BARCELONA.- Kalir Barak, profesor en la Universidad de Amsterdam, investiga sobre el régimen de las deportaciones en España, Grecia, Holanda, Ecuador e Israel. Cuando los Estados–nación están debilitados por la economía neoliberal transnacional, la fantasía de la soberanía de los Estados se mantiene mediante un régimen de deportación de los extranjeros.

A pesar de los últimos acontecimientos, los estados de la Unión Europea no logran alcanzar un acuerdo sobre la llegada de refugiados a sus territorios. ¿Cree que se va a producir algún cambio en las políticas de asilo de la UE?

La pregunta más importante no es si va a cambiar algo en las políticas de asilo de la UE. Para empezar, Europa no tiene una política de asilo, porque los estados de la UE, a pesar de las negociaciones, no han podido hasta hoy día llegar a un acuerdo. El único acuerdo que lograron firmar en la UE es el famoso Dublín II, que obliga a los refugiados que llegan a Europa a solicitar el asilo en el primer país europeo que pisan. Las puertas de Europa están en el sur, en las fronteras con África y Asia. La mayoría de los refugiados llega a Grecia, Italia, Malta y España. No llegan a Holanda, Bélgica o Escandinavia. Con el acuerdo de Dublín II, son los países del sur de Europa, que se encuentran en una situación económica bastante complicada, los que tienen que atender a los refugiados en Europa. Todos los intentos de negociar la distribución de estas personas entre todos los países de la UE han fracasado. Los 28 Estados miembros hablan ahora de recibir 20.000 refugiados de Siria, y no son capaces de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, en Turquía viven alrededor de un millón de refugiados. ¿Es esta una política de asilo?

¿Qué te ha llevado a comparar las políticas de expulsión de España, Grecia, Holanda, Ecuador e Israel? ¿Por qué estos países?

El proyecto trata de dirimir si se puede hablar de un régimen de deportaciones a nivel mundial o si existen diferentes modelos de actuación en cada Estado a la hora de abordar los procesos migratorios. Elegí Israel porque es un país con una política migratoria étnica y religiosa muy restrictiva; un país paralizado por el miedo, un país todavía colonizador.

"A un europeo le cuesta aceptar que en Ecuador haya una política de migración más progresista que en Holanda, Reino Unido o España"

Por otro lado, Ecuador, tiene un régimen de deportaciones casi inexistente en comparación con los países de la UE o Estados Unidos. Lo tomé como ejemplo para demostrar eso. Europa se vanagloria de ser la cuna de los derechos humanos y de tener la política más progresista. Pero si prestas atención a los discursos políticos y a la práctica, te das cuenta de que tiene uno de los peores regímenes de expulsión del mundo, en comparación con Ecuador e incluso con otros países no signatarios de los Convenios de Ginebra, como Indonesia. A un europeo le cuesta aceptar que en Ecuador haya una política de migración más progresista que en Holanda, Reino Unido o España.
Precisamente en Ecuador acaban de implementar una normativa para convertir la migración en un derecho. No existen personas “ilegales”.

Su Constitución de 2008 ya eliminaba la figura de “persona ilegal”, y el país está totalmente abierto, casi no hay visado. La idea es que todo el mundo puede venir a Ecuador. En la práctica, sin embargo, hay un código legal más regresivo que la Constitución. Por eso Correa trata de cambiarlo. Si no hay personas ilegales, no debería haber deportaciones, y sí que las hay, aunque sea una política progresista en comparación con la de la UE.

Y en Europa, ¿cuál es la situación?

Depende de cada país, aunque por regla general, siempre existe una falta de correspondencia entre la ley y la práctica. Hay países con políticas muy regresivas, como Grecia, donde hay muy pocas deportaciones porque el Estado no tiene la capacidad de registrar la población extranjera y no hay dinero para deportar a la gente. Y en cambio España, con una política de deportaciones moderada frente al resto de países de la UE, es el Estado europeo que deporta a más gente. Entre 2010 y 2014 ha deportado a 26.291 personas.

¿Y por qué se llevan a cabo deportaciones en Europa?

