Brasil es uno de los países con menor paridad de género en la esfera política mundial. Solo dos mujeres dirigen actualmente algún ministerio, en la cámara alta hay un 14,8 % de senadoras y en la baja un 15% de diputadas. A pesar de escuálidas, estas cifras muestran un récord de participación femenina gracias, en parte, al sistema de cuotas inaugurado en 1995 y tipificado como obligatorio en 2008 para que un tercio de las candidaturas sean mujeres. De forma complementaria, en 2018 se aprobó la medida que exige que un tercio de los recursos del fondo público electoral se destinen a las candidaturas femeninas.

No obstante, desde que se aprobó la ley de paridad de género muchos partidos han encontrado la fórmula no solo de contornarla con candidaturas ficticias, sino de desviar el dinero que sería destinado a las mujeres para engordar las cuentas de campañas de otros candidatos hombres. Lo que demuestra que la exigencia de cuotas podría haber dado frutos aún más expresivos de no haber sido ultrajada por los partidos que no cumplieron las cuotas y deberán responder a multas no definidas a priori, o por aquellos que presentaron candidaturas fantasma de mujeres fuese bajo negociación o sin su consentimiento. Esta práctica no solo defrauda los fondos públicos electorales, también viola el derecho a la representatividad de las mujeres.

Una vez el escándalo aireado, las respuestas han ido desde el silencio hasta propuestas de proyectos de ley para acabar con el sistema de cuotas de género o una amnistía para los partidos que no cumplan con las exigencias de inversión en promoción de políticas mujeres.

Candidaturas falsas para desviar dinero público

Las acusaciones de candidaturas falsas salieron a la luz en periódicos nacionales, como Folha de São Paulo, a principios de febrero y enturbiaron aún más, si cabe, la imagen de las últimas elecciones de octubre de 2018, uno de los comicios más tensos y polarizados de la historia democrática de Brasil. Se sucedieron testimonios de mujeres utilizadas para encabezar candidaturas fantasmas e, incluso, un estudio académico divulgado por la BBC News que revela las cifras del supuesto fraude. Un 35% de las candidaturas de mujeres recibieron menos de 320 votos de acuerdo con el trabajo de las politólogas Malú Gatto y Kristin Wyllie, que cruzaron los datos de fondos invertidos en la campaña electoral con el número de votos recibidos para estimar la amplitud de propuestas fraudulentas.

Esta práctica, que ya había sido empleada en pasadas elecciones, salpica a casi todos los partidos de forma generalizada aunque coloca al Partido Social Liberal (PSL) -la extrema derecha del actual presidente Jair Bolsonaro- en el ojo del huracán con la mayor cifra de supuestas candidaturas falsas. En proporción, se tratarían de 24 candidaturas sospechosas de mujeres por cada candidatura sospechosa de un hombre, según la investigación de Gatto y Wylie, quienes subrayan que esta es una generalizada inclusive en los partidos de izquierda. El Partido de los Trabajadores, que disputó la presidencia en la segunda vuelta de los comicios con el candidato Fernando Haddad frente a Bolsonaro, también cuenta con una tasa proporcional de 2,48 candidaturas de mujeres sospechosas por cada una de un hombre.

Las científicas consideraron como sospechosa toda candidatura que, a pesar de recibir una suma sustancial de dinero para la campaña, obtenía una cantidad de votos insignificante -menos del 1% de votos que el candidato menos votado por estado-. Uno de los casos que está siendo investigado por la Policía Federal es el de María Lourdes de Paixão, supuesta candidata a diputada por el PSL en el estado de Pernambuco, que recibió 400 mil reales (90.840 euros) -más dinero que el propio Bolsonaro- tres días antes de las elecciones para financiar una supuesta campaña que no le dio ni 300 votos. De Paixão declaró a la policía no acordarse bien los detalles.

El escándalo provocó ya en febrero la salida del gobierno de Gustavo Bebbiano, jefe de la campaña electoral de Bolsonaro que, tras su victoria, fue nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Este caso también mantiene en la cuerda floja a Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Turismo y antiguo dirigente del PSL en el estado de Minas Gerais, acusado de participar en la estrategia y de desviar dinero de candidatas para empresas de personas próximas a él. Mientras las investigaciones policiales del caso siguen su curso, Alê Silva, diputada por el PSL de Minas, denunció el 13 de abril haber recibido amenazas de muerte por parte de Antônio como resultado de sus declaraciones confirmando la existencia del fraude. El ministro niega todas las acusaciones.

