La Casa Blanca acaba de exigir al resto de países que eviten comerciar con petróleo iraní, so pena de activar los mecanismos sancionadores de EEUU, porque obliga al régimen de Teherán a cortar todo su suministro de crudo. Cuota exportadora cero. Así llaman a una medida que, en el fondo, pretende debilitar al estado persa en la lucha hegemónica que mantiene contra Israel y Arabia Saudí en el convulso Oriente Próximo y que está detrás de la salida unilateral de Washington del tratado internacional para el control nuclear de Irán.

A pesar de que, desde la república islámica, se amenace con cortar el Estrecho de Ormuz, la principal vía global de suministro del oro negro. Las represalias financieras, económicas y comerciales contra Venezuela tampoco dejan una justificación clara. Voces de la Administración Trump, como la de su vicepresidente, Mike Pence, lo hacen aduciendo la nacionalización de empresas extranjeras que inició Hugo Chávez casi al comienzo de su primera victoria electoral. También incluyen en su lista de agravios otros datos económicos, como el galopante déficit fiscal por el constante manejo de las finanzas públicas del Gobierno de Maduro y, por supuesto, por el desabastecimiento de productos de primera necesidad a la sociedad civil -el gran motivo real de la fractura social del país-, que demandan la urgente prestación de ayuda humanitaria. 

Aunque como revela The New York Times, la caravana de alimentos de procedencia mayoritariamente estadounidense, fuera atacada y quemada por los correligionarios de Juan Guaidó. En un contexto en el que EEUU baraja la intervención militar y en el que comienzan a arreciar críticas internacionales a la gestión estadounidense. Como la de Josep Borrell, que otorgó a Guaidó el reconocimiento de España -y labró el del conjunto de Europa- como presidente encargado, pero al que no le gusta la “política de cowboy” de Trump.

La lista de tensiones geoestratégicas por las guerras comerciales y las políticas sancionadoras de Trump ha aumentado sin pausa en las últimas semanas. EEUU ha estrechado el cerco contra Cuba, en donde pretende instaurar de nuevo los preceptos más duros de la Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, aunque prácticamente sin efecto durante el segundo mandato de Barack Obama, en el que prácticamente desapareció el bloqueo estadounidense sobre la isla. España se apresta a iniciar un contencioso diplomático y jurídico -incluso con pretensión de acudir a los tribunales de arbitraje internacional-, contra Washington, para tratar de defender el negocio de sus empresas con intereses en Cuba.

La UE ha admitido que hará lo mismo; que no dejará que la Administración norteamericana confisque las propiedades en manos de firmas extranjeras que pertenecieron a estadounidenses o compañías del país antes del triunfo de la revolución cubana, en 1959. Naciones Unidas también se ha unido a esta reciente cruzada contra el poder sancionador de la Casa Blanca en el orden internacional. Ha hecho saber a Trump que su política viola derechos humanos fundamentales.

También desde el sector privado norteamericano le han leído la cartilla. No entienden el doble rasero a la hora de que se apliquen las multas económicas cuando se trata de Rusia o China. Países con los que EEUU se disputa la hegemonía global, que también son superpotencias nucleares, y hacia los que Trump aplica la doctrina del palo y la zanahoria. En función del grado de proximidad hacia sus líderes. En función de si logra ocultar aspectos del informe Mueller que supuestamente le incriminan por sus vínculos con Vladimir Putin. O de cómo avance el diálogo comercial con China para suprimir o elevar aún más los aranceles. Y no corren buenos tiempos para ello, según se encarga el presidente estadounidense de expresar en su poderoso tweet, en el que culpa del deterioro negociador a su homólogo chino, Xi Jinping.

Fuga de profesionales del Tesoro a firmas privadas

Bufetes de abogados, bancos de inversión de Wall Street y firmas internacionales ya han aireado críticas generalizadas por la forma de proceder del gabinete de Trump. Hasta el punto de que arremeten contra lo que denominan, sin tapujos, una agresiva política de sanciones económicas hacia países a los que Washington ha colgado el cartel de adversarios en el escenario geopolítica global, porque daña su proyección exterior, sus cotizaciones bursátiles y sus flujos de inversión y sus carteras de negocios.

