Cuando el sol comienza a asomarse por la costa del Pacífico, un grupo de campesinos latinos ya se encuentra en pie, recogiendo las frutas y los vegetales que acabarán en los platos de comida de los consumidores de Estados Unidos. Se calcula que en el país anglosajón hay entre 2 y 3 millones de trabajadores del campo, y que los migrantes mexicanos y centroamericanos constituyen cerca del 75% de la mano de obra en las granjas y los campos de cultivo, según una encuesta publicada en 2019 por JBS International.

Pero algunos propietarios de restaurantes y de tiendas alimenticias llevan ya un tiempo experimentando la escasez de productos agrícolas y una escalada de precios que genera preocupación entre los pequeños y medianos empresarios. Se trata de una situación que, en la localidad californiana de Oxnard, una de las regiones con mayor actividad agrícola del país, achacan a la campaña antiinmigrante emprendida por Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca y a las redadas migratorias de las últimas semanas, un cóctel político que sigue sembrando el temor de costa a costa.

“En los últimos dos años, la situación ha empeorado. Los campos agrícolas no tienen suficientes manos ni trabajadores. Y lo sé porque ponen carteles en las carreteras y ranchos solicitando empleados, cosa que antes no hacían”, explica Lilia Ríos, nacida en Michoacán y propietaria del restaurante mexicano La Fogata, que está situado en Oxnard, en el condado de Ventura. “La gente no quiere salir ni ir a trabajar ni al mercado ni a hacer compras. Es una especie de ciudad fantasma, porque con las redadas, hay pánico y se nota”.

Las apreciaciones de Ríos coinciden con la tendencia registrada por el Centro de Investigación Pew, el cual advierte que la mano de obra indocumentada ha ido cayendo en los últimos años y que la agricultura, el sector laboral con el mayor número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, está perdiendo trabajadores.

También lo ratifica Juvenal Solano, un líder indígena de la región que, en declaraciones a Público, asegura que desde 2017 las granjas “están trayendo a trabajadores con una visa H2A para cubrir [la fuga de trabajadores indocumentados]”. En el caso de Ríos, cuando abrió el restaurante en el año 2002, el negocio iba viento en popa. Hasta hace un par de años, tenía una facturación bruta de unos 15.000 dólares por semana. Pero con la falta de trabajadores agrícolas y la caída de la producción, la facturación ha bajado de media hasta los 12.000 dólares semanales, un efecto dominó que está dificultando la existencia del negocio.

Según la empresaria, el descenso se debe, por un lado, al encarecimiento del precio de productos básicos como el apio, la cebolla, las fresas o el aguacate. Ríos recalca que el caso del aguacate es “alarmante”, porque es un ingrediente fundamental para elaborar y acompañar un gran número de platos característicos de la gastronomía mexicana y ahora el precio por pieza ha pasado de rondar el dólar a costar dos.

El otro culpable de la bajada en ingresos brutos es el descenso de la clientela como resultado “del miedo” que se ha generado entre la población indocumentada, que se atrinchera en casa y evita frecuentar lugares públicos. “Muchos negocios se han visto afectados, no solo el nuestro: hay restaurantes, supermercados, carnicerías y tiendas en centros comerciales que ya están cerrados”, observa.

De momento, Ríos ha decidido mantener el precio de sus platos para no desanimar a más clientes a pasar por el restaurante. También ha apostado por mantener una plantilla de doce trabajadores. “Mis trabajadores no me han dicho que no quieren venir a trabajar, pero tuve dos empleados que se fueron a otro trabajo y ahora es más difícil conseguir reemplazos. Anteriormente llegaban muchos para una plaza. Ahora no, y tardé tres meses en conseguirlos”, matiza.

A pesar de los esfuerzos de la michoacana por mantener el negocio a flote, sus empleados y clientes le han trasladado gran preocupación por las redadas que Donald Trump anunció hace unas semanas, y las cuales priorizaban el arresto y la deportación de aquellos inmigrantes irregulares sobre los que ya pesaba una orden judicial de expulsión.

“Mis trabajadores me preguntan qué va a pasar si viene la migra y hay gente aquí, y los comensales me preguntan para dónde corremos si llegan a por nosotros. Yo les digo que salgan por la puerta de atrás”, explica la empresaria. “Pero aquí (la migra) no puede entrar sin orden judicial”.

Más allá de las indicaciones de Ríos y de su intento por transmitir “calma”, esta advierte que la nueva ola de “pánico” entre los indocumentados se debe en parte a la información no contrastada que circula por las redes sociales, la cual anuncia incluso “retenes migratorios” en carreteras o puntos estratégicos de la ciudad – unos operativos que ella duda que realmente se estén llevando a cabo.

Sin embargo, las redadas migratorias en lugares de trabajo sí han venido produciéndose por todo el país en los últimos años. En abril de 2018, el estado de Tennessee fue testigo del mayor operativo que ICE había ejecutado durante el mandato de Trump hasta esa fecha: un grupo de agentes migratorios irrumpieron en un matadero y arrestaron a cerca de cien individuos.

El agravio económico que dichas redadas causan a las arcas estatales y federales quedó patente en un estudio publicado por The Partnership for a New American Economy: si el 10 % de la comunidad indocumentada del estado se marchara, Tennessee perdería 21 millones de dólares en impuestos estatales y federales y 588 millones de dólares de su PIB.

Pero a nivel legal, las miradas están ahora puestas en otro caso. El 7 de febrero de 2008 y bajo el mandato de George W. Bush, Gregorio Pérez Cruz y unos 130 compañeros fueron arrestados durante una redada en la fábrica de cartuchos de tinta Micro Solutions Enterprises, situada en la localidad californiana de Van Nuys.

Pérez buscó la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y del despacho de abogados de Noemí Ramírez para querellarse contra el gobierno, al que acusó de haber realizado arrestos “indiscriminados” y utilizado tácticas de interrogatorio “ilegales” sin la presencia de un abogado.

Y es que, según la demanda, los agentes federales solo contaban con una orden de búsqueda de archivos laborales y con otra orden para arrestar a ocho trabajadores y no a más de un centenar, entre los cuales se encontraba un elevado número de ciudadanos estadounidenses.

Tras una batalla que se dirimió en los tribunales durante una década, finalmente el 13 de junio de 2019, la sala novena del tribunal federal de apelaciones falló en favor de Pérez y frenó la deportación del trabajador latino.

Esta “decisión probablemente acabe invalidando la deportación de otros casos que hayan sido fruto de la redada a Micro Solutions. Y como ICE ha usado tácticas similares en redadas por todo el país, los efectos podrían sentirse en muchos otros casos”, asegura Ahilan Arulanantham, letrado de ACLU Socal.

Pero el pulso que mantienen la comunidad indocumentada, los tribunales y el gobierno de Trump no tiene atisbos de acabar en breve. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), que fue creado después de los ataques del 11-S, anunció el pasado 22 de julio la entrada en vigor inmediata de una normativa que acelera la deportación de los inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar su estancia continúa en el país durante los últimos dos años.

La polémica medida puede agravar aún más la situación de industrias que recurren a la contratación de trabajadores indocumentados para subsistir, una fuerza laboral que sigue en caída libre y que en 2016 había pasado de 8 a 7.8 millones, el descenso más marcado desde 2006.

“Los inmigrantes recogen nuestras frutas y vegetales, y las industrias agrícola y cárnica en Estados Unidos no podrían prosperar sin estos trabajadores”, sentencia J. P. Linstroth, profesor adjunto de Barry University y experto en sociología y antropología cultural.