“Nadie debería ser amenazado por cumplir sus funciones pero, lamentablemente, vivimos en Brasil una intensificación de la violencia política y eso afecta principalmente a las mujeres”, declara en entrevista Áurea Carolina de Freitas, diputada de la oposición de izquierdas por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). De Freitas, que se presentó a las últimas elecciones bajo la candidatura múltiple de mujeres MUITAS (MUCHAS, por su traducción al español), gobierna actualmente en un mandato colectivo llamado ‘Gabinetona’. Integrado por figuras políticas, activistas y sociedad civil, este proyecto pretende abrir paso en la política a la voz de mujeres, personas negras y personas trans. Ella, desde su lugar como diputada, exige mayor celeridad en las investigaciones sobre las candidaturas fantasma. “Las medidas a ser adoptadas serán una decisión de gobierno, -declara- pero, en mi opinión, este es un gobierno antidemocrático, machista (…) y que comporta acusaciones de esta gravedad frente a las que se mantienen en silencio total”.

Para De Freitas, este fraude es un claro reflejo de la violencia institucional. “El sistema partidario es, en muchas ocasiones, corrupto y permite que las candidaturas de las mujeres acaben teniendo lugar solo como candidaturas fantasma. Esto se debe a una generalización de la cultura patriarcal que, además, no se preocupa lo suficiente por el asunto de la representatividad”, explica esta diputada. Para ella, la solución pasa por el aumento de la participación de las mujeres en los puestos de poder de los partidos, así como en la asignación de los recursos financieros.

Un fraude enraizado en estructuras corruptas

El Fondo Especial de Financiación de Campaña (FEFC), también conocido como fondo electoral, fue aprobado en 2017 tras la prohibición de donaciones de empresas privadas. De esta forma, más de 1.700 millones de reales (386 millones de euros) provenientes de los cofres públicos se distribuyeron entre 35 partidos para las elecciones de octubre de 2018. Un 2% del total fue equitativamente distribuido y el restante fue asignado proporcionalmente a la representación de candidatos que ya ocupaban asientos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, beneficiando a los partidos que ya tenían una mayor representación política. Las únicas exigencias: que 30% de lo que recibía cada partido se destinase a financiar las candidaturas de mujeres -que deberían ser un tercio de total según la ley de cuotas- y que otro 5% se invirtiese en programas de incentivo de participación de mujeres en la política.

Muchos partidos no cumplieron con las reglas. Desde enero, cuando pasó a ejercer el nuevo gobierno de Bolsonaro, comenzó a tramitarse un proyecto de ley para reformar las exigencias partidarias, amnistiar a los partidos que no cumplieron con los programas de incentivo a las mujeres y permitir que las multas se salden con el dinero público obtenido del fondo electoral. El proyecto fue aprobado el 16 de abril por el Senado pero todavía debe volver a la cámara baja para revisar las últimas modificaciones antes de su entrada en vigor. Asimismo, tramitaba desde febrero otro proyecto de ley que proponía anular las cuotas mínimas para las mujeres, pero fue revocado y archivado este 24 de abril.

De acuerdo con un estudio reciente de DataSenado, 41% de las mujeres que se acaban retirando de la vida política lo hacen por falta de apoyo del propio partido, según subraya Flávia Bozza Martins, politóloga con especialización de post-doctorado en el sistema electoral brasileño por la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ). “Cuanto menor el número de candidatas elegidas mayor será la violencia política sobre las mujeres, un claro reflejo del sistema misógino que dificulta la entrada, permanencia y ascensión de las mujeres en la esfera política”, declara Bozza que subraya que la participación femenina es importante para que otras mujeres se convenzan de que ese espacio también les pertenece, así como para garantizar la producción de políticas públicas que atiendan a las necesidades de una parte mayoritaria de la población, las mujeres.

Esta especialista en comportamiento partidario destaca que la política de cuotas para la paridad de género no consigue aumentar de forma más consistente la representación femenina debido a la clara falta de voluntad política de los propios partidos. De acuerdo con los últimos datos de la organización suiza Inter-Parliamentary Union, Brasil es junto con Paraguay el país peor clasificado de toda América Latina, con una media de 15% de los cargos políticos ocupados por mujeres, la mitad de la media regional del continente americano (30,6%) y 10 puntos por debajo de la media mundial (24,3%).

De esta forma, este país casi continental donde el voto es obligatorio ocupa el lugar 134 de los 193 países analizados, con una representatividad de las mujeres en la política inferior a países como Jordania, Libia, Uzbekistan, Corea del Norte o Mongolia. Cuando cuestionada sobre cómo mejorar estas cifras, Bozza propone listas electorales cerradas que garanticen el protagonismo de las mujeres dentro del partido así como un sistema de cuotas que exija un número mínimo de cargos ocupados por mujeres. “El hecho de tener candidatas femeninas no asegura que ellas sean elegidas” -declara- menos aún si se utiliza fraudulentamente a las mujeres para desviar dinero a candidaturas masculinas. Además, Bozza critica con ahínco que la ley electoral no recoja de forma clara qué tipo de multas se aplicarían a los partidos que no cumplan con las exigencias de paridad de género.