Existió "abuso de poder y acoso" por parte de cargos superiores en la jerarquía del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra (Portugal). Así lo infiere el informe publicado el pasado 29 de febrero por la Comisión Independiente que ha investigado durante casi un año a la institución, después de que varias mujeres acusaran de acoso sexual al sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que la dirigió entre 1978 y 2019, en marzo de 2023.

La mujeres que declararon haber sufrido estos abusos, sin embargo, lamentan que ni De Sousa Santos ni su asistente, también señalado, aparezcan con nombre y apellido referidos en la investigación. Aunque entre las denunciantes "hay una sensación de satisfacción" por el reconocimiento, "claramente sienten que es solo el primer paso y que las conclusiones son insuficientes".

Una de las carencias en las que más inciden es que no se pide disculpas a las personas no académicas que han tenido que soportar dicha violencia. Esto es lo que transmite a Público Melisa García, miembro de la Asociación de Abogadas Feministas y abogada de Moira Millán –reconocida activista indígena y una de las víctimas–. 

Como mujer indígena, Millán asegura que ha sentido esa omisión hacia personas como ella, fuera del academicismo blanco, como una actitud racista "muy grande".

La Comisión Independiente se creó tras la publicación del libro Mala conducta sexual en la academia: sobre una ética del cuidado en la universidad, donde tres antiguas investigadoras del CES, Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya, dedicaron un capítulo entero a contar los abusos que habían tenido que soportar por parte de "el profesor estrella" cuando trabajaban allí, entre 2011 y 2019. Tras conocer estas denuncias, Público suspendió la colaboración que mantenía con De Sousa Santos como columnista de opinión. 

Ocurrió que, paradójicamente, las alumnas del sociólogo, referente en los estudios de la teoría decolonial, la anarquía epistemológica y las narrativas sur global, aplicaron su lógica en su contra. No en vano, De Sousa Santos fue acusado de "incesto académico", "extractivismo sexual" y "extractivismo intelectual". O lo que es lo mismo, aparte del abuso sexual, fue acusado de copiar, aprovecharse y no respetar la capacidad y las creaciones de sus compañeras. 

Entonces, más de 250 académicos y personas del mundo de la cultura compartieron un manifiesto en el que se solidarizaron con las denunciantes y con todas quienes hubieran sufrido estos abusos: "Los casos denunciados son solo la punta del iceberg. El consentimiento íntimo a menudo se ve comprometido por las relaciones de poder y la dependencia académica", versaba el texto. 

El sociólogo portugués reaccionó en primera instancia acusando a las mujeres que le denunciaron de "difamarle". Un par de semanas después, en cambio, rebajó el tono y reconoció que, efectivamente, había tenido actitudes "inapropiadas" hacia las mujeres, pero negó las acusaciones de acoso sexual. "Pertenezco a una generación en la que el comportamiento inapropiado, si no sexista, ya sea a través de la convivencia o del lenguaje, era aceptado por la sociedad", arguyó.

A las tres denunciantes iniciales, se fueron sumando otras, muchas de las cuales vivieron en silencio durante años, a falta de fuerzas para contar su verdad. En abril de 2023 ya eran ocho y la Comisión Independiente ha llegado a reunir testimonios de 32 personas, de la cuales el 78% son mujeres, donde casi la mitad se identificó como víctima y el resto como testigos. La mayoría, estudiantes e investigadoras recién salidas del doctorado. Las descripciones más habituales hablaban de situaciones de acoso moral (28%), acoso o abuso sexual (27%) y abuso de poder (27%). 

Las denunciantes apuntan que se vulneraba sistemáticamente la frontera entre vida privada y vida profesional, que hubo situaciones con contacto corporal no autorizado y que los presuntos abusadores llegaban incluso a proponer relaciones íntimas a cambio de beneficios académicos. El informe recoge también el testimonio de mujeres que hablan de que se les incitaba al consumo de alcohol con la intención de obtener un contacto sexual, entre otras situaciones. 

Tras leer el informe, De Sousa Santos afirmó sentirse "más tranquilo que hace un año (...) Pero esperaba que se produjera una aclaración que pusiera fin al clima de sospecha, algo que no ha sucedido y que la junta directiva del CES ha optado, de momento, por no garantizar". En la misma línea, el sociólogo añadió que "como fundador del CES, hoy estoy más preocupado. En estos meses, una Comisión Independiente ha analizado 48 años de actividad de la institución (...) El informe se centra en cuestiones como el abuso de poder, que no comparto", concluyó.

Las víctimas se acuerpan para brindarse apoyo

Tras conocer las conclusiones de la comisión, todas las denunciantes se han reunido por Zoom para organizarse y emprender medidas coordinadas. De momento, la abogada Melisa García ha confirmado a este diario que Moira Millán demandará penalmente al profesor ante la justicia portuguesa. 

La conocida activista mapuche relató su historia el año pasado. Millán fue convocada por el académico "para brindar una serie de charlas para contar su experiencia como activista, para contar las vivencias, la lucha que vienen llevando adelante desde hace años", relata García.

"Ella fue engañada y le ha dejado en una condición de extrema vulnerabilidad. Con la escusa de agasajarla por la invitación, intentó avanzar sobre ella, sobre su cuerpo, cometiendo esos hechos de acoso sexual y abusos sobre su persona", señala la abogada. De hecho, si no fuera porque es una "mujer fuerte", igual "no hubiera podido salir de aquel apartamento donde habían quedado para cenar, en una cena que terminó, no siendo familiar, sino con él a solas", remarca.

Una actitud que, insisten las denunciantes, "no ha sido solo con Moira"; la realidad es que hay "muchas mujeres del ámbito académico y mapuches que han sufrido a manos de este hombre toda clase de acosos". Conscientes de ello, ahora han decidido "juntarse y alzar la voz para pedir justicia". En los próximos días emitirán un comunicado conjunto donde explicarán cuáles serán sus siguientes pasos, han informado a Público.

"Independientemente de los plazos de prescripción de delitos penales, seguiremos; porque es una forma también de acabar con los plazos de la justicia patriarcal", ha expresado la defensora de Millán.