Desde que el pasado mes de marzo el Gobierno de Donald Trump declarara la emergencia nacional por la pandemia, el mandatario estadounidense ha aprovechado la emergencia sanitaria para implementar una batería de medidas dirigidas a acelerar y consolidar su agenda antimigratoria, la cual comenzó durante su campaña presidencial calificando a los mexicanos de "criminales" y "violadores", y que se ha ido endureciendo a lo largo de su mandato hasta alcanzar ahora su punto más álgido.

"La pandemia le ha venido como anillo al dedo a la administración para continuar recrudeciendo y apretando las tuercas a los migrantes con medidas draconianas", afirma Gonzalo Santos, catedrático de sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield.

A finales de marzo, Trump procedió al cierre de las fronteras con México y Canadá frenando el paso a turistas y viajeros recreativos –una medida que posteriormente ampliaría a otros países–. Pero además, en plena pandemia, ha continuado el arresto y la deportación de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, negándoles el derecho a solicitar asilo, que está garantizado tanto por las leyes estadounidenses como internacionales.

"Usando una ley de emergencia de salud pública de 1944, Trump no está dejando a los refugiados meter una solicitud de asilo, ni a los que tratan de entrar legalmente ni a los que entran ilegalmente", explica Santos. "Hay unos 80.000 solicitantes de asilo estancados en el lado mexicano".

Esta versión coincide con las observaciones de Denise Bell, una investigadora de Amnistía Internacional en EEUU, que se dedica a evaluar las medidas y condiciones migratorias que afectan a los refugiados y a los migrantes en el país anglosajón.

En entrevista con Público, la experta relató que las órdenes ejecutivas y las medidas adoptadas por Trump para negarle el asilo a los refugiados y a los niños migrantes no acompañados suponen una violación de la legislación actual, y que se están usando como "pretexto" para obtener un fin político y "finiquitar el actual sistema de refugiados de EEUU".

"El objetivo es acabar con la inmigración autorizada y no autorizada. Y lo sabemos porque los expertos en salud pública han dicho que las medidas del gobierno no son necesarias para contener la pandemia", afirma Bell. "¿De qué manera se está evitando la transmisión del virus si continúas las deportaciones? Es ilógico".

Los activistas también aseguran que el mandatario republicano está usando la crisis sanitaria para "aterrorizar" y "chantajear" a las familias de migrantes indocumentados que acaban en centros de detención de EEUU. Según Santos, el gobierno estadounidense está violando el Acuerdo Flores, que fue firmado entre grupos de activistas y el Gobierno de Clinton en 1997, y que estipula que los menores de edad indocumentados no pueden permanecer en un centro de detención más de veinte días.

"Cuando arrestan ahora a las familias, los padres pueden soltar al niño con un sponsor o pariente, pero los padres tienen que firmar su deportación. Si no hay sponsor o no firman la deportación, todos quedan detenidos indefinidamente para proteger a los americanos de la pandemia", denuncia Santos. "El Gobierno está usando a los niños como rehenes para que los padres accedan a la deportación", prosigue.

Cuenta Bell que Amnistía Internacional ha tenido acceso a documentos presentados por las autoridades migratorias (ICE) ante instancias judiciales y que la línea argumentativa de ICE para justificar la detención indefinida es que "los padres no quieren la separación familiar".

Polémicas medidas

En las últimas semanas, a estas polémicas medidas se han ido sumando otras, como la suspensión temporal de las vistas judiciales para migrantes que no se encuentran detenidos, la exclusión de ayudas de estímulo a los sin papeles que pagan impuestos, o las restricciones en la emisión de algunos visados para trabajadores extranjeros. Para Trump se trata de proteger a la fuerza laboral estadounidense ante la destrucción de empleo y una tasa de paro que alcanzó el 14,7% el pasado mes de abril. Sin embargo, los activistas discrepan.

"En plena pandemia, ha habido muchas decisiones antiinmigrantes y racistas, pero si sólo nos enfocamos en el aspecto migratorio, se han suspendido las visas temporales H-1B para trabajadores cualificados, que pueden incluir a los trabajadores esenciales", explica a Público el letrado Alan Diamante. "También están denegando las solicitudes para obtener la tarjeta de residencia por errores que comete la misma administración".

Según el abogado de extranjería, sus clientes se están viendo obligados a desembolsar miles de dólares para financiar el proceso de apelación y las mociones que les permitan rebatir los argumentos del Gobierno. Todo ello, sin garantías de que vayan a recibir la residencia permanente o cuándo podría ocurrir. "Están creando un nuevo sistema que dificulta la obtención de cualquier visa", advierte Diamante.

Más restricciones

Justo a principios de esta semana, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las restricciones para más de medio millón de migrantes que, o bien aspiran a obtener la residencia permanente, o a recibir una visa de trabajo. El mandato congela hasta finales de año la emisión de tarjetas de residencia y restringe la obtención de visados H-1B (para trabajadores especializados), H-4 (para cónyuges), la H-2B (para trabajadores no agrícolas temporales), la mayoría de las J-1 (para visitantes de intercambio) y la L-1 (que permite transferir ejecutivos de una compañía a la sucursal en EEUU).

El anuncio ha desatado una oleada de críticas entre los empresarios y sectores laborales que se nutren de mano de obra extranjera para realizar sus actividades. También entre los grupos de activistas, quienes advierten, no obstante, que la política antimigratoria de Trump es un eslabón más en una larga saga que comenzó en los años 90.

"Lo que pasa es que hay amnesia histórica. El gobierno de Obama no era proinmigrante, pero como abogaba por los derechos humanos, mucha gente lo confunde", asegura Bell. "Obama deportó a muchísimos migrantes y reavivó las detenciones familiares".

Para Santos, no hay duda de que se debe hacer una revisión histórica objetiva para entender que la xenofobia, la supremacía blanca, el espíritu antiinmigrante y el racismo llevan décadas gestándose en EEUU.

"Lo que ha hecho Trump es continuar lo que estaba haciendo Obama y las administraciones anteriores. Desde Clinton para acá, republicanos y demócratas han impulsado el proceso antimigratorio", afirma el sociólogo. "Los republicanos son el diablo, pero los demócratas han estado traicionando a los migrantes durante muchos años".