Yo diría que el objetivo es más bien simbólico. Cuando calculamos el dinero que invierte el Estado en cada deportación, obtenemos miles de euros. Si sumamos toda la infraestructura, los policías y sus sueldos, el CIE, los juzgados, los abogados, médicos, trabajadores sociales, los vuelos, etcétera, sumamos probablemente más de 10.000 euros por persona deportada. Arreglar los documentos de las personas sin papeles no valdría 10.000 euros por persona. Además, hablamos de Europa, donde la población nativa envejece cada año y la tasa de natalidad es muy baja.

"España, con una política de deportaciones moderada frente al resto de países de la UE, es el Estado europeo que deporta a más gente. Entre 2010 y 2014 deportó a 26.291 personas"

¿Quién cuida hoy en día a los ancianos europeos? ¿Quién lava los platos en los restaurantes? Filipinos, indios, latinoamericanos, personas de países de África. Expulsar a gente que vive y trabaja en Europa, a veces durante muchos años, que tiene hijos nacidos en Europa, es algo que no se puede explicar por una razón económica, social o incluso legal. Que el Estado invierta todo ese dinero en deportar a una persona tiene un objetivo más simbólico que práctico, ya que además la persona puede volver. Las deportaciones de migrantes pretenden mantener la fantasía de un Estado-nación todavía soberano.

Pero en la UE también existe una parte de la sociedad civil que se opone a este régimen de deportaciones...

Soy muy crítico con la sociedad civil cuando hablamos de régimen de deportaciones. No veo una división tan clara, no creo que existan por un lado los malos que quieren expulsar a los migrantes y del otro lado los buenos que quieran proteger o salvar a los migrantes indocumentados. La sociedad civil y el Estado constituyen un espectro que colaboran en una política hegemónica que diferencia a los nativos de los que no lo son. Muchas veces una ONG es la que indirectamente facilita el trabajo de deportación al Estado. En España, igual que en Holanda, igual que en todos los países de la UE, si una persona no puede ser deportada, después de salir del CIE se le manda a la calle, sin nada, solo con la ropa que lleva encima. ¿Por qué hacen eso sin preocuparse por esta persona? Porque llaman a una ONG a la que dicen “¡venga, a recoger a cinco personas que mañana salen del CIE!”. Y estas personas reciben algo de comida, un lugar donde vivir unos tres o seis meses, y nada más. ¿Luego qué pasa con sus vidas?

"Si sumamos toda la infraestructura, los policías y sus sueldos, el CIE, los juzgados, los abogados, médicos, trabajadores sociales y los vuelos sumamos más de 10.000 euros por deportado. Arreglar los documentos de las personas sin papeles no valdría eso"

El hecho de que los Estados puedan tener estas políticas tan regresivas es porque la sociedad civil le echa una mano. Por un lado uno puede pensar: “Qué bueno que existan estas ONG”; pero por otro lado, a través de ellas se legitiman estas políticas regresivas del Estado, porque muchas de estas ONG no tienen una actitud militante, que combata estas políticas y luche por otra política.

Otro ejemplo son los pisos de acogida para los solicitantes de asilo. Durante el proceso de tramitación, el Estado está obligado a darles un lugar donde quedarse durante seis meses. El Estado ofrece un presupuesto a las ONG para gestionar estos pisos. El año pasado se redujo el presupuesto y aumentó el número de solicitantes de asilo. Muchos de los demandantes de asilo viven donde pueden, incluso en la calle. La sociedad civil debería coger a las decenas de personas que duermen con toda la familia en un parque y acercarse a las oficinas de inmigración para preguntar a los responsables: ¿dónde quieres que duerman esta noche? Y no se trataría de pedir un favor para esta gente, se trataría de cumplir con la ley de solicitud de asilo.

"Expulsar a gente que vive y trabaja en Europa desde hace muchos años, que incluso tiene hijos nacidos aquí,
es algo que no se puede explicar por una razón económica, social o
incluso legal"

Es responsabilidad del Estado cumplir con los requisitos de esta ley, es su ley. Y eso muchas veces no pasa. Claro que hay mucha gente de la sociedad civil que critica la situación, pero también lo hacen muchos agentes del Estado: el sistema tal y como está montado no funciona. Los dos grupos trabajan para el sistema y a la vez lo critican.

Consideras el retorno voluntario como una deportación en versión soft…

Los programas de retorno voluntario son gestionados por las ONG y se basan en dos conceptos: “voluntario” y “hogar”. Si echas un vistazo a los folletos de algunas ONG, con fotos de la laguna de Río, puedes pensar que estás mirando un folleto de agencias de viaje. Por un lado, el texto habla de tu “voluntad” de regresar y, por otro lado, de que vuelves a tu “hogar”. Que sea tu voluntad se refiere a que tú entras por la puerta de esta ONG para solicitar el retorno, olvidando completamente todo lo que te ha obligado a tomar la decisión de regresar. Una persona que lleva viviendo en España quince años y tiene hijos escolarizados aquí puede ser devuelta a su “hogar” si se queda sin papeles solo por el hecho de no ser nativa. En este “retorno voluntario” no se menciona toda la estructura que le hace la vida imposible a la persona migrada por el hecho de perder los papeles por no tener contrato: pasa de ser “legal” a ser deportable. También se habla de “tu país”, “tu hogar”. Para muchos migrantes lo que se llama “hogar” en este folleto es el lugar del cual huyeron y donde no quieren regresar.

Entonces, mediante las deportaciones, ¿los Estados europeos, con una soberanía debilitada, quieren mostrar a sus ciudadanos que todavía funcionan como unos Estados-nación?

En primer lugar, hay que destacar que el número de personas que entra en Europa a través de las vallas de Ceuta y Melilla, o del río Evros en Grecia, es muy reducido. Hablamos de un 3 %. La inversión en vallas, drones y cuerpos de policía, así como la inversión europea en FRONTEX para impedir la entrada de las personas, tiene un valor simbólico. Es una inversión que quiere dar un mensaje a la gente de dentro, a los ciudadanos de la UE. A fecha de hoy, la soberanía del Estado-nación se va diluyendo. En los Estados de Europa el bienestar está hecho migas, el desempleo es el más alto en décadas, y la situación de los nativos va empeorando. Si el Estado no puede dar una solución a esa situación, pierde su soberanía ante los ojos de sus ciudadanos. ¿Cómo la puede recuperar? Ofreciendo a la población nativa la idea de que lo suyo todavía no está tan mal. ¿Y cómo hace eso? Si fastidia la vida de las personas que no forman parte de él, crea la impresión de que sus ciudadanos todavía disfrutan de una buena vida, y sabemos que no es así. La manera de recuperar su soberanía es mediante estos actos simbólicos que pretenden mostrar a los ciudadanos que el Estado todavía está por ellos. La militarización de las fronteras, las vallas… todo este aparato es una muestra de poder estatal, de control de un territorio, y a la vez representa el mensaje que el Estado dirige a su población.

"Si el Estado fastidia la vida de las personas que no forman parte de él, crea la impresión de que sus ciudadanos todavía disfrutan de una buena vida, y sabemos que no es así"

Todo lo que explico funciona a nivel simbólico, pero es muy importante hablar de las cosas simbólicas. La política se basa muchísimo en este nivel simbólico. La gente está dispuesta a morir por una bandera. ¿Y qué es una bandera? Es algo simbólico.


¿Tan inmersos estamos en el discurso hegemónico?

Hace pocos años que existen los Estados de la UE y es como si siempre hubieran existido. Igual pasó con la URSS, todo era desde siempre y para siempre hasta que un día dejó de existir. Lo que llama la atención en el mundo occidental es la falta de imaginación política. Estamos tan sujetos a una visión del mundo relacionada con el territorio nacional… Pero no olvides que el pasaporte, como símbolo del control territorial, es una idea y una práctica que ni siquiera tiene unos cien años. El mundo antes era otro, no existía el concepto tan hermético de territorio nacional. Hoy en día ni siquiera puede imaginarse un mundo que no sea así, ni un sistema político alternativo. Es uno de los logros del sistema capitalista y del Estado-nación: una sociedad donde la imaginación política está anulada. Por eso la inversión destinada a las deportaciones no tiene fin, porque si el Estado pierde esta lucha simbólica, pierde el poder ante sus ciudadanos. A mis alumnos les muestro imágenes de las torturas que se infligían en los siglos XVI y XVII para extraer “la piedra de la locura”, un método muy extendido que pretendía sanar a los locos. Ahora lo vemos como una barbaridad. Del mismo modo, ¿cómo se verá en el futuro lo que hacemos ahora con los refugiados y con los migrantes?