De hecho, estas quejas reiteradas ya han dado lugar a un fenómeno colateral significativo: una notable lista de empleados de los departamentos federales a cargo de la imposición de estas sanciones ha pasado a ejercer en firmas del sector exterior de EEUU, que les han puesto sobre la mesa suculentos contratos ante su preocupación por conocer vías alternativas eficaces para saltarse las prohibiciones impuestas por Washington en los mercados sobre los que ha establecido sanciones. Las ofertas de cargos directivos dirigidas a adquirir los servicios de profesionales con experiencia en esta materia se han propagado por los principales despachos de head hunters del país.

Una pantalla en Wall Street. REUTERS/Brendan Mcdermid

La Administración Trump ha casi duplicado el número de personas físicas y de compañías que se encuentran bajo la supervisión sancionadora de EEUU. En países a los que considera adversarios en el orden geoestratégico, bien por razones políticas o por cuestiones económico-financieras. O por ambos motivos. En los últimos dos años, varias decenas de directivos del staff encargado de poner en marcha, evaluar y controlar las sanciones de la Casa Blanca, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) y el 10% de su plantilla, han dejado sus puestos de trabajo. Seducidos por los cantos de sirena salariales del sector privado.

Esta oficina sancionadora, dependiente del Tesoro americano y dirigida por Sigal Mandelker, ha intensificado su poder para congelar miles de millones de dólares en activos, para elaborar listas de individuos -empresarios o inversores particulares- o de compañías que, supuestamente, han participado en algún tipo de violación punitiva o atentado contra los intereses económicos de EEUU. Especialmente, en mercados como Venezuela o Turquía en los últimos meses.

Las firmas legales, los bancos y las multinacionales han hecho saber que ni el tiempo de las sanciones -que se han extendido en muchos casos sine die-, ni la sofisticación de las exigencias regulatorias que evitan una multa están contribuyendo a la estabilidad inversora y bursátil de las empresas con vocación internacional. Es parte -dicen- de la volatilidad de las plazas financieras mundiales. Más en concreto, focalizan sus críticas contra Mandelker, de 47 años, subsecretaria del Tesoro y gran responsable de las Unidad de Inteligencia Terrorista y Financiera (TFI), adscrita al departamento de Steven Mnuchin, a la que tildan de desorganizado, indeciso y muy temperamental y de tener frecuentes encontronazos con su número dos, Marshall Billingslea, menos partidaria de ampliar las multas a discreción. La actitud de Mandelker daña la reputación y la imagen en el exterior de las empresas estadounidenses, aducen fuentes próximas a este lobby crítico.

De hecho, Mandelker ha tenido que comparecer hace unas semanas al Congreso. En concreto, a una audiencia en la Cámara de Representantes. De forma más específica, a una comisión en la que tuvo que dar testimonio de su trabajo. En ella, dijo que había tenido la supervisión constante de sus jefes en la TFI y que su carrera profesional le había obligado en numerosas ocasiones a desplazarse a escenarios internacionales donde se requería tomar decisiones por “la seguridad de América”. Y aseguró que la OFAC era “el latido de las sanciones económicas de EEUU”. Otras voces que rechazan la política sancionadora de la Administración Trump apuntan, sin embargo, al propio Mnuchin como artífice del incremento de casos de congelación de activos, de la rapidez en la aprobación de estos mecanismos punitivos y de su rigor en materia de supervisión.

Explicaciones en el Congreso americano

Mnuchin, por su parte, dijo comprender la propensión del sector privado a la contratación de los empleados federales de la OFAC. “Dado el impacto que la estrategia sancionadora de EEUU está teniendo sobre sus actividades empresariales, entiendo que quieran hacerse con servicios de expertos para alcanzar modalidades de entendimiento” en los mercados conflictivos. Entre otras cuestiones, porque resulta difícil cuantificar los riesgos colaterales de estas prohibiciones sobre los negocios.

El multimillonario ruso Oleg Deripaska, multado por la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 reclama a la Justicia de EEUU 7.500 millones de dólares de indemnización por las multas que le fueron impuestas y que ahora, con el informe del fiscal Robert Mueller, que exonera de conspiración con Rusia al presidente Trump, podrían tener recorrido legal en los juzgados.

La OFAC nunca ha perdido casos de este tipo, pero si lo hace “se enfrentaría a nuevas acciones futuras casi con total seguridad y encontraría obstáculos políticos y legales para que, en lo sucesivo, siga imponiendo sanciones a economías exteriores y a empresas y particulares que operan en ellas”, explica Erich Ferrari, dueño de uno de los bufetes que han manifestado sus quejas en Washington. “Las multas siempre son duras y precisan de un periodo de tiempo prudencial para que este instrumento sea efectivo y para que el sector privado que actúen en determinados mercados que pasan a engrosar estas listas negras de la Casa Blanca puedan poner en marcha sus entramados jurídicos con un pleno conocimiento de lo que desea realmente el Tesoro porque, de otra forma, pueden incurrir, sin conocerlo, en algún tipo de sanción”, enfatiza Ferrari.

La OFAC ha sancionado recientemente a bancos como BNP Paribas, que ha tenido que sufragar una multa de 9.000 millones de dólares, o a una compañía de cosmética que usaba material de Corea del Norte en la elaboración de sus pestañas postizas. O, de forma individual, a Sarah Runge una directiva de estrategia regulatoria de Credit Suisse, Jennifer Fowler, que trabajó durante 17 años en Brunswick Group, o a Heather Epstein, de Barclays, por prácticas atentatorias contra las normas sancionadoras de EEUU en el exterior. En una línea de paulatino crecimiento de multas por parte del Tesoro americano.

En cuanto a países, Irán y Corea del Norte han experimentado las últimas novedades en esta estrategia sancionadora de la Administración Trump. Respecto a Teherán, el plan de EEUU pasa por presionar con multas económicas hasta que el régimen de los ayatolás acepte renegociar un nuevo acuerdo nuclear, tras la decisión de Washington de abandonar de manera unilateral el tratado pactado en 2015.

Entretanto, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 14 entidades y 17 individuos vinculados a la Organización para la Innovación e Investigación en Defensa iraní (SPND, por sus siglas en inglés) que, según denuncia de la Administración Trump, trabajan en un programa de armas de destrucción masiva. “Cualquiera que considere negociar con la industria de defensa iraní en general, y con SPND en particular, corre el riesgo de ser aislado profesional, personal y financieramente”, alertó Mnuchin. Las sanciones consisten en congelar cualquier activo que posean los afectados en EEUU y en la prohibición a los estadounidenses de realizar transacciones con quienes “han contribuido, apoyado o están vinculados a actividades sensibles en la proliferación nuclear de Irán”. Además de alertar que “otros individuos iraníes que trabajan para el programa nuclear corren el riesgo de ser sancionados”.

De igual manera, ha impuesto sanciones contra dos compañías navieras chinas que el Tesoro alega que ayudaron a sortear las sanciones a Corea del Norte. La OFAC tiene 67 embarcaciones identificadas por transferencias ilícitas con el régimen de Pyongyang. Aunque sólo horas más tarde, Trump, en un tweet, decidió levantar las multas, sólo dos semanas después de reunirse con Kim Jong un en Vietnam. Días más tarde lo hizo el Tesoro con las navieras chinas. Nadie sabe hasta el momento, y a ciencia cierta, cuál de los dos criterios prevalece. Si el del presidente o el del secretario del Tesoro. Pero el sector exterior americano ve en este ejemplo otro botón de muestra de la incierta actuación de la diplomacia económica en materia sancionadora.