumbre del año pasado.
España aporta el 6% del presupuesto de la Alianza (unos 150 millones de euros anuales)
En una organización financiada por sus miembros –en la actualidad son 30– y con apetito de más inversión militar, España no es el aliado más atractivo. Aporta el 6% del presupuesto de la Alianza (unos 150 millones de euros anuales). Pero es el segundo que menos inversión de su PIB hace a presupuesto en seguridad y defensa (1,01%), solo por detrás de Luxemburgo y muy por debajo del 2% que se fija la Alianza. Un 2% que ya está quedando caducado. Este mismo lunes, Jens Stoltenberg ha descrito el umbral como no el "techo", sino ya el "suelo".
La invasión rusa de Ucrania ha sido como un fénix para una organización que no encontraba su lugar y razón de ser en el mundo post-Guerra Fría. Sin embargo, el regreso de la guerra al Viejo Continente ha sido materializado en la dirección de fortalecer su presencia militar en las fronteras con Rusia. Y con ello, el aumento del gasto nacional en partidas de Defensa es imparable. Pero su prioridad y atención absoluta es el flanco oriental y no el flanco sur, como lleva tiempo demandando España.
Desde 2014, tras la anexión de Crimea, países como Lituania han aumentado su presupuesto militar en un 239%; en España el ascenso ha sido del 23%. Todo ello a pesar de que el grueso de la sociedad española considera que la guerra en Rusia no debería generar en un aumento de este gasto en un momento de crisis alimentaria, socioeconómica y energética. El 51% de los españoles cree que este no es el camino, frente al 23% que considera lo contrario, según el último estudio del European Council of Foreign Affairs (ECFR).
Estar bajo el paraguas del Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, es el mayor atractivo para los países integrantes y los que aspiran con unirse, como Ucrania o Georgia. Sin embargo, el instrumento que recoge que si un país es atacado lo son todos solo fue activado en los atentados del 11-S. No en los de Madrid, la sala Bataclán o el aeropuerto de Bélgica. Incluso el propio Donald Trump lo llegó a poner en tela de juicio sugiriendo que por qué los estadounidenses deberían morir por Montenegro.
En el caso de España, las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla no se encuentran amparadas por este escudo ya que el Tratado de Washington especifica territorios de Europa, América del Norte o zonas insulares que cubran del Atlántico al norte del Trópico de Cáncer, como es el caso de las Islas Canarias